Ante el Tribunal: Animalistas Vs. Dionisio Vélez

La semana pasada se desplomó en mitad de la vía y falleció otro “caballo cochero” en Cartagena, como consecuencia del maltrato persistente proferido por sus tenedores y de la desidia de la administración del alcalde Dionisio Vélez Trujillo.

19 mayo 2015
Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia - Con este, son más de 15 los caballos caídos, 5 de ellos muertos, según registros de los medios de comunicación entre enero de 2014 y lo que va corrido del 2015. Todos los casos, ocurridos por efecto de desnutrición, deshidratación, enfermedades causadas por malos tratos, exceso de carga y violencia física por parte de los cocheros.

En respuesta a la gravedad de esta situación, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Javeriana, abogados independientes y AnimaNaturalis Internacional radicaron el 25 de marzo una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de poner fin al uso de caballos en la actividad turística de Cartagena. El Tribunal tendrá hasta un año para responder. De fallarla en contra, el Consejo de Estado conocería en segunda instancia.

“Tomamos la decisión de accionar al alcalde Dionisio Vélez y a sus funcionarios porque su irresponsabilidad e inmoralidad administrativa están vulnerando derechos colectivos y preceptos constitucionales de protección a los animales. Pero también, a entidades nacionales como la Procuraduría por su negligencia e ineficiencia para atender la situación, pese a haber constatado directamente la dramática situación de los animales y los riesgos para la salud pública”, informó Andrea Padilla, vocera para Colombia de AnimaNaturalis Internacional.

La vocera aclaró que “lejos de pretender poner en riesgo la actividad turística, proponemos fortalecerla y dignificarla mediante un proceso de sustitución de la tracción animal que le permita a los cocheros continuar con su labor pero usando coches motorizados, como se está planteando incluso en New York. O bien, optar por actividades alternativas como se hizo en Bogotá y en Medellín”.

Según Padilla “le estamos aportando al Tribunal un arsenal probatorio para que proteja los derechos colectivos, impulse el cambio social y cultural en la Cartagena turística, y propenda por la dignidad laboral de las personas que hoy viven de la actividad cochera”.

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