Congreso aprueba la primera ley estatal de protección animal de España

El Congreso de Diputados ha aprobado definitivamente el texto final de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, tras haber votado las enmiendas incluidas en el Senado. También fue aprobada la modificación del Código Penal en materia de protección animal, que aumenta las penas para los maltratadores. El texto está listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor.

16 marzo 2023
Madrid, España.

El Congreso de Diputados ha aprobado definitivamente el texto final de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y también la reforma del Código Penal en materia de protección animal. A pesar de que el texto excluye a los perros de caza, podemos expresar que es un primer paso que se debe ir mejorando con cada legislatura. A pesar de hacer la distinción entre los perros que viven en nuestro hogar o aquellos explotados por cazadores, se aplica el principio de competencia, por lo que las leyes autonómicas que les otorgan mayor protección tendrán prevalencia en este aspecto.

Este es quizás el aspecto más polémico de la norma y deja fuera no sólo a los perros de caza, sino a también perros policías, del Ejército, de trabajo, de asistencia, perros guía de la ONCE y pastores. El Ministerio de Agricultura tendrá que elaborar una norma específica para estos animales, como compromiso del PSOE, que fue el responsable de presionar por esa enmienda. Además, se dejó fuera otros aspectos del redactado original, como la permanecia de la cetrería, el tiro al pichón, los cetáceos y delfines en cautividad y las granjas peleteras.

Tras un debate lleno de reproches, bulos y acusaciones entre el Gobierno y todos los grupos de la oposición, el Pleno ha aprobado una decena de las 18 enmiendas incorporadas al texto desde el Senado. La mayoría fueron modificaciones de forma, pero hay algunas que vale la pena mencionar.

Se mantienen los registros centralizados

En concreto, la Cámara ha rechazado la propuesta de PNV de eliminar el artículo 4 y el título II completo —artículos 9 a 12—, alegando conflictos competenciales. En esa sección se desarrollaba la idea de contar con un sistema de registro centralizado de identidad de animales de compañía, núcleos zoológicos, profesionales que tratan con animales y también de maltratatadores que no pueden tener animales bajo su responsabilidad. También se rechazó otra enmienda de PNV, que buscaba eliminar la obligatoriedad de contar con gateras en los centros de acogida de animales de compañía municipales, así como declarar opcional el contar con programas de voluntariado y colaboración de las entidades de protección animal. 

Personas sin hogar y animales

El Senado incorporó enmiendas de Más Madrid y de Junts per Catalunya que permiten ejercer la mendicidad con mascotas. La modificación del proyecto de ley en la Cámara Alta estaba motivada, según el partido madrileño, “para evitar futuros efectos indeseados”, ya que a su juicio “concedería un alto grado de discrecionalidad a las administraciones, que en la práctica podría derivar en sanciones a las personas sin hogar que se encuentren en la vía pública en compañía de sus mascotas, quedando al juicio de quien ejerza la potestad sancionadora si las personas se encuentran ejerciendo la mendicidad o no y si se están valiendo de sus mascotas para ello o no”.

Animales sin supervisión

También quedará prohibido, sin excepción, dejar a un animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, este plazo quedaría limitado a no más de 24 horas consecutivas. Superar esos períodos será considerado maltrato animal por abandono.

Sí habrá nuevos presupuestos

Una de las emniendas positivas que fueron aceptadas fue la propuesta por ERC, que elimina el artículo que expresaba que esta norma no conllevará a nuevos gastos o partidas presupuestarias. Esto abre la puerta para que se puedan asignar recursos especiales para su desarrollo y aplicación.

Ley Perros Potencialmente Peligrosos

Otro de los cambios propuestos por el Senado aprobados en el Congreso es la supresión de la obligación de un test de los titulares de perros conisderados de cuidado especial, que antes eran llamados potencialmente peligrosos. Aunque la Ley de Protección no anula la nefasta norma de PPP ni elimina las razas consideradas de riesgo —pit bull terrier, rottweiler, dogo argentino, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, fila brasileño, tosa inu y akira inu—, sí incluye una evaluación individual de los perros para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social. Los promotores de la Ley han declarado su intención de incluir la eliminación del listado de razas PPP en el futuro, a través del redactado del Reglamento de la norma que se aprobó hoy.

Colonias felinas

El Congreso ha rechazado la enmienda del Senado por la que se suprimía el artículo 38, referido a las colonias felinas. Así, en la ley que será publicada en el BOE se mantendrá que será obligatoria la identificación mediante microchip, registrada bajo la titularidad de la Administración local competente, y la esterilización quirúrgica de todos los gatos comunitarios. De esta manera, la ley apuesta por el método CER (Captura, esterilización y retorno) para gestionar las colonias felinas. Los ayuntamientos serán los responsables y se dedicarán fondos públicos para ayudar en esta labor (este año, dos millones de euros). Curiosamente, partidos como Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera han centrado sus exposiciones en el riesgo que implican los gatos para especies endémicas en peligro de extinción en el archipiélago, y defendían permitir la caza de estos animales como forma de control.

Competencia fiscalizadora de las CC.AA.

