¿Por qué la derecha española odia a los animales?

Hay una escena en Chinatown (1974) en la que Jake Gittes descubre, demasiado tarde, que la sequía que estrangula un valle entero no es un accidente del clima: es una decisión tomada por hombres con nombre y apellido, en un despacho, mucho antes de que el primer campo se agrietara. "Olvídalo, Jake, es Chinatown", le dicen al final, como si la magnitud de la trama volviera absurdo preguntar por los responsables. Llevo meses con esa frase en la cabeza cada vez que leo un presupuesto autonómico español. Porque el sufrimiento animal en este país tampoco es un accidente. Tiene partida presupuestaria, tiene fecha de aprobación en un pleno, tiene nombre de consejero que la defendió con la boca llena de la palabra "tradición". Y a diferencia de Jake Gittes, nosotros sí podemos preguntar por los responsables. Empecemos por quienes gobiernan hoy la mayoría del mapa, y terminemos por quienes, gobernando ayer, tuvieron la oportunidad de hacerlo distinto y prefirieron no molestar a nadie.

Los toros

En 2024, el Gobierno de Extremadura —PP con los votos de Vox— multiplicó por más de ocho el dinero destinado a difundir la cultura taurina: de 86.000 a casi 800.000 euros. No les bastó. En 2026 volvieron a multiplicarlo, esta vez casi por seis respecto al año anterior, hasta 1,78 millones, y anunciaron que tramitarían la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, una figura que blinda jurídicamente la actividad frente a cualquier ayuntamiento futuro que se atreviera a pensar distinto. Setecientos mil euros de ese dinero van directos a la Fundación Toro de Lidia, que el año anterior había recibido apenas 69.000. Hagan la resta: no es un incremento, es una decisión de Estado en miniatura, repetida región tras región como si alguien hubiera repartido el mismo guion.

En Aragón, la coalición de PP, Vox y el Partido Aragonés triplicó las subvenciones a las escuelas taurinas —de 10.000 a 30.000 euros— mientras el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP con el sostén imprescindible de Vox, duplicaba su propia ayuda a una escuela taurina municipal —de 20.000 a 40.000 euros— en el mismo año en que cerraba siete espacios juveniles de la ciudad. Léanlo dos veces si hace falta: cerraron zonas jóvenes y abrieron la caja para enseñar a otros jóvenes a clavar un estoque. Esas escuelas apenas reúnen unas decenas de alumnos en toda la comunidad y no ofrecen ninguna titulación homologada. No están formando a nadie para el futuro. Están pagando, con dinero de todos, la resurrección artificial de algo que el mercado, dejado a su suerte, llevaría tiempo dejando morir.

Y luego está la infancia, que es donde esta historia deja de ser solo sobre dinero. En 2017 el Parlamento balear prohibió la entrada de menores a las corridas de toros, siguiendo la recomendación explícita que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU había hecho a España un año antes: proteger a la infancia de "los efectos nocivos" de presenciar esa violencia. En octubre de 2024, PP y Vox derogaron esa prohibición en el Parlamento balear. El diputado de Vox que lideró la reforma lo llamó, sin ironía aparente, "un triunfo de la cultura y la libertad". Diez meses después, en agosto de 2026, se promocionaban entradas infantiles a nueve euros para una corrida en Palma, ciudad que ostenta, al mismo tiempo, el sello oficial de "Ciudad Amiga de la Infancia". Cuando el Ministerio de Juventud e Infancia intentó en enero de este año blindar estatalmente esa protección a través de la reforma de la LOPIVI, el veto se cayó del anteproyecto porque la competencia es autonómica. Es decir: la protección de un niño frente a la violencia depende de qué color gobierne su comunidad ese año. Vuelvan a leer esa frase. Yo tuve que hacerlo tres veces.

