Licitación taurina: Crónica de una adjudicación anunciada

Estaba cantado que el contrato de concesión para operar la plaza de la Santamaría y realizar la temporada taurina de 2017 se lo darían a la Corporación Taurina de Bogotá, cuyos empresarios anunciaron cuáles toreros harían parte del cartel desde antes de la licitación de septiembre.

Licitación taurina: Crónica de una adjudicación anunciada

Bogotá, D.C. - Estaba cantado que el contrato de concesión para operar la plaza de la Santamaría y realizar la temporada taurina de 2017 se lo darían a la Corporación Taurina de Bogotá, cuyos empresarios anunciaron cuáles toreros harían parte del cartel desde antes de la licitación de septiembre.
 
En 1999 Peñalosa le entregó la Santamaría a esta Corporación, quien durante 13 años la usufructuó evadiendo impuestos por más de 5 mil millones de pesos, como lo informó la Contraloría en su momento. Hoy, 17 años después, el mismo se la adjudica a los mismos. Vale recordar que en el 2000 Peñalosa le concedió a esta Corporación “la orden civil al mérito ciudad de Bogotá por mantener la tradición taurina”.
 
En vez de explorar caminos jurídicos para dar la pelea legal, Peñalosa nos quiso dar contentillo al declarar que si regresaban las corridas de toros a Bogotá él sería el primero en salir a marchar. No esperábamos nada distinto a este pacífico proceso de contratación.
 
Con respecto a la licitación, aunque comprendemos que el trámite se hizo en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte, consideramos que la alcaldía pudo haber excluido del objeto del contrato las novilladas del festival de verano, en una interpretación armónica de la sentencia a la luz del precedente constitucional C-666 de 2010 que establece, entre otras condiciones, que las corridas de toros sólo pueden realizarse en municipios y ocasiones en los que sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida. En cambio, el IDRD incluyó en los términos del contrato las novilladas de agosto, calificándolas de ‘tradicionales’ pese a que sólo se realizaron entre 2005 y 2011. Las continuas contradicciones de la Corte en este tema habrían permitido tal interpretación. Sin embargo, el alcalde no mostró voluntad ni compromiso.
 
Por nuestra parte, seguiremos explorando caminos jurídicos como la revisión de la constitucionalidad de la “ley taurina” y el cumplimiento de la sentencia C-666 que todos los municipios se han pasado por la faja. Las normas y decisiones judiciales no siempre son justas, pero el derecho es un campo de batalla que hay que visitar.
 
Especialmente, seguiremos trabajando en el cambio cultural que debe operarse para que la sociedad en su conjunto rechace la violencia, cualquiera sea su víctima.
 
Desde ya planeamos nuestra ‘temporada antitaurina” para enero y febrero, honrando la no violencia como siempre lo hemos hecho en AnimaNaturalis.

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