El proceso podría acabar en un nuevo conflicto político entre Cataluña y el resto de España.Admiten 500.000 firmas para declarar las corridas Bien de Interés Cultural.
El mundo del toro inició el pasado 13 de abril el proceso para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural y por tanto proteger las corridas frente a la prohibición, como la que rige en Cataluña desde el 1 de enero de 2012.
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña (FETC) es optimista, ya que sueña con que en el mes de septiembre próximo la Monumental de Barcelona volverá a abrir sus puertas para acoger la feria de la Mercè. Pero para que eso ocurra aún quedan unos cuantos trámites, a cada cual más complicado y farragoso. El primero, no obstante, ya lo ha logrado. Así, la FETC anunció ayer que la Junta Electoral Central ha validado el medio millón de firmas que los taurinos han recogido en los últimos meses para tramitar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) encaminada a blindar la Fiesta en España.
El siguiente paso conducirá a la Mesa del Congreso, que deberá tomar en consideración la ILP, si el medio millón de firmas son correctas y no ha habido irregularidades en su recogida, como afirman los movimientos animalistas.
Más tarde, el pleno del Congreso o la Comisión tendrían que tomar la ILP en consideración. Es decir, aceptar su trámite parlamentario. En principio parece bastante probable que así sea, ya que el PP, que tiene mayoría absoluta, ha abanderado hasta la fecha la protección de los toros. De hecho, el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, nada más tomar posesión de su cargo hizo una encendida defensa de la Fiesta y quiso dejar claro que los toros son parte de la cultura. «Adoptaremos, en colaboración con las demás administraciones públicas, las medidas para la puesta en valor de los toros como bien cultural», dijo. Antes que Wert, tomó la iniciativa la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que en 2010 declaró los toros bien de interés cultural. En octubre de ese año, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que la ley aprobada por el Parlamento catalán que prohíbe las corridas invade competencias estatales y vulnera derechos y libertades de los ciudadanos. El recurso del TC está pendiente y es el que podría servir a los populares para apoyar o no la parte de la ILP que habla de revocar la ley catalana con carácter retroactivo.
Competencia autonómica
Posteriormente, llegarían los trámites parlamentarios: se solicitarían las comparecencias, las enmiendas y finalmente el debate y la votación. Si el Congreso aprueba que los toros son un Bien de Interés Cultural, aún quedará por ver qué pasa con la abolición en Cataluña. Fuentes del movimiento Prou (basta), el grupo animalista que promovió la prohibición en Cataluña, aseguran, no obstante, que el Congreso no puede declarar los toros Bien de Interés Cultural porque las competencias en materia de cultura, medio ambiente, protección de los animales y espectáculos son de las comunidades autónomas y el Parlamento nacional solo podría hacerlo «cometiendo una ilegalidad», es decir, «invadiendo las competencias de las autonomías», algo que a su juicio el Tribunal Constitucional no puede admitir porque atenta contra la Carta Magna.
La parte de la ILP que se refiere a Cataluña sería por tanto el aspecto más polémico y el que podría causar mayores estragos políticos. Hoy por hoy, una ley estatal no puede revocar una autonómica, solo el Constitucional podría hacerlo, de ahí que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña admitiera ayer que no es de su competencia valorar si la aprobación de la ILP en las Cortes españolas supondría el fin de la prohibición en Cataluña. Aun así, sueñan con ello: «Para cualquier ciudadano amante de la libertad, volver a pisar la arena de la Monumental sería realmente muy bonito», dijo el presidente de la FETC, Luís María Gibert.
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