¿Y quién paga la retransmisión de todo esto? Telemadrid pasó de gastar 1.452.830 euros en toros en 2024 a 3.102.500 en 2025 —un 113% más— para poder emitir, por primera vez en su historia, la Feria de San Isidro completa. En la comisión de control de mayo de 2026, su director general confirmó que había vuelto a duplicar esa cifra, con un coste medio por festejo que había subido un 54%. Aragón TV, tras diez años sin emitir una sola corrida, las retomó en 2024 por decisión de Jorge Azcón (PP) con el respaldo de Vox. AnimaNaturalis lo ha documentado con precisión quirúrgica: esta inyección de dinero público a través de las televisiones autonómicas ha crecido de forma especialmente marcada en las comunidades gobernadas por PP y Vox. No es una tradición que se defiende. Es un circuito cerrado que se financia tres veces —subvención a la cría, subvención a la formación, subvención a la difusión— con el único propósito de que nunca deje de girar.

Conviene decir, porque la honestidad exige matices y no solo indignación selectiva, que este circuito no es propiedad exclusiva de PP y Vox. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, destina 1,3 millones de euros anuales a difundir corridas de toros a través de su televisión autonómica, CMM, en una región donde más de 678.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y en Extremadura, antes de que Vox multiplicara la partida por ocho, ya era el PSOE quien sostenía con fondos públicos las escuelas taurinas y las ferias del ganado de lidia: "mecenazgo", lo llamó entonces la propia Junta socialista. La diferencia entre unos y otros no es tan nítida como convendría a un relato cómodo: es una diferencia de intensidad y de convicción, no de principio. Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, lo resume sin rodeos: la insistencia del PP y la falta de oposición del PSOE están logrando, juntas, un avance silencioso del dinero público hacia la tauromaquia. Donde el PP y Vox empujan con entusiasmo ideológico, el PSOE, en el mejor de los casos, se abstiene. Volveremos sobre esto.

La caza

Si hay una actividad donde el respaldo institucional de PP y Vox se mide en hectáreas y no solo en euros, es la caza. Según la Estadística Anual de Caza del Ministerio para la Transición Ecológica, de los algo más de 50 millones de hectáreas que conforman el territorio español, 43,1 millones —en torno al 84-85%— están clasificadas como terreno cinegético. Es una cifra que conviene dimensionar: España dedica a la caza una superficie mayor que la de Alemania y Dinamarca juntas. Castilla y León concentra la mayor extensión, con más de 8,3 millones de hectáreas, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha; en La Rioja y en la provincia de Teruel, la superficie cinegética supera el 95% del territorio provincial. No hablamos, por tanto, de una actividad marginal que sobrevive en los márgenes del país, sino de la forma de ocupación del suelo rural más extendida de España, con un respaldo institucional que ha ido creciendo: en 2012 había 40 millones de hectáreas dedicadas a la caza; una década después, más de 42,7 millones. El territorio cinegético no se ha reducido en la España reciente. Ha crecido.

Sobre esa base territorial, los gobiernos de PP y Vox han añadido en los últimos años un segundo nivel de fomento: la gratuidad. En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco —con el apoyo parlamentario de Vox— aprobó en noviembre de 2023 una ley que bonifica al 100% las tasas de las licencias de caza y pesca, ampliando además su periodo de validez de uno a cinco años; la prórroga se ha renovado sucesivamente hasta 2027, de modo que quien saque su licencia hoy puede cazar gratis en la comunidad, en la práctica, hasta 2030. La misma ley rebajó de forma drástica las tasas veterinarias que pagan los ganaderos, y ambas medidas se presentaron juntas como respuesta a la crisis del sector rural. En Extremadura, la Junta de María Guardiola anunció en agosto de 2026 la digitalización de la licencia de caza, gratuita e inmediata, con capacidad para tramitar a más de 50.000 personas directamente desde el móvil. Estas bonificaciones no sustituyen a otras ya existentes por edad o discapacidad en comunidades como Andalucía, Aragón o el País Vasco: se suman a ellas. El efecto acumulado es que, en buena parte del mapa español, cazar ha dejado de tener un coste económico apreciable para quien lo practica, mientras esa misma renuncia a la recaudación se financia con presupuesto público.

