El destino de los 300 animales de la granja de Camarles sigue en el aire. Las autoridades alemanas no autorizan a Covance a importar los animales, asegura Ramon Luque.
Encerrados desde el pasado mes de octubre en una granja construida en Camarles, la suerte final del contigente de 298 camacos llegados subrepticiamente desde las islas Mauricio es una incógnita. Los animales (que, inicialmente, debían pasar un máximo de nueve meses en Camarles antes de que fueran transportados a unos laboratorios de experimentación) viven en una especie de limbo jurídico-estratégico a la espera de que la empresa propietaria decida llevárselos de Camarles tras el últimátum con plazo de tres meses (quedan poco más de dos) lanzado por el Govern de la Generalitat.
Tras un intrincado proceso político y judicial, las administraciones municipal y catalana suspendieron y revocaron, respectivamente, la licencia de actividad y la inscripción en el registro de la Generalitat. Ello inhabilitaba a Camarney SL, titular de las instalaciones, para el desarrollo de la actividad de cría y suministro de macacos para la experimentación. Pero el primer contingente de animales llegó con nocturnidad hasta Camarles con el beneplácito del Ministerio de Economía y Hacienda, que regula las importaciones. Tras mantenerlos inmovilizados desde noviembre, el ayuntamiento decidió levantar el decomiso para que el laboratorio alemán Covance, presunto propietario del contingente, pudiera trasladarlo hasta sus instalaciones en Münster.
Ayuntamiento, Generalitat y Fundación Altarriba (entidad protectora de los animales), con objetivos parcialmente coincidentes, mantienen su particular pulso con la empresa para que se lleve a los animales y abandone Camarles, no sin antes reclamar una cuantiosa indemnización (cifrada en 11 millones de euros en un documento “apócrifo” llegado hasta Medi Ambient). Una negociación que interfiere en el futuro de los animales y su anunciada marcha.
Pero el surrealista proceso para forzar el cierre de un centro que la nueva ley de protección de los animales ya no autorizaría ha sufrido una nueva vuelta de tuerca esta semana. Tras la ratificación judicial de la suspensión de licencias mientras dura el proceso judicial, el director general de Medi Natural, Ramon Luque, dijo que las autoridades alemanas no autorizaban a Covance a importar los animales.
Acto seguido, Camarney SL anunció que “estudia cerrar las instalaciones a partir del próximo día 31 y entregar las llaves al ayuntamiento”, con lo que abandona los animales a su suerte. Una medida que, según apuntó el representante legal de Camarney, Antonio Faura, responde a la presión mediática que la Fundación Altarriba ha ejercido en Alemania para que no se experimentara con los animales. “Los propietarios de los animales exigen mayores garantías de la legalidad por parte de la Generalitat y, para evitar problemas, prefieren dejarlos aquí”, afirmó. Según el Faura, la vuelta a Mauricio no es posible porque tras su estancia en Camarles “los animales podrían poner en peligro la fauna autóctona” con virus foráneos.
“No compraré ningún plátano para los monos. Que lleven las llaves al juzgado”, sentenció el alcalde de Camarles, Carmelo Redó. “Supongo que la empresa tiene que moverse. Que busque una solución: los animales son suyos y tiene que sacarlos en tres meses”, añadió el director territorial de Medi Ambient en las Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, escéptico con el anuncio de la empresa. Una maniobra que desde la fundación Altarriba interpretan como una medida de presión para negociar con la administración. El director de la entidad, Luis Luque, señaló que “no nos consta que las autoridades alemanas hayan impedido la importación ni que Covance no los quiera”. “Es raro, porque dicen que ya los han pagado”, añade.
Altarriba ha manifestado desde el principio su predisposición a hacerse cargo de los animales siempre y cuando pasen a su propiedad. “No compraremos los animales: nosotros los cuidamos y protegemos. Pero queremos conseguir su salvación después de todo esta proceso”, precisa Luque. La fundación dispone de cuatro centros de acogida en Catalunya y estudiaría su traslado definitivo en grupos hasta “santuarios de fauna” esparcidos por todo el mundo. Una operacion que no bajaría de los 600.000 euros, que asumiría la entidad.
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