Fines y medios

Hemos estudiado una serie de cuestiones éticas; hemos visto que muchas prácticas aceptadas están sujetas a objeciones importantes. ¿Qué es lo que deberí­amos hacer al respecto? í‰sta también es una cuestión ética. A continuación presentamos cuatro casos reales a consideración.

Oskar Schindler era un empresario industrial alemán. Durante la guerra dirigí­a una fábrica cerca de Cracovia, Polonia. En un momento en el que se enviaba a los judí­os polacos a los campos de exterminio, reclutó una mano de obra muy superior a la necesitada por la fábrica, compuesta de prisioneros judí­os de los campos de concentración y del gueto; utilizó varias estratagemas ilegales, entre las que se incluí­a el soborno a miembros de las SS y a otros funcionarios para protegerlos. Gastó su propio dinero para comprar comida en el mercado negro que suplementara las insuficientes raciones oficiales que obtení­a para sus trabajadores; con estos medios consiguió salvar la vida de unas 1.200 personas.

En 1984 el doctor Thomas Gennarelli dirigí­a un laboratorio de estudio de lesiones craneales en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Los miembros de una organización clandestina llamada Frente de Liberación Animal sabí­an que en ese lugar Gennarelli causaba heridas en el cráneo a monos y les habí­an dicho que los monos eran sometidos a estos experimentos sin la anestesia adecuada. También sabí­an que Gennarelli y sus colaboradores grababan en ví­deo sus experimentos, para tener registro de todo lo que acontecí­a durante y después de que se provocaran las lesiones. Intentaron obtener más información a través de los canales oficiales pero no lo lograron. En mayo de 1984, entraron en el laboratorio durante la noche y encontraron 39 cintas de ví­deo. Más tarde, destruyeron sistemáticamente material de laboratorio antes de escapar con las cintas en su poder. Las cintas mostraban claramente a monos conscientes luchando para no ser atados a la mesa de operaciones en la que les infligí­an las heridas en la cabeza; también mostraban cómo los investigadores se reí­an y burlaban de los animales aterrorizados que iban a ser utilizados en los experimentos. Una emisión editada de las cintas ante el público provocó un sentimiento de repulsa generalizado. A pesar de todo, fue necesario un año de protestas, que culminaron con un encierro en la sede del organismo gubernamental que financiaba los experimentos de Gennarelli, antes de que el Secretario de Sanidad y Servicios Humanos de los Estados Unidos ordenase el fin de los experimentos.

En 1986, Joan Andrews entró en una clí­nica donde se practicaban abortos en Pensacola, Florida, y causó daños a un aparato para realizar abortos por succión. Se negó a que la defendieran ante el tribunal, basándose en que "los verdaderos acusados, los niños no nacidos, no tení­an defensa, y se les quitaba la vida sin juicio alguno". Andrews era partidaria del grupo Operación Rescate, una organización norteamericana que debe su nombre, y su autoridad para actuar, al mandato bí­blico "libra a los que son conducidos a la muerte, y a los que llevan a la ejecución, sálvalos". Operación Rescate se vale de la desobediencia civil para cerrar clí­nicas donde se practican abortos, y de esta forma, en su opinión "salvan la vida de los no nacidos a quienes sus miembros han jurado defender moralmente". Los miembros bloquean las puertas de las clí­nicas para impedir que entren los médicos y las mujeres embarazadas que quieran abortar. Intentan persuadir a las embarazadas de que no entren en la clí­nica mediante lo que llaman "consejos de calle" sobre la naturaleza del aborto. Gary Leber, un director de Operación Rescate, ha afirmado que sólo entre 1987 y 1989, como resultado directo de estas "misiones de rescate", al menos 421 mujeres cambiaron su decisión de abortar, y los hijos de estas mujeres, que habrí­an muerto, se encuentran vivos actualmente.

