Bogotá, Colombia - Más de un año se ha postergado una decisión que pareció frenarse luego que AnimaNaturalis Internacional y otras organizaciones animalistas solicitaran a la Corte elevar la decisión a sala plena y recusar moralmente al magistrado ponente Mauricio González Cuervo por su declarada afición taurina.
"Un malestar pareció generarse al interior del alto tribunal por la manera como González estaba llevando el proceso y cuya ponencia sería favorable a los intereses de los taurinos" indicó Andrea Padilla, vocera para Colombia de AnimaNaturalis.
Según Padilla, “mediante la Sentencia C-666 de 2010 la Corte abrió una senda de posible reconocimiento de derechos básicos a los animales, convirtiéndose en un tribunal progresista en la materia. Por lo tanto, es razonable que no se haya tomado a la ligera una ponencia pasada por apellidos y relaciones de padrinazgo. Si el Consejo de Estado supo quitarle a Patarroyo el negocio malsano de la experimentación con micos, la Corte hizo lo propio con las corridas de toros, al modificar sustancialmente el espectáculo en beneficio de los animales”.
A juicio de la vocera de la organización animalista, tras finalizar una versión más del Festival de Verano, sin novilladas, los taurinos decidieron embestir nuevamente para presionar a la Corte. "Poner a los novilleros en huelga de hambre es una estrategia miserable que pretende ablandar a la Corte, como si de poner banderillas al toro se tratara”, afirmó Padilla.
Aunque en las últimas horas varios medios han publicado sobre la que sería una decisión favorable a los taurinos, “tenemos información de que la ponencia de González aún se encuentra en sobre cerrado y tanto Gabriel Mendoza como Luis Guillermo Guerrero, los otros dos magistrados que integran la sala, han sido reticentes a apoyar la ponencia en el sentido de ordenar el restablecimiento del contrato (terminado mediante resolución de 2012) que autorizaba a la empresa taurina a usufructuar un bien público. Este contrato estaba vigente hasta marzo de 2015; quizás, de allí el afán”, puntualizó.
La vocera de AnimaNaturalis recalcó que “este nuevo episodio de especulación es una estrategia burda de la Corporación Taurina y de irrespeto a la Corte Constitucional”.
A propósito de la tutela en revisión, AnimaNaturalis recordó que el Juzgado 57 Civil Municipal la denegó en 2012, y que en el mismo año el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al IDRD dar por terminado dicho contrato con la Corporación Taurina, dejándolo en libertad para decidir si abrir o no un nuevo proceso de contratación. Igualmente reiteró que la Corte, mediante la sentencia C-666 de 2010, estableció que las autoridades territoriales pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las actividades taurinas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción.
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