Más de veinte años después de que entrara en vigor el reglamento europeo que regula el transporte de animales vivos, más de medio centenar de organizaciones, profesionales y personas expertas piden al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que España no deje pasar la oportunidad de cambiarlo. La norma sigue vigente mientras la ciencia, la ciudadanía y la propia Comisión Europea reconocen que es hora de actualizarla.
La carta, dirigida al ministro, pide que España asuma un papel activo en las negociaciones europeas y defienda medidas concretas. Entre las principales demandas figuran la reducción de los tiempos de viaje, más espacio para cada individuo, una mayor protección frente a temperaturas extremas y garantías específicas para los animales más vulnerables.
La Comisión Europea presentó su propuesta de reforma en diciembre de 2023. Ofrece, según las entidades firmantes, una oportunidad decisiva para actualizar los requisitos. Pero la paradoja es evidente: una norma que lleva más de dos décadas sin renovarse puede volver a quedarse corta si las decisiones que se adopten ahora no se traducen en mejoras reales para los animales.
"Una norma que lleva más de veinte años en vigor no puede actualizarse a medias. Lo que decida España en la negociación europea marcará la diferencia entre animales que viajan en mejores condiciones y una reforma que se queda en el papel", expresa Cristina Ibáñez, abogada y responsable de asuntos políticos de AnimaNaturalis.
Cuando la ciencia y la calle coinciden
La petición no nace en el vacío. Las recomendaciones científicas publicadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2022 identificaron la necesidad de mejorar aspectos como el espacio disponible, la exposición a temperaturas que provocan estrés térmico y la duración de los viajes.
La demanda ciudadana apunta en la misma dirección. Según el Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre bienestar animal de 2023, el 91 % de las personas encuestadas en España considera importante proteger el bienestar de los animales de granja. Además, el 81 % quiere que se limite el tiempo de transporte de animales vivos.
El respaldo a la carta reúne a entidades de protección animal y a personas con experiencia en veterinaria, investigación, bienestar animal y derecho. Esa pluralidad refuerza una idea concreta: la futura normativa debe basarse en la evidencia científica, responder a las expectativas de la ciudadanía y ofrecer reglas claras y aplicables.
Esa última condición, la aplicabilidad, es especialmente relevante desde el punto de vista jurídico. "Una norma solo protege cuando es clara y puede exigirse. Por eso pedimos límites efectivos y garantías concretas, no declaraciones de intenciones que cada operador pueda interpretar a su manera", señala Ibáñez.
A estas voces se suman las 1.835 adhesiones ciudadanas reunidas en apenas 10 días a través de la ciberacción de AnimaNaturalis. Son firmas de personas que, según el planteamiento de la iniciativa, quieren que el Gobierno traslade a Bruselas lo que la sociedad ya piensa.
Siete principios, una sola dirección
La carta no se limita a pedir «más protección». Pide que España defienda siete principios en las negociaciones europeas. El primero es reducir significativamente la duración de los viajes y establecer límites efectivos. El segundo, garantizar espacio suficiente y condiciones adecuadas de ventilación, temperatura, agua, alimentación y descanso.
El tercero exige evitar el transporte cuando las temperaturas extremas puedan comprometer el bienestar de los animales. El cuarto pide reforzar la protección de los individuos vulnerables y evitar que viajen aquellos que no sean aptos para hacerlo.
El quinto propone mejorar los controles y la trazabilidad durante todo el trayecto, incluidas las exportaciones a terceros países. El sexto plantea facilitar la adaptación del sector mediante apoyo técnico, instrumentos financieros y plazos proporcionados.
El séptimo principio mira más allá del propio viaje: favorecer alternativas al transporte de animales vivos a larga distancia para reducir la necesidad de que millones de individuos recorran largas distancias antes de ser matados.
Las entidades firmantes no ignoran las dificultades. Reconocen que la adaptación requiere inversiones y cambios operativos. Pero sostienen que esas dificultades deben abordarse con medidas de apoyo, y no utilizarse para justificar una protección insuficiente.
"Nadie niega que el sector necesite tiempo y herramientas para adaptarse. Lo que no puede ocurrir es que ese tiempo se convierta en la excusa para que los animales sigan esperando", añade Ibáñez.
La petición se ha cerrado, la campaña sigue
La reforma se decidirá en el Consejo de la Unión Europea, y la posición que defienda España importa. Las organizaciones y personas adheridas piden a Planas que el Gobierno sostenga una postura ambiciosa y contribuya a que el acuerdo final garantice una protección efectiva, con normas claras y condiciones viables para su aplicación.
La ciberacción ya ha cerrado, pero tú puedes seguir empujando. Comparte la iniciativa con tu familia, tus amistades y tus redes, y cuenta por qué el transporte de animales vivos a largas distancias necesita límites reales. Cuantas más personas conozcan la campaña, más difícil será que el asunto pase inadvertido.
Si quieres que esta labor continúe, también puedes hacerte socio o socia de AnimaNaturalis o realizar una donación. Cada aportación permite sostener campañas como esta, que llevan la evidencia científica y la voz de la ciudadanía hasta quienes toman las decisiones. "Las 1.835 firmas demuestran que la ciudadanía quiere un cambio. Ahora toca que el Gobierno esté a la altura de esa petición y de la oportunidad que tiene delante", afirma Ibáñez.
Una normativa con más de dos décadas de vigencia, millones de animales transportados cada año y 1.835 firmas en solo 10 días. La oportunidad de actualizar el reglamento está sobre la mesa, y de la posición de España dependerá que veinte años más tarde no tengamos que volver a pedir lo mismo.