En 1976, Bob Brown, por aquel entonces un médico joven, bajaba en balsa por el rí­o Franklin, en el suroeste de Tasmania. La belleza salvaje del rí­o y la paz de los bosques ví­rgenes a su alrededor le impresionaron profundamente. Entonces, en una curva de la parte baja del rí­o se encontró con unos empleados de la Comisión Hidroeléctrica que estudiaban la viabilidad de construir una presa en el rí­o. Brown abandonó su carrera como médico y fundó la Sociedad por una Tasmania Virgen, con el propósito de proteger las pocas zonas ví­rgenes que quedaban en el estado. A pesar de una fuerte campaña en contra, la Comisión Hidroeléctrica recomendó la construcción de la presa, y después de algunas dudas el gobierno del estado, con el apoyo tanto de la comunidad empresarial como de los sindicatos, decidió seguir adelante. La Sociedad organizó el corte no violento de la carretera que estaba siendo construida hasta la presa. En 1982, Brown, junto con otros muchos, fue detenido y encarcelado durante cuatro dí­as por entrar en terrenos controlados por la Comisión Hidroeléctrica. A pesar de todo, la movilización fue foco de atención a nivel nacional y, aunque el gobierno federal de Australia no era el responsable directo de la presa, se convirtió en un tema de campaña en las elecciones federales que estaban a punto de celebrarse. El Partido Laborista de Australia, en la oposición antes de las elecciones, se comprometió a encontrar formas constitucionales de impedir que la presa siguiese adelante. El ganador de las elecciones fue el Partido Laborista y se aprobaron las medidas legislativas oportunas para parar la construcción de la presa. Aunque el gobierno de Tasmania se opuso, el Tribunal Supremo de Australia apoyó por estrecha mayorí­a las medidas, en razón de que el suroeste de Tasmania era una región patrimonio de la humanidad, y el gobierno federal tení­a poder constitucional para hacer respetar el tratado internacional que creó la Comisión del Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, el rí­o Franklin sigue fluyendo en libertad.

¿Tenemos la obligación prioritaria de obedecer la ley? Oskar Schindler, los miembros del Frente de Liberación Animal que cogieron las cintas de video de Gennarelli, Joan Andrews de la Operación Rescate, y Bob Brown y los que le apoyaron delante de las excavadoras en el suroeste de Tasmania estaban todos infringiendo la ley. ¿Estaban actuando de manera errónea?

No se puede dar respuesta a esta pregunta invocando la fórmula simplista: "el fin nunca justifica los medios". Para todos excepto para el más estricto partidario de una ética de normas, el fin a veces sí­ que justifica los medios. La mayorí­a de las personas opina que mentir está mal, aun así­, en iguales circunstancias, creen que está bien mentir para evitar causar una ofensa o vergí¼enza innecesaria, por ejemplo, cuando un familiar cercano te regala un jarrón de dudoso gusto para tu cumpleaños, y te pregunta si te gusta. Si este fin relativamente trivial puede justificar que se mienta, resulta incluso más evidente que un fin importante, como impedir un asesinato, o salvar a un animal de un sufrimiento grande, puede justificar que se mienta. De esta manera, se viola fácilmente el principio de que el fin no justifica los medios. Lo difí­cil no es si el fin puede a veces justificar los medios, sino qué medios están justificados por qué fines.

La conciencia individual y la ley

Hay muchas personas que se oponen a la construcción de presas en rí­os salvajes, a que se explote a los animales, o que están en contra del aborto, pero sin embargo no violan la ley para detener estas actividades. No hay duda de que algunos miembros de las organizaciones más convencionales antiabortistas, de liberación animal, o de conservación de la naturaleza no cometen actos ilegales porque no quieren ser multados o encarcelados; pero hay otros miembros que estarí­an dispuestos a afrontar las consecuencias de actos ilegales. Se abstienen de hacerlo porque respetan y obedecen la autoridad moral de la ley.

