El delegado de Agricultura Ramaderia i Pesca de las Terres de l’Ebre, Antoni Espanya, confirmó ayer que su departamento ha dado su visto bueno a la guía de transporte de los animales, el último requisito administrativo necesario para el traslado. Este mediodía la Fundación Altarriba tiene previsto entregar al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall el millar de firmas procedentes de todo el mundo que ha recogido en una campaña vía internet. Tanto la entidad como el movimiento vecinal contrario a la granja arguyen que la empresa no está capacitada legalmente para llevar a cabo esta operación después de que el Consistorio de Camarles suspendiera su licencia de actividad.
El alcalde de la población, Carmelo Redó, levantó el decomiso en depósito que pesaba sobre los animales y el Govern no puso reparos al traslado. Altarriba, de acuerdo con varias organizaciones de protección de los animales alemanas, estudia querellarse contra el Govern en Bruselas y Barcelona por permitir la operación cuando las licencias están suspendidas: “No pueden obtener los permisos pertinentes para que estos animales circulen libremente hacia un destino que supone una actividad comercial”. La entidad sostiene que la granja de Camarles es un “centro de blanqueo” de animales en España para esquivar los requisitos de las importaciones que imponen las leyes europeas y que, según ellos, no cumple el laboratorio alemán dueño de los animales.
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