El tercer nivel, el más difícil de justificar con cualquier criterio de gestión ambiental, es la autorización de caza en terrenos que acaban de arder. La Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León prevé, como referencia general, un plazo de cinco años sin actividad cinegética en las zonas incendiadas, tiempo mínimo que los técnicos forestales consideran necesario para que el ecosistema se recupere. En febrero de 2026, la Junta de Castilla y León —PP con el apoyo de Vox— levantó esa suspensión en las zonas de la provincia de León arrasadas por los incendios de agosto de 2025, que quemaron 135.481 hectáreas, casi el 10% de toda la superficie forestal leonesa. La resolución autoriza cazar jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés a partir del 1 de abril de 2026: apenas siete meses después de los incendios, no los cinco años que marca la propia ley autonómica. El argumento oficial —que la fauna silvestre "daña la regeneración natural" del monte quemado y que la caza ayuda, por tanto, a esa regeneración— no ha sido respaldado por un consenso técnico comparable al que sí sostiene el plazo original de cinco años, y varias organizaciones ecologistas han anunciado recursos judiciales por anteponer, en su lectura, la recuperación de la actividad cinegética a la de las especies que sobrevivieron al desastre. La propia Junta, además, ha incluido entre sus ayudas de emergencia a los damnificados por los incendios una partida específica para compensar a los cotos de caza afectados por la pérdida de ingresos, y otra para los ayuntamientos que dejen de percibir derechos de caza mientras dure la suspensión: es decir, el sector cinegético recibe compensación económica por la breve pausa y, además, autorización para reanudar la actividad antes de lo que su propia norma prevé.

El cuarto nivel es la incorporación de la caza al ámbito escolar. En octubre de 2025, PP y Vox aprobaron en Les Corts Valencianes una proposición para que el Gobierno de Carlos Mazón impulse la caza como actividad extraescolar en los colegios de la Comunidad Valenciana: charlas y programación de intervenciones en los centros educativos, cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos y talleres didácticos, además de bonos y precios especiales para facilitar el acceso de menores a cacerías y tiradas deportivas. El diputado de Vox que defendió la medida la justificó como una forma de "fomentar una cultura de caza responsable que facilite el relevo generacional". La iniciativa no nace de la nada: federaciones autonómicas de caza en Andalucía y la Comunidad Valenciana ya ofrecen desde hace años talleres de cetrería y "escuelas de caza y naturaleza" dirigidas a centros escolares, con diplomas y camisetas de "futuro cazador" para los niños que repiten año tras año. Lo que cambia con la decisión valenciana es el respaldo institucional explícito: un parlamento autonómico pidiendo formalmente a su gobierno que la actividad cinegética entre en el sistema educativo, con fondos y programación oficial, en la misma comunidad y en el mismo otoño en que sus bosques acababan de sufrir una de las temporadas de incendios más graves de su historia reciente.

Cuatro decisiones, cuatro comunidades distintas, un mismo patrón: más territorio disponible, menos coste para acceder a él, menos tiempo de espera tras una catástrofe ecológica y más puertas de entrada para la siguiente generación. Ninguna de ellas, por separado, resultaría alarmante. Juntas describen una política deliberada de expansión de la actividad cinegética que no tiene equivalente, en intensidad ni en coordinación entre comunidades, en ningún otro ámbito del bienestar animal donde estos mismos gobiernos han actuado.

El lobo

En 2021, España incluyó al lobo ibérico en el listado de especies protegidas en todo el territorio, reconociendo lo que la ciencia lleva décadas repitiendo: su papel como especie reguladora del ecosistema pesa más que el número exacto de ejemplares. El 20 de marzo de 2025, el PP coló una enmienda —con los votos de Vox, Junts y el PNV— en una ley que, atención, regula el desperdicio alimentario. Nada que ver con el lobo. Ese fue el vehículo elegido, precisamente, para evitar el debate técnico que una ley específica habría exigido. El Defensor del Pueblo lo señaló sin rodeos en su recurso ante el Constitucional: es "significativo" que se usara una norma ajena a la materia en lugar de la vía ordinaria.

El resultado tiene números: Cantabria autorizó la caza de 41 ejemplares, cerca de un 20% de su población regional. Asturias, hasta 53. La Rioja y Galicia reintrodujeron al lobo en sus órdenes de veda. Todo esto mientras el último censo oficial —333 manadas, entre 1.600 y 1.700 lobos— sigue muy por debajo de las 500 manadas que los propios científicos del Ministerio consideran el umbral mínimo de viabilidad genética, y mientras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2024 establece, sin ambigüedad, que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en todo él. Da igual. Varias comunidades autónomas defendieron ante la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural que el lobo estaba en estado "favorable". Cuando el dato incomoda, no se discute el dato: se cambia de comisión, de ley, de relato.

