En agosto de 2025, el Ayuntamiento de Huesca lanzó una campaña informativa dirigida a la ciudadanía sobre su Proyecto CER, el método de Captura, Esterilización y Retorno que la ley exige aplicar a los gatos comunitarios. Un año después, esa misma administración que se dedicó a explicar en qué consiste el método no lo ha puesto en marcha: no hay esterilizaciones suficientes, no hay atención veterinaria estable y no existe el centro de acogida que había prometido. La paradoja es exacta: se sensibiliza a la población sobre una gestión que la propia institución no ejecuta.
"En Huesca llevamos meses viendo cómo el Ayuntamiento anuncia campañas informativas sobre el método CER mientras, sobre el terreno, las colonias siguen sin la esterilización suficiente, sin atención veterinaria y sin el centro de acogida que se prometió. No se puede sensibilizar a la ciudadanía sobre una gestión que la propia administración no está ejecutando", declara Jose Pomar, portavoz de AnimaNaturalis.
La denuncia no nace del vacío legal, sino de su incumplimiento. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entró en vigor hace tres años y no deja margen a la interpretación en este punto: su artículo 39.1 atribuye expresamente a la administración municipal la gestión de las colonias felinas, y su artículo 38 exige articular esa gestión mediante el método CER, con censo, identificación y control poblacional progresivo. Huesca tiene, sobre el papel, todas las herramientas normativas para resolver el problema. Sobre el terreno, según denuncian las entidades convocantes, esas herramientas siguen sin usarse.
Una ley de 2023 que ningún ayuntamiento pequeño parece aplicar
Huesca no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, el pasado 6 de septiembre, decenas de plataformas, protectoras y personas voluntarias se manifestaron de forma simultánea en 38 puntos de España bajo el lema "Los gatos tienen ley", para reclamar la aplicación real de la Ley 7/2023 tres años después de su entrada en vigor. Aquellas movilizaciones pusieron de manifiesto que la mayoría de los ayuntamientos —especialmente los de municipios pequeños y medianos— incumplen sus obligaciones legales en materia de colonias felinas, dejando la gestión en manos de protectoras y particulares pese a que la ley reserva esa competencia a la administración local.
La concentración de este domingo en Huesca se inscribe en ese mismo patrón: una ciudad que anuncia campañas informativas pero no las dota de recursos, y una administración que traslada, de facto, una obligación legal propia a quienes menos medios tienen para asumirla. El problema no es de vacío normativo, sino de ejecución. Y esa distinción importa: no se está pidiendo una ley nueva, sino el cumplimiento de una que ya lleva tres años en vigor.
Quienes sostienen lo que el ayuntamiento no sostiene
Mientras la administración retrasa la implantación del método CER, el peso del cuidado diario de los gatos comunitarios de Huesca recae sobre entidades protectoras y personas voluntarias que, sin obligación legal alguna, cubren con su tiempo y su propio dinero lo que la Ley 7/2023 atribuye expresamente al Ayuntamiento. Es un desequilibrio que se repite en el resto del país allí donde la norma no se aplica: la responsabilidad legal es municipal, pero el coste real —económico, físico y emocional— lo asumen particulares.
AnimaNaturalis y PACMA reclaman al Ayuntamiento de Huesca cuatro medidas concretas: la implantación real y efectiva del método CER en todas las colonias de la ciudad, esterilizaciones continuadas y suficientes para garantizar el control poblacional, atención veterinaria estable para los gatos comunitarios, y recursos adecuados junto con una coordinación efectiva con las entidades y personas que gestionan las colonias sobre el terreno. Son, en esencia, las mismas obligaciones que ya recoge la ley desde 2023: la exigencia no es nueva, es su cumplimiento lo que sigue pendiente.
Otros municipios que sí han dotado de personal, presupuesto y continuidad a sus programas CER demuestran que la gestión responsable de las colonias felinas no es una aspiración inalcanzable, sino una cuestión de voluntad política y recursos asignados. Donde existe ese compromiso sostenido en el tiempo, el control poblacional funciona y el bienestar de los gatos comunitarios deja de depender de la generosidad de unos pocos.
Lo que Huesca decida hacer ahora
Tú también puedes sumar tu voz a esta exigencia: comparte esta denuncia, súmate a las próximas concentraciones convocadas por la plataforma "Los gatos tienen ley" y exige a tu propio ayuntamiento que cumpla la Ley 7/2023 allí donde vivas. La presión ciudadana es, hoy por hoy, la principal herramienta para que administraciones como la de Huesca dejen de anunciar campañas vacías y empiecen a ejecutar lo que la ley les obliga desde hace tres años.
"Mientras el Ayuntamiento no asume su responsabilidad, quienes sostienen a diario el bienestar de estos animales son las entidades protectoras y las personas voluntarias, que ponen su tiempo y su propio dinero para cubrir lo que la ley dice que corresponde a la administración local. Eso no es sostenible ni es legal", añade Pomar.
La campaña informativa que el Ayuntamiento de Huesca lanzó en agosto de 2025 prometía sensibilizar a la ciudadanía sobre el Proyecto CER. Un año después, frente a su propio consistorio, más de 50 personas se encargaron de recordarle que sensibilizar no sustituye a gestionar, y que los gatos comunitarios de la ciudad siguen esperando lo que la ley —y el propio Ayuntamiento— llevan tres años prometiendo.
Hazte socio o socia de AnimaNaturalis y ayúdanos a seguir exigiendo, ciudad por ciudad, que las administraciones cumplan la Ley 7/2023 en materia de colonias felinas.
