Agentes Rurales de la Generalitat han desmantelado una red de contrabando que distribuyó por Europa, a través de Barcelona, cerca de 4.000 loros grises africanos importados de forma fraudulenta desde la República Democrática del Congo (RDC). Dos socios de una empresa mayorista de Barcelona han sido imputados por un presunto delito de tráfico de especies protegidas, aunque los investigadores creen que el cerebro principal de la trama es un importador residente en Bélgica. "Se trata de la mayor operación realizada en los últimos años en Catalunya contra la importación ilegal de animales", destacó ayer el director general de Medi Natural, Ramon Luque.
El loro gris es una especie muy apreciada en los hogares por su inteligencia y sus dotes parlanchinas, posiblemente sin parangón en otras aves psitácidas. Su comercialización está permitida, pero bajo control: para garantizar su supervivencia en el medio natural, los países de origen sólo pueden exportar un estricto cupo (a la RDC, por ejemplo, se le permite 10.000 ejemplares anuales). De la supervisión del proceso se encarga el CITES, la convención sobre comercio de especies amenazadas.
El fraude era tan sencillo como difícil de detectar y atajar: la red de contrabando tenía permiso para importar loros, pero falsificaba los cupos y aumentaba las cantidades. Es decir, traía a Europa muchas más aves de las que podía. El CITES dio la alerta en el 2002: sumó los loros grises distribuidos por varios países y comprobó que eran muchos más que los permitidos. Y puso en alerta a las autoridades españoles.
Desde Bélgica
La investigación se inició en marzo de ese año bajo la dirección de la fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya. Durante la investigación, los agentes rurales se desplazaron a Bélgica en el marco de una comisión rogatoria internacional, la primera expedida en España por tráfico de animales.
Según detalló ayer Antoni Mur, inspector del cuerpo de Agentes Rurales, las aves partían del aeropuerto de Kinshasa y llegaban a Barajas. Gracias a la documentación falsificada, superaban los controles y luego viajaban por carretera hasta Barcelona. La mitad se quedaban en la ciudad --fueron vendidos en comercios minoristas-- y la otra mitad se llevaban a Bruselas para su distribución por Europa. La operación se repitió al menos 14 veces.
La documentación iba a nombre de los dos barceloneses que recibían las aves, aunque parece ser que sólo eran testaferros del importador bruselense. Se trata de un ciudadano con la doble nacionalidad belga-congoleña y antecedentes por delitos similares en el Reino Unido. Los dos mayoristas de Barcelona, que están en libertad condicional, se enfrentan a una pena de ocho años de cárcel y multa de 801.800 euros.
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