El agua

Y aquí vuelvo a Chinatown, porque la historia de Doñana es exactamente esa película, rodada en español y con final todavía abierto. En agosto de 2022 la UICN suspendió el certificado de Lista Verde del parque. Ocho meses después, a tres meses de las elecciones municipales, PP y Vox registraron en el Parlamento andaluz una ley para ampliar el regadío en la corona norte de Doñana. Se aprobó en septiembre de 2023, tumbando cada enmienda ecologista. WWF, con teledetección avalada judicialmente, calculó después que el aumento real de superficie regable fue de 1.903,7 hectáreas —casi un 20% más de lo que el propio Gobierno andaluz decía— sobre suelos forestales y de secano, en una comarca donde, cito textualmente su informe, "no existen recursos hídricos disponibles, ni superficiales ni subterráneos". El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla leyó su victoria electoral en Huelva como un plebiscito a favor de esa ley. Ganó la Diputación que el PSOE gobernaba desde 1977.

Aquí no hablamos de un festejo puntual ni de una especie concreta. Hablamos de la desecación progresiva del ecosistema del que dependen decenas de especies silvestres. Por supuesto que el águila imperial y el lince ibérico, que dependen de ese humedal para existir, no tienen derecho a voto.

El fuego

Este verano de 2026, con más de 150.000 hectáreas quemadas desde enero y con Madrid, Ávila, Toledo y Castellón declaradas zona de emergencia nacional, hemos visto algo nuevo: el negacionismo climático ha dejado de ser un rasgo diferencial de Vox para convertirse en el idioma común del PP allí donde gobierna. "Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión", dijo una portavoz popular. "Brocha gorda", dijo Isabel Díaz Ayuso, reclamando "dificultades para limpiar los montes" —un argumento que, por cierto, es falso: la ley que exige esos planes de gestión forestal la aprobó un Gobierno del propio PP en 2003—. Michel Foucault escribió que el poder no solo reprime, también decide qué cuenta como pregunta legítima. Cuando un gobierno autonómico llama "fanatismo" a la evidencia científica sobre el clima, no está discrepando de un dato. Está fijando, desde la Presidencia, qué preguntas pueden hacerse en público y cuáles quedan descalificadas de antemano.

Fuentes de Vox consultadas por la prensa hablan de una "sintonía creciente" con el PP en este terreno. Lo relevante no es solo el contenido del argumento —que la ciencia del clima contradice de forma sistemática—, sino su función política: cada hectárea de monte que se entiende como problema de "gestión" y no de emergencia climática es una hectárea menos de hábitat que se protege con la urgencia que merece, y cada animal silvestre que pierde su territorio en un incendio agravado por la sequía y las temperaturas extremas es una consecuencia que este discurso hace, literalmente, invisible.

Los perros

La Ley 7/2023 de bienestar animal excluye a los perros de caza de su protección. Y aquí conviene ser precisos, porque la precisión es lo único que distingue el periodismo del panfleto: esa exclusión no la impuso el PP ni Vox, que de hecho votaron en contra de la ley completa. La introdujo el propio PSOE, en plena tramitación y contra el criterio de su socio de coalición, Unidas Podemos, buscando —según reconocieron desde el propio Ministerio de Agricultura— una legislación "propia" para las rehalas y los perros de caza, y con ella, el voto rural. Fue un pulso que el PSOE sostuvo contra sus propios socios de investidura hasta el último minuto: Unidas Podemos llegó a presentar votos particulares para tumbar la enmienda en el propio pleno, y solo cedió cuando la alternativa era ver caer toda la ley. La entonces ministra Ione Belarra lo dijo desde la tribuna con una franqueza poco habitual: habían llegado tan lejos como pudieron, y menos de lo que les hubiera gustado. Más de medio centenar de organizaciones pidieron retirar la norma si se mantenía esa exclusión. La ley acabó aprobándose con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y la CUP; en contra votaron PP, Vox, PNV y también Ciudadanos, que sumó su rechazo al de la derecha sin que ese gesto respondiera, en su caso, a ninguna reivindicación proteccionista: simplemente no la apoyó.