¿Quién tiene razón en esta falta de acuerdo ético? ¿Tenemos alguna obligación moral de obedecer la ley, si la ley protege y aprueba cosas que para nosotros están del todo mal? El pensador radical americano del siglo XIX, Henry Thoreau, dio una respuesta clara a esta pregunta. En un ensayo titulado Desobediencia Civil, quizás la primera vez que se usó este término actualmente tan familiar, escribí­a:

¿Debe el ciudadano en algún momento, o en el menor grado, ceder su conciencia al legislador? ¿Si es así­, por qué tiene todo hombre conciencia? Opino que primero deberí­amos ser hombres antes que súbditos. No es deseable cultivar un respeto por la ley, sino más bien por lo justo. La única obligación que tengo derecho a asumir es hacer en todo momento lo que considero justo.

El filósofo americano Robert Paul Wolff escribió en una lí­nea similar:

La autoridad, el derecho a gobernar, es el signo definitorio del estado. La obligación principal de un hombre es la autonomí­a, el rechazo a ser gobernado, podrí­a parecer entonces que no puede existir solución para el conflicto entre la autonomí­a del individuo y la autoridad putativa del estado. En tanto en cuanto un hombre cumpla con su obligación de hacer de sí­ mismo el autor de sus decisiones, resistirá a la pretensión del estado de tener autoridad sobre él.

Thoreau y Wolff resuelven el conflicto entre individuo y sociedad en favor del individuo. Deberí­amos hacer lo que nos dicte nuestra conciencia, lo que de forma autónoma decidamos que debemos hacer: no lo que la ley indique. Todo lo demás serí­a negar nuestra capacidad para elegir éticamente.

Dicho de esta manera, el tema parece ser claro y la respuesta de Thoreau y Wolff evidentemente correcta. Por lo tanto, Oskar Schindler, el Frente de Liberación Animal, Joan Andrews, y Bob Brown estaban totalmente justificados al hacer lo que para ellos estaba bien, en vez de hacer lo que el estado establecí­a como legal. ¿Pero es así­ de simple? En cierto sentido es innegable que, como indica Thoreau, deberí­amos hacer lo que creemos que está bien; o, como plantea Wolff, hacernos autores de nuestras decisiones. Si tenemos que enfrentarnos a la elección entre lo que para nosotros está bien y lo que para nosotros está mal, por supuesto deberí­amos hacer lo que en nuestra opinión está bien; pero esto, aunque cierto, no resulta ser de gran ayuda. Lo que necesitamos saber no es si deberí­amos hacer lo que para nosotros está bien, sino la forma de decidir lo que está bien. Baste pensar en la diferencia de opinión entre los miembros de grupos tales como el Frente de Liberación Animal (FLA) y los miembros más respetuosos de las leyes de una organización como la británica Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales (RSPCA): para los miembros del FLA infligir dolor a los animales es, a menos que esté justificado por circunstancias extraordinarias, malo, y si la mejor forma de detener esto es violando la ley, entonces para ellos violar la ley está bien. Igualmente, supongamos que para los miembros de la RSPCA infligir dolor a los animales es normalmente malo, sin embargo también creen que violar la ley está mal, y creen que el objetivo de detener un dolor injustificable a los animales no justifica el mal que supone violar la ley. Supongamos que hay personas que están en contra de infligir dolor a los animales y que no están seguros si deberí­an afiliarse a los infractores de la ley más militantes o al grupo de defensa de los animales más ortodoxo. ¿Cómo soluciona su incertidumbre decirles a estas personas que hagan lo que para ellos esté bien, o que sean los autores de sus propias decisiones? Se trata de una incertidumbre sobre qué es lo correcto hacer, no sobre si se deberí­a hacer lo que uno ya ha decidido que está bien.

