Colombia, firmante del Acuerdo de París 2015, debería asumir la discusión del impuesto a las carnes, los lácteos y los huevos, con el mayor rigor científico y económico, en vez de descartarla por considerarla una medida impopular o alegando afectaciones sin sustento.

Grave la carne

La larga sombra del ganado (2009) y Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería (2013), informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se han convertido en dos de los referentes científicos sobre los devastadores efectos ambientales de la ganadería, incluyendo las industrias láctea y del huevo.

Ambos identifican este sector como el principal emisor de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático (18% del total de origen antrópico), entre otros males como la producción de gases con mayor potencial de calentamiento de la atmósfera (metano 37%, óxido nitroso 65% y amonio 65%, responsable de la acidificación de los ecosistemas), la deforestación (30% de la superficie terrestre del planeta), el agotamiento y la contaminación del agua (37% del total de plaguicidas, 50% del total de antibióticos), y la pérdida de la biodiversidad (30% de la superficie terrestre que ocupan los animales explotados por la ganadería estuvo habitada por fauna silvestre). Por lo tanto, intensifican el llamado urgente a los gobiernos de todo el mundo para implementar estrategias de mitigación de las emisiones provenientes de esta actividad.

Una de ellas, que hace parte de la baraja de mecanismos económicos, es gravar las emisiones resultantes de la agricultura o cobrar un impuesto a las carnes, los lácteos y los huevos. Según el primer análisis global de los impuestos a la carne, realizado por la Universidad de Oxford en 2016, gravámenes del 40% a la carne de vaca, el 20% a los productos lácteos, el 8.5% a la carne de pollo, el 7% a la carne de cerdo y el 5% a los huevos, contribuirían a reducir aproximadamente mil millones de toneladas de GEI anuales (lo mismo que produce la industria de la aviación) gracias a una disminución promedio del 13% en el consumo de estos productos.

Quienes defienden esta idea, le adicionan a los beneficios de la medida tres razones poderosas: el descenso de enfermedades producidas o agravadas por el consumo de grasas y proteínas de origen animal (cáncer, diabetes, trastornos cardiacos, obesidad), la reducción de la desigualdad en la distribución de alimentos (35% de los cereales y 80% de la soja se destinan a animales para producción de carnes, leche y huevos, mientras 800 millones de personas en el mundo sufren de desnutrición), y la disminución del número de vidas de animales sacrificadas cada año (150 billones) mediante sistemas sumamente crueles.

Por lo tanto, la lógica de gravar con impuestos las carnes y demás debería ser la misma que ha cobijado las medidas tributarias sobre otros productos dañinos como el tabaco y los productos azucarados: una vez se demuestra su impacto negativo sobre asuntos de interés público –en este caso la salud y los costos en salud– los gobiernos han procedido a desincentivar (y castigar) su consumo.

Colombia, firmante del Acuerdo de París 2015, cuyo primer punto es reducir las emisiones en el menor tiempo posible para alcanzar el objetivo de la temperatura (mantener el calentamiento por debajo de los 2°C), debería asumir la discusión con el mayor rigor científico y económico, en vez de descartarla por considerarla una medida impopular o alegando afectaciones sin sustento. Un reto para el próximo Gobierno que nos beneficiaría a todos los colombianos, aunque perjudicara los intereses económicos de ganaderos como Lafaurie.

¿Qué tal empezar por brindarle a los consumidores información veraz acerca de cómo se producen la carne, la leche y los huevos y cuáles son sus costos para el ambiente y la salud?

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