La Justicia de la UE anula el veto al comercio con focas

Tras años de contienda en la UE sobre el veto al comercio de productos derivados de la foca, este viernes iba a ser un día grande para los defensores de estos animales. Era la fecha de entrada en vigor de la prohibición de comercializar y transportar estos productos en Europa, que incluyen abrigos, grasas o el aceite Omega-3.

Sin embargo, un volantazo del Tribunal de la UE dejó en vilo el veto, pocas horas antes de su entrada en vigor. En concreto, la Justicia comunitaria eximió temporalmente de la prohibición a 15 entidades que habían recurrido la norma ante los tribunales.

Esto supone, según Adrian Hiel, portavoz del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), que "en términos prácticos, la norma no va a aplicarse ahora". Entre los eximidos se encuentran tres organizaciones canadienses y noruegas que agrupan a una "muy amplia mayoría" de esta industria, asegura Hiel.

A finales de septiembre, la Justicia europea deberá decidir si mantiene la suspensión mientras resuelve sobre la legalidad de la prohibición. Algo que "no se producirá antes del año que viene", recordaron fuentes de la Comisión Europea, atónita ante la suspensión in extremis del veto, que en su opinión "respeta las obligaciones internacionales de la UE y responde a las preocupaciones de sus ciudadanos".

A pesar del tropezón, Hiel se mostró optimista ante el futuro de la norma: "Estoy seguro de que finalmente [la Justicia] ratificará la prohibición y sólo será un retraso en su aplicación". Además, afirmó que la "industria de las focas se va muriendo cada día por falta de demanda, con o sin la prohibición de la UE".

El Gobierno de Canadá recibió con satisfacción la decisión judicial. Su primer ministro, Stephen Harper, había asegurado que recurriría hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC) porque el veto de la UE, que se alinea con "radicales", supone una "flagrante discriminación" para los pescadores de su país. También Mary Simon, presidenta de la agrupación de esquimales de Canadá, aprovechó la suspensión para exigir a la UE que "retire su legislación".