Este aspecto puede verse oscurecido si se habla de "seguir la propia conciencia" con independencia de lo que la ley ordene. Algunos que hablan de "seguir la conciencia" sólo quieren decir hacer lo que tras reflexión uno considera bien, y esto puede depender, como en el caso de los supuestos miembros de la RSPCA, de lo que la ley ordene. Otros con "conciencia" quieren decir, no algo que dependa de un juicio crí­tico reflexivo, sino una especie de voz interior que nos dice que algo está mal y puede seguir diciéndonoslo a pesar de nuestra reflexión cuidadosa y reflexiva basada en todas las consideraciones éticas pertinentes de que el acto no está mal. En este sentido de "conciencia" una mujer soltera educada con la estricta creencia católica de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son siempre malas podrí­a dejar su religión y llegar a opinar que no existe una base firme para limitar las relaciones sexuales al matrimonio, y a pesar de todo seguir sintiéndose culpable cuando mantiene relaciones sexuales. Puede que para ella este sentimiento de culpabilidad sea su "conciencia", pero si ésta es su conciencia, ¿deberí­a seguirla?

Decir que deberí­amos seguir nuestra conciencia es irreprochable, pero de poca ayuda, cuando con "seguir la conciencia" queremos decir hacer, tras reflexión, lo que uno considera bien. Sin embargo, cuando "seguir la conciencia" significa hacer lo que nuestra "voz interior" nos impulsa a hacer, seguir nuestra conciencia implica dejar de lado nuestras responsabilidades como agentes racionales, dejar de tener todos los factores pertinentes en cuenta y de actuar basándonos en el mejor de nuestros juicios sobre lo bueno y lo malo de la situación. Es más probable que la "voz interior" sea más producto de nuestra educación que una fuente de verdadera reflexión ética.

Cabe suponer que ni Thoreau ni Wolff querí­an sugerir que siempre deberí­amos seguir nuestra conciencia en el sentido de "voz interior". Deben querer decir, si sus posturas son plausibles, que deberí­amos seguir nuestro propio juicio sobre lo que deberí­amos hacer. Lo máximo que se puede decir en este caso en favor de sus recomendaciones es que nos recuerdan que las decisiones con respecto a la obediencia de la ley son decisiones éticas que la ley por sí­ misma no puede tomar por nosotros. No deberí­amos asumir, sin reflexionar, que si la ley, por ejemplo, prohí­be robar cintas de ví­deo de un laboratorio, hacerlo es siempre malo, al igual que tampoco deberí­amos asumir que sea malo ocultar judí­os, para que los nazis no los encuentren, si la ley lo prohí­be: la ley y la ética no son la misma cosa. Al mismo tiempo, esto no significa que la ley no tenga ningún peso moral. No significa que cualquier acción que si hubiera sido legal habrí­a sido buena, deba ser buena aunque realmente sea ilegal. El que una acción sea ilegal puede ser de importancia ética y también legal; cuestión distinta es si realmente tiene importancia a nivel ético.

El imperio de la ley

Si para nosotros una acción está realmente mal, y si tenemos el valor y la capacidad para dificultar su realización violando la ley, ¿cómo podrí­a la ilegalidad de este acto proporcionar una razón ética en su contra? Para contestar una pregunta tan especí­fica como ésta, primero deberí­amos hacer una pregunta más general: ¿por qué debemos tener leyes en primer lugar?

Por naturaleza, los seres humanos son sociales, pero no tan sociales que no sea necesario protegernos contra los riesgos de que nuestros conciudadanos humanos nos agredan, o nos asesinen. Podemos hacerlo creando organizaciones de vigilancia que impidan las agresiones y castiguen a los que las cometen; pero los resultados serí­an fortuitos y con posibilidades de convertirse en una guerra abierta entre distintas bandas. Por lo tanto, es deseable tener, como decí­a John Locke hace mucho tiempo, "una ley establecida, asentada y conocida", que sea interpretada por un juez con autoridad y respaldada con un poder suficiente que pueda ejecutar las decisiones del juez.

Si las personas voluntariamente se abstuvieran de agredir a otras, o de actuar de otra manera que fuera perjudicial a una existencia social armoniosa y feliz, podrí­amos convivir sin jueces ni sanciones. Aún en este caso serí­an necesarias convenciones de tipo legal sobre cuestiones como por ejemplo el lado de la carretera por el que hay que circular. Incluso, una situación utópica anarquista tendrí­a algunos principios de cooperación establecidos.

Por lo tanto, tendrí­amos algo parecido a las leyes. En realidad, no todo el mundo se abstendrí­a voluntariamente de tener conductas, por ejemplo las agresiones, que otros no pudieran tolerar. El peligro de acciones individuales del tipo de las agresiones no es tampoco lo único que hace que las leyes sean necesarias. Dentro de una sociedad habrá conflictos del tipo: cuánta agua podrán usar los agricultores para regar sus cultivos, sobre la propiedad de la tierra, o sobre la custodia de un hijo, sobre el control de la contaminación, y el nivel de impuestos. Se hace necesario algún tipo de procedimiento de toma de decisiones establecido para resolver estos conflictos de forma rápida y económica, porque si no, es probable que las partes en conflicto recurran a la fuerza. Casi cualquier procedimiento de toma de decisiones será mejor que recurrir a la fuerza ya que cuando se usa la fuerza se producen heridos. Además, la mayorí­a de los procedimientos de toma de decisiones tienen unos resultados que como mí­nimo son tan beneficiosos y justos como el recurso a la fuerza.

Por lo tanto es conveniente tener leyes y un procedimiento de toma de decisiones establecido para crearlas. Esto da lugar a una importante razón para obedecer la ley; al obedecer la ley contribuimos al respeto sobre el que se sostienen el procedimiento de toma de decisiones establecido y las leyes. Al desobedecer la ley doy ejemplo a los demás que provoca que ellos también las desobedezcan. El efecto puede multiplicarse y contribuir a que se produzca un declive en el imperio de la ley; que en caso extremo puede conducir a una guerra civil.

De la primera razón se deriva una segunda razón para obedecerlas: si la ley va a ser eficaz, fuera de la utopí­a anarquista, debe existir algún tipo de mecanismo que detecte y castigue a los infractores. Mantener y operar este mecanismo supondrá un coste que tendrá que pagar la comunidad. Si violo la ley, la comunidad tendrá que afrontar el coste de hacer cumplir la ley.

Estas dos razones para obedecer la ley no son aplicables a nivel universal ni tampoco concluyentes. Por ejemplo, no son aplicables a las violaciones de la ley no denunciadas. Si de madrugada, cuando las calles están vací­as, cruzo con el semáforo en rojo, mi ejemplo no llevará a nadie a la desobediencia, ni nadie tendrá que hacer cumplir la ley que existe en contra de cruzar de esta manera. Sin embargo, éste no es el tipo de ilegalidad que nos interesa.

Estas dos razones para obedecer no son concluyentes en los casos en que son aplicables porque hay ocasiones en las que las razones en contra de obedecer una ley concreta son más importantes que el riesgo de animar a que otros desobedezcan o el coste que para la comunidad supone hacer cumplir la ley. Son razones auténticas en favor de obedecer la ley, y a falta de razones en favor de desobedecer las leyes, son suficientes para resolver la cuestión a favor de la obediencia; pero en los casos en que hay razones conflictivas, debemos valorar los pros y los contras de cada caso para ver si las razones para desobedecer superan a las razones para obedecer. Por ejemplo, si las acciones ilegales fuesen la única forma posible de impedir experimentos dolorosos con animales, de salvar zonas ví­rgenes importantes, o de hacer que los gobiernos aumenten la ayuda exterior, la importancia de los fines justificarí­a el que se corriera el riesgo de contribuir a un declive general a la hora de obedecer la ley.

La democracia

Algunos en este punto dirán: la diferencia entre los actos heroicos de Oskar Schindler y las indefendibles acciones ilegales del Frente de Liberación Animal, Operación Rescate, y los grupos contrarios a la presa del Franklin es que, en la Alemania nazi, Schindler no tení­a medios legales para cambiar la situación. En una democracia existen medios legales para poner fin a los abusos: la existencia de procedimientos legales para cambiar la ley hace que el uso de medios ilegales sea injustificable.

Es cierto que en las sociedades democráticas existen procedimientos legales que pueden usar los que quieren llevar a cabo reformas; sin embargo, esto por sí­ solo no demuestra que el uso de medios ilegales sea malo. Es posible que existan medios legales y que sin embargo las perspectivas de utilizarlos para producir cambios en un futuro previsible sean bastante sombrí­as. A la vez que se progresa de forma lenta y dolorosa, o quizás no se progresa nada, a través de estos canales legales, continuarán los males indefendibles que intentamos detener. Con anterioridad a la campaña que consiguió salvar al rí­o Franklin, se habí­a llevado a cabo otra campaña polí­tica contra otra presa propuesta por la Comisión Hidroeléctrica de Tasmania. Era contraria a la construcción de la presa porque inundarí­a un lago alpino primitivo, el lago Peddar, situado en un parque nacional. La campaña empleó tácticas polí­ticas más ortodoxas; no tuvo éxito, y el lago Peddar desapareció bajo las aguas del pantano. El laboratorio del doctor Thomas Gennarelli habí­a llevado a cabo sus experimentos durante años antes de que el Frente de Liberación Animal lo asaltara. Sin la prueba de las cintas de ví­deo robadas, probablemente seguirí­a funcionando hoy. De igual forma, la Operación Rescate fue fundada después de que catorce años de acción polí­tica más convencional no consiguieran invertir la permisiva situación legal con respecto al aborto que existe en los Estados Unidos desde que el Tribunal Supremo declarara en 1973 la inconstitucionalidad de las leyes restrictivas sobre el aborto.

Durante ese perí­odo de tiempo, según Gary Leber de operación Rescate, "25 millones de norteamericanos han sido asesinados legalmente". Desde esta perspectiva resulta fácil ver por qué la existencia de canales legales para promover el cambio no resuelve el dilema moral. Una muy remota posibilidad de cambio legal no constituye una razón de peso contra la utilización de medios que tienen más posibilidades de tener éxito. Lo máximo que se puede deducir de la mera existencia de canales legí­timos es que, dado que no podemos saber si tendrán éxito hasta que hayan sido probados, su existencia es una razón para posponer la comisión de actos ilegales hasta que se haya probado con medios legales y éstos hayan fracasado.

En este punto, el partidario de las leyes democráticas puede probar otro argumento: el que los medios legales no consigan llevar a cabo el cambio, demuestra que la reforma propuesta no disfruta de la aprobación de la mayorí­a del electorado, e intentar poner en práctica esta reforma por medios ilegales en contra de los deseos de la mayorí­a constituirí­a una violación del principio más importante de la democracia, el gobierno de la mayorí­a.

El militante puede cuestionar este argumento a partir de dos planteamientos: uno factual y otro filosófico. El planteamiento factual en el argumento democrático consiste en que una reforma que no puede llevarse a cabo por medios legales carece de la aprobación de la mayorí­a del electorado. Es posible que esto sea sostenible en una democracia directa, en la que el electorado al completo pudiese votar sobre toda cuestión; pero evidentemente esto no es siempre cierto en las democracias representativas modernas. No hay forma de asegurarse de que una mayorí­a de representantes tome la misma postura que sus representados sobre un tema concreto. Resulta razonable creer que la mayorí­a de los norteamericanos que vieron fragmentos de las cintas de Gennarelli en televisión no habrí­an apoyado estos experimentos. Sin embargo, ésta no es la forma de tomar las decisiones en un paí­s democrático. Al elegir entre candidatos â€