PNV también logró la aprobación de otra de sus enmiendas, sobre la función inspectora de la Dirección General. El texto original de la Ley otorgaba esta capacidad al Gobierno para dirigirse excepcionalmente a las Comunidades Autónomas para apoyar o fiscalizar actuaciones contra casos de maltrato animal. Con esta modificación, tampoco se podrá comunicar al Ministerio Fiscal cuando tenga conocimiento de infracciones, porque esto compete a los gobiernos locales. En este sentido, también se suprime la obligación de cualquier Ministerio que tenga conocimiento de una infracción sobre bienestar animal de informar a la autoridad y solicitar su pronta actuación.

Listado Positivo de Animales de Compañía

Asimismo, se modificará la disposición adicional quinta para que quienes tengan animales de especies externas al Listado Positivo de Animales de Compañía. El Senado aprobó ocho enmiendas parciales entre las que destaca que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, las personas que tengan como animales de compañía a especies peligrosas o amenazadas “tendrán la obligación de comunicar a las autoridades competentes la tenencia de estos animales”. La prohibición de determinadas especies como animales de compañía afectará a artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para la integridad física o la salud de personas y animales; reptiles venenosos y todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los dos kilos, excepto en el caso de quelonios; todos los primates; mamíferos silvestres que en estado adulto superen los cinco kilos; y especies incluidas en otra normativa sectorial a nivel estatal o comunitario que impida su tenencia en cautividad.

Protocolo de emergencia para animales

Tampoco se elimina la obligación de que los planes de protección civil contemplen medidas de protección para los animales, como pretendía el Senado. Esto permitirá crear protocolos para enfrentar emergencias y siniestros que incluyan a los animales como seres afectados, como en incendios, erupciones volcánicas y fenómenos similares.

Reforma al Código Penal

Por otra parte, el proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre maltrato animal también se ha debatido en el Pleno y se ha dado por aprobado el texto original. Todas y cada una de las diez enmiendas del Senado fueron rechazadas.

Destacamos de la Ley

Esta es la primera ley estatal de protección animal de la historia de España. Por eso creemos que lo más destacable de la ley es la creación de instituciones y estructuras que apoyarán la fiscalización, control y regularización de las medidas contra el maltrato animal y que eviten el abandono a nivel estatal. La Ley incluye la creación de un plan de actuaciones para alcanzar ese objetivo.

A partir hoy, España se convertiría en un país donde queda prohibido usar la eutanasia como método de control de las poblaciones en centros de acogida, no se podrá usar animales salvajes en espectáculos circenses, no se podrá comercializar perros, gatos y hurones en tiendas, no se les podrá reproducir por particulares, no se les podrá encadenar o encerrar de manera permanente, entre muchísimas otras cosas.

El proyecto de ley regula la participación de animales en ferias o actividades culturales como exposiciones. En este sentido, se requiere que los animales estén bien alimentados e hidratados, así como contar con un "espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas". En romerías o eventos feriados, los animales deberán presentar "un estado higiénico-sanitario óptimo y tener garantizados durante el transcurso de la actividad unos niveles óptimos de bienestar animal". Además, se prohíbe el uso de animales en este tipo de eventos "cuando se identifique un exceso de temperaturas" o "se haga uso de elementos pirotécnicos".

"Por supuesto que esta ley no cumple con las demandas de los animales y se queda muy detrás de nuestros sueños, pero es un gigantesco paso hacia adelante para su defensa", dice Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Nos hubiera gustado que hoy pudieramos decir que se cerrarán todas las granjas peleteras del país, que no existirá en España ningún delfín más en cautiverio y que todos los perros contarán con los mismos derechos, como estaba contemplado en el texto original. Sin embargo, nuestro trabajo no termina aquí... y esta ley nos aporta herramientas únicas para continuar nuestra labor", añade.

Por otro lado, se prevé, entre otras medidas, la creación de un Sistema Central de Registros para la Protección Animal, la elaboración de una Estadística de Protección Animal, con el objetivo de conocer el estado de la protección animal en el conjunto de la sociedad española, así como un Plan Estatal de Protección Animal, que contendrá objetivos y acciones para "erradicar de nuestra sociedad el maltrato animal en todas sus vertientes".

Se mantiene que todos los gatos se deben esterilizar e identificar mediante microchip antes de los seis meses de edad. Eso ya ocurre con todos los felinos que proceden de una protectora y algunas comunidades lo han regulado, pero ahora se extiende a todos los ejemplares. Quien no quiera castrar a su animal debe inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía o se puede enfrentar a una sanción leve (de 500 a 10.000 euros). Este registro, en el que debe inscribirse quien quiera criar gatos o perros, será estatal, online, sencillo y gratuito.

Otro de los aspectos que refleja el texto es la obligatoriedad de que las personas responsables de perros realicen un curso formativo con el objetivo de facilitar la correcta tenencia responsable del animal. En concreto, la norma estipula que las personas que convivan con animales de compañía tienen el deber de protegerlos y a tal efecto de "superar la formación de tenencia responsable reglamentada para cada especie de animal de compañía". El test va a tener tres partes, una de cuidado y veterinaria, otra de bienestar animal y otra de legislación. La idea es que los documentos se puedan descargar y rellenar online de forma gratuita y tendrá un carácter informativo más que restrictivo. Son cuestiones mínimas para la tenencia de un animal de compañía. Además, quienes cuiden a un perro deberán tener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, una normativa similar a la que ya existe en comunidades como Madrid y País Vasco. Según las estimaciones del sector, en perros pequeños pueden oscilar entre los 20 a los 50 euros al año, mientras que las pólizas para perros peligrosos —ya obligatorias— oscilan entre 50 y 100 euros al año.

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