El 19 de septiembre de 2025, durante la Feria des Vendanges de Nimes, el influencer francés Jeremstar saltó al ruedo pocos segundos después de que un toro agonizara tras haber sido apuñalado repetidamente. Desplegó un cartel. Fue detenido, retenido casi 48 horas en comisaría y acusado de interrumpir un evento deportivo. Cuatro activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) fueron imputados junto a él.
La defensa construyó su argumento sobre una premisa aparentemente simple: si la tauromaquia no está legalmente reconocida como deporte en Francia, no puede haberse interrumpido ningún evento deportivo. El 9 de junio de 2026, la jueza del tribunal correccional de Nimes les dio la razón. Los cinco acusados quedaron absueltos. Las arenas de Nimes, concluyó el tribunal, no pueden considerarse una instalación deportiva durante las corridas.
"Este tribunal ha confirmado lo que los defensores de los animales saben desde hace mucho: no hay nada deportivo en atormentar y matar a un animal aterrado para entretener al público", declaró Mimi Bekhechi, vicepresidenta sénior de PETA. Ante el tribunal y frente a él, cientos de personas corearon "¡Pongan fin a la tauromaquia!" El propio Jeremstar resumió el sentido del fallo con una frase: "Hoy, nosotros hemos sido absueltos. Mañana, son los toros quienes deben ser liberados de esta violencia institucionalizada".
"Lo que ha ocurrido en Nimes no es un tecnicismo procesal: es un juez reconociendo que matar a un ser sintiente aterrado ante un público no puede camuflarse de competición", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Y lo que duele es comparar ese avance con lo que está pasando aquí, donde cada año la industria taurina recibe más dinero público mientras menos gente quiere ver corridas".
En España, 700.000 firmas no fueron suficientes
El contraste con la situación española no podría ser más revelador. En octubre de 2025, el Pleno del Congreso de los Diputados votó si admitía a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura', impulsada por unas 200 asociaciones animalistas y avalada por más de 715.000 firmas ciudadanas certificadas. El objetivo era derogar la Ley 18/2013 para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, que desde hace más de una década protege las corridas a nivel nacional e impide que comunidades autónomas y municipios puedan prohibirlas por su cuenta.
La iniciativa reunió más apoyos ciudadanos que la ILP taurina de 2012 que había dado origen a esa misma ley: un 32,91% más de firmas. No fue suficiente. El Partido Popular, Vox y UPN votaron en contra con 169 votos. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había prometido públicamente no hacer "oídos sordos" a más de 715.000 ciudadanos, se abstuvo con 118 votos. La ILP quedó tumbada en su primer examen parlamentario.
El argumento de los promotores no era prohibir las corridas en todo el territorio, sino devolver esa decisión a quienes viven cerca de las plazas. "Quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad", resumió el diputado de Sumar Nahuel González durante el debate. El modelo existