El negocio de los certificados de bienestar animal en los mataderos de España

Los certificados de bienestar animal en España “son papel mojado y tramposo porque se paga por ser examinado", según la Comisión de Derecho Animal de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ).

El negocio de los certificados de bienestar animal en los mataderos de España

El  certificado de bienestar animal que la empresa cárnica Incarlopsa exhibió para justificar las buenas prácticas en su matadero porcino de Tarancón (Cuenca) ha generado nuevas dudas después de que la entidad certificadora, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) desmintiese haberlo otorgado en el marco del sistema Welfare Quality.

Para aclararlo, la empresa conquense ha remitido a los medios de comunicación, sin hacer declaraciones, un documento en el que es el Instituto Comunitario de Certificación SL (ICC) quien expide el certificado pero siguiendo los protocolos de bienestar animal elaborados por el IRTA.

Certificado del Instituto Comunitario de Certificación para Incarlopsa

Certificado del Instituto Comunitario de Certificación para Incarlopsa

 

Este certificado, que caduca en julio de este año, fue emitido por primera vez en 2017 coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones del matadero de Incarlopsa. Se realizaron mejoras en el nuevo recinto para ampliar su capacidad de producción. Poco tiempo después  se conocía una sentencia que daba la razón a uno de los veterinarios de la Junta que denunciaron que no se estaba respetando la normativa de bienestar animal en el antiguo matadero. 

El certificado se renueva cada seis meses. De hecho, el que Incarlopsa acaba de dar a conocer caduca en julio de este año, según ha explicado Francesc  Areny Cluet, gerente del  Instituto Comunitario de Certificación SL (ICC), una entidad “privada e independiente”, según consta en su web, “dedicada a la certificación de productos y servicios en los sectores alimentario y productos de gran consumo”, y que tiene su sede en Sabadell (Barcelona).

Areny explica que en octubre de 2010, el IRTA y l a Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) firmaron un documento para establecer los requisitos de bienestar animal en mataderos de porcino y vacuno. “Solo en el caso de mataderos y en ningún caso en explotaciones ganaderas”, matiza.

ICC  se encarga de certificar que las empresas cumplen con los requisitos. “A nosotros nos ha contratado FECIC”, explica. "Se trata de una certificación privada que no depende de ningún documento público ni oficial ni tampoco de normativa genérica aplicable”.

Actualmente, ICC tiene certificados un total de  25 mataderos, casi todos en Catalunya, pero dos de ellos están en Castilla-la Mancha, en concreto en la provincia de Cuenca. El primero es el que Incarlopsa posee en Tarancón y el segundo corresponde a la empresa Cárnicas Frivall con sede en Villar de Olalla, detalla el gerente. 

El gerente del ICC sostiene que “no hay nada oficial de Welfare Quality o al menos no lo había”, frente a las afirmaciones del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) que está adscrito a la Generalitat de Catalunya y que es la única certificación oficial que existe en España vinculada al sistema Welfare Quality.

“Nosotros no tenemos ningún convenio firmado con Welfare Quality”, reconoce Areny, porque, en realidad, se trata solo de un “sistema genérico que te dice lo que estaría bien hacer”. En concreto se establecen cuatro principios básicos de bienestar animal a tener en cuenta: la alimentación, el alojamiento, el estado sanitario y el comportamiento.

A partir de ahí hay doce criterios para decidir si se cumple o no con las buenas prácticas en bienestar animal como la ausencia y de hambre y sed prolongadas, el confort en relación al descanso, la facilitad de movimiento, la ausencia de lesiones o de enfermedades, la ausencia de dolor causado por el manejo o una relación humano-animal positiva, entre otros.

¿Cuántos de esos requisitos han sido evaluados y certificados en el caso de Incarlopsa? Esa pregunta se queda sin respuesta por parte del ICC,  que remite a la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) con la que no ha sido posible contactar. “Nosotros no somos los propietarios del documento de certificación”, insiste. Tampoco Incarlopsa ha dado más explicaciones. 

El acuerdo suscrito entre IRTA y FECIC incluye “un pliego de condiciones” que marca los requisitos a cumplir por las empresas cárnicas para certificar sus mataderos y que evalúa parámetros como el transporte, la descarga, el alojamiento o el aturdimiento” de los animales, entre otros.

En todo caso, se trata de un sistema ‘a la carta’, según explica el gerente del ICC, porque “tú puedes hacer documento privado en el que incluyas pocas o muchas cosas de lo que marca Welfare Quality”. Empresas como Incarlopsa se han sumado a esta práctica.

El certificado de buenas prácticas, no oficial y del que se desconocen los parámetros analizados supone, y así se 'vende' a las cárnicas, “una herramienta comercial para poder mejorar la imagen de la empresa y disponer de un atributo diferencial en las exportaciones”. Un camino, el de la internacionalización, que Incarlopsa explora en la actualidad. Corea del Sur, Japón, Filipinas, la Unión Europea e incluso China están entre sus objetivos.

Los certificados son "papel mojado y tramposo"

Oyba Valenzuela, miembro de la Comisión de Derecho Animal de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) confirma que “no hay ningún certificado oficial” en nuestro país relacionado con el bienestar animal en los mataderos. Tan solo existe, aclara, normativa europea que se traspone a un Reglamento y que “se queda cojo respecto a determinados animales y situaciones”.

Son, dice, certificados “de buenas prácticas, similares a la ISO” y emitidos en la actualidad por entidades privadas pero “son papel mojado y tramposo porque se paga por ser examinado.Todo se queda en casa y por lo tanto, garantías para los consumidores no hay más allá de lo que haga la comunidad autónoma”.

El derecho animal es todavía muy incipiente”, lamenta Valenzuela, quien cree que “hasta cierto punto la normativa europea se está incumpliendo” y que los respectivos gobiernos “deberían exigir una certificación oficial, a través de organismos certificadores oficiales porque ahora mismo es un negocio”. Sostiene que “es cuestión de voluntad política de cada comunidad autónoma y a veces no la hay”.

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