Lo que sí sostiene el patrón, año tras año, es lo que pasa después de la temporada de caza: aumenta entre un 10-15% el número de abandonos (y animales sacrificados), según la proyección de las protectoras —ya que un censo oficial de abandono de perros de caza no existe, sólo un estudio anual de la Fundación Affinity que cifra en 169.000 los perros abandonados al año (2025)—. Galgos ahorcados en almendros con las patas traseras rozando el suelo. Perros dejados sin comida cuando dejan de correr lo bastante rápido. Es la cara silenciosa de todo lo anterior: donde la actividad cinegética recibe respaldo institucional sostenido —y ese respaldo, como acabamos de ver, no distingue tanto de colores como nos gustaría creer— y el animal individual queda fuera de cualquier paraguas legal, el sufrimiento no se discute en un pleno. Se pudre en una cuneta, sin cámaras.

El PSOE o el arte de abstenerse

Hasta aquí, este texto ha señalado con nombre y apellido a PP y Vox, porque son quienes hoy gobiernan la mayoría del territorio y quienes han convertido la expansión de la caza, el blindaje de la tauromaquia y el negacionismo climático en política de Estado en miniatura, comunidad tras comunidad. Pero sería una forma de mentir por omisión —la misma que denuncio en cada uno de estos apartados— cerrar el texto sin mirar también hacia la izquierda que gobierna, o que ha gobernado, el resto del mapa.

El patrón del PSOE en materia animal no es el de PP y Vox: no hay entusiasmo ideológico, no hay discursos sobre "tradición" o "libertad cultural", no hay presupuestos multiplicados por seis. Lo que hay, con notable regularidad, es la ausencia. Cuando el PSOE gobierna en solitario, tiende a mantener el statu quo antes que a moverlo: financia tauromaquia donde ya se financiaba —Castilla-La Mancha, la Extremadura anterior a Vox—, y cuando llega el momento de votar leyes de protección animal en solitario, sin nadie que le empuje desde dentro del propio Gobierno, su comportamiento habitual es la abstención, no la oposición activa pero tampoco el impulso. Solo avanza, y esto es lo revelador, cuando la presión de sus socios de coalición se lo exige como condición de gobernabilidad. Así fue con la propia Ley 7/2023: sin la insistencia de Unidas Podemos, ERC y Bildu —y sin el riesgo real de perder la primera ley de la legislatura por la que se había comprometido en el pacto de coalición—, es difícil imaginar al PSOE tramitando en solitario una norma de bienestar animal de ese calado.

Y así fue, sobre todo, con el precedente más elocuente de todos: en 2017, el Parlamento balear —con PSOE, Més per Mallorca y Podemos— aprobó una ley que prohibía picar, banderillear y matar al toro en las corridas de las islas. Fue, durante un año, un avance real: en 2018 no se celebró ni una sola corrida de toros en Baleares. Pero esa ley nunca fue una convicción propia del PSOE sostenida con fuerza suficiente para blindarla: fue el resultado de una correlación de fuerzas dentro de un gobierno de coalición, y como toda correlación de fuerzas, resultó reversible. El Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional, y a finales de 2018 un tribunal dividido —con cuatro votos particulares en contra— la anuló parcialmente, devolviendo a Baleares la obligación legal de matar al toro en cada festejo. La lección no es solo sobre el PP, que hizo exactamente lo que cabía esperar de él. Es también sobre el PSOE: una conquista que solo existe cuando alguien más la sostiene desde fuera no es una conquista asentada, es un préstamo. Y los préstamos, en política, los cobra quien tiene el poder de hacerlo.

¿Y qué hay de la derecha no ultra —el PP fuera de sus alianzas con Vox, o el extinto Ciudadanos— en todo esto? Busqué, con la misma exigencia de rigor que aplico al resto de este texto, algún gesto sostenido de sensibilidad animalista que mereciera reconocerse. Lo que encontré fue, sobre todo, lo contrario: Ciudadanos votó en 2023 contra la primera Ley de Bienestar Animal del Estado, en el mismo bloque que PP, Vox y PNV. En Zaragoza, PP y Ciudadanos votaron en 2018 en contra de una ordenanza municipal que prohibía instalar circos con animales, y un año después su propio equipo de gobierno estudió abiertamente conceder la licencia a uno de esos circos pese a que la norma municipal lo impedía. El único gesto en sentido contrario que he encontrado es aislado y anterior: en 2019, Ciudadanos y el Partido Aragonés propusieron, en la reforma de la ley autonómica de protección animal, prohibir los circos con cualquier tipo de animal —una posición más avanzada, en ese punto concreto, que la del propio PSOE, que la rechazó junto al PP y CHA—. Es un dato real, y me parece importante no borrarlo por incómodo que resulte para el relato. Pero un episodio suelto, sobre una única cuestión y sin continuidad posterior, no constituye un patrón: no he encontrado, ni a nivel estatal ni de forma sostenida en ninguna comunidad autónoma, una trayectoria de PP o Ciudadanos comparable, aunque fuera en sentido contrario, a la que Vox mantiene con la tauromaquia y la caza. La honestidad obliga a decirlo así: la hipótesis de una sensibilidad animalista del centroderecha no ultra, verificada a la luz de lo que existe hoy, no se sostiene como tendencia. Existe, como mucho, como excepción.

Lo que ya sabemos que viene

No hace falta imaginar nada. Basta con sumar lo que ya han hecho, comunidad por comunidad, y proyectarlo sobre el mapa entero. Si en 2027 gobiernan España con la misma lógica que ya aplican donde tienen el poder de decidir, esto es lo que la memoria —no la imaginación— permite anticipar: una Ley de Bienestar Animal vaciada hasta la irrelevancia; la tauromaquia blindada como Bien de Interés Cultural nacional y su presupuesto multiplicado como en Extremadura; el veto a la entrada de menores derogado donde aún resista, como en Baleares; el lobo fuera del listado de especies protegidas en todo el territorio, no solo al norte del Duero; nuevas leyes de "flexibilización" para zonas periféricas de parques naturales, calcadas de la de Doñana; el discurso del "fanatismo climático" instalado en Moncloa; menos inspecciones en granjas industriales por "aligerar cargas"; recortes en esterilización y gestión de colonias felinas trasladados sin compensación a los ayuntamientos; una ley de caza estatal más permisiva; el Seprona y las fiscalías ambientales adelgazadas por "racionalización del gasto"; RTVE retransmitiendo San Isidro con el mismo entusiasmo presupuestario que hoy tiene Telemadrid; y los organismos consultivos de biodiversidad cediendo su silla a representantes del sector cinegético y taurino, tal como ya ocurrió con el lobo en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural.

Un gobierno de PP y Vox en Moncloa a partir de 2027, aplicando a escala nacional lo que ya aplican donde gobiernan, probablemente traería:

1. La derogación o el vaciamiento de la Ley 7/2023 de bienestar animal, o como mínimo la ampliación de sus exclusiones —caza, ganadería intensiva, animales de trabajo— hasta dejarla en poco más que una norma sobre mascotas urbanas.
2. La declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural a escala estatal, blindándola frente a cualquier ayuntamiento o comunidad que quisiera prohibirla o restringirla en el futuro, y la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia suprimido en 2024.
3. Un presupuesto estatal para tauromaquia multiplicado, replicando a escala nacional los incrementos del 500% al 800% ya vistos en Extremadura y Aragón, con RTVE retomando la retransmisión sistemática de festejos taurinos.
4. La eliminación del veto a la entrada de menores en corridas de toros allí donde todavía exista, siguiendo el precedente balear de 2024, con el argumento de la "libertad cultural" frente a la protección de la infancia.
5. La salida del lobo del listado de especies protegidas en todo el territorio, no solo al norte del Duero, ampliando los cupos de caza que ya se aplican en Cantabria y Asturias al resto de comunidades con presencia de la especie.
6. Una revisión a la baja de la Red de Parques Nacionales y las figuras de protección ambiental, con nuevas leyes de "flexibilización" de usos agrícolas o urbanísticos en sus zonas periféricas, siguiendo el modelo de los regadíos de Doñana.
7. La paralización o reversión de la agenda climática estatal: salida de facto del espíritu del Pacto Verde europeo en las políticas nacionales, recortes en los planes de prevención de incendios y adaptación al cambio climático, y normalización institucional del discurso que atribuye los incendios a la "mala gestión forestal" y no a la crisis climática.
8. Menos inspecciones y sanciones en materia de bienestar animal en granjas industriales, bajo el argumento de "aligerar cargas burocráticas" al sector primario.
9. Recortes en la financiación pública a la esterilización, identificación y gestión de colonias felinas y perros abandonados, trasladando esa carga a los ayuntamientos y a las protectoras sin compensación proporcional.
10. Una ley de caza más permisiva a escala estatal, ampliando los periodos hábiles, los métodos autorizados y las especies cinegéticas, con el argumento del "control poblacional" y el "arraigo rural".
11. El desmantelamiento o la reducción presupuestaria de las unidades del Seprona y de las fiscalías especializadas en delitos contra el medio ambiente y el maltrato animal, por la misma vía de "racionalización del gasto" ya aplicada a la cooperación internacional en Extremadura.
12. Más televisiones públicas autonómicas —y potencialmente la propia RTVE— destinando presupuesto creciente a la promoción taurina, replicando el patrón de Telemadrid y Aragón TV, mientras se recortan otras partidas culturales o juveniles.
13. Una desaceleración o paralización de la transición hacia energías renovables en suelo rústico y natural, bajo el argumento de proteger el paisaje y la actividad agroganadera tradicional, con el efecto colateral de mantener mayor dependencia de fuentes que agravan la crisis climática que afecta a la fauna silvestre.
14. El reforzamiento legal de los cotos de caza y las rehalas frente a los intentos municipales o autonómicos de limitarlos, en la misma lógica de blindaje jurídico ya aplicada a la tauromaquia.
15. Una desaparición o marginación institucional de las voces técnicas y científicas —biólogos, veterinarios, climatólogos— en los organismos consultivos de medio ambiente y bienestar animal, sustituidas por representantes directos de los sectores cinegético, ganadero y taurino, siguiendo el patrón ya visto en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad respecto al lobo.

Nada de esta lista es una hipótesis. Es aritmética aplicada a la memoria reciente. Y conviene no engañarse tampoco sobre la alternativa: un gobierno del PSOE que sustituya a este no traería, por sí solo, ninguno de estos avances por decreto propio. Traería, en el mejor de los casos, la ausencia de este retroceso concreto, y la necesidad de que alguien —dentro o fuera del Parlamento— siguiera empujando para que la abstención no fuera, de nuevo, la respuesta por defecto.

Ayer caminé un par de horas por el monte, como hago cuando necesito que el cuerpo procese lo que la cabeza ya entendió. Vivo a quince minutos de Collserola, y hace unas semanas la Generalitat cerró parte de sus accesos: apareció peste porcina africana en los jabalíes de la sierra, muy cerca del laboratorio de la UAB que trabaja precisamente con ese virus. Nadie ha confirmado todavía el origen del brote —la posible fuga del laboratorio sigue bajo investigación—, pero lo que ya es un hecho, mientras se investiga, son los operativos que están matando a esos jabalíes uno por uno, no por lo que ellos hicieron, sino para blindar un perímetro de granjas porcinas que sí cuentan, en la contabilidad de alguien, como una pérdida económica real. El jabalí no cuenta. El cerdo de granja, tampoco: solo cuenta el margen económico que representa. Pensé en eso mientras caminaba, y pensé también en el lobo de Cantabria, con un cupo fijado en un despacho antes de que empezara la temporada, exactamente igual que la sequía de Chinatown se decidió antes de que se agrietara el primer campo. La diferencia entre esa película y esto es que aquí no hace falta un detective para encontrar al responsable. Basta con leer un decreto de contingencia, un presupuesto autonómico, un acta de pleno. Basta con preguntar quién decidió qué, y cuándo, y en nombre de qué balance —y no detenerse cuando la respuesta señala también hacia el lado del tablero que uno preferiría dejar en paz. Esa pregunta, a diferencia de la de Jake Gittes, sí tiene respuesta. Sigamos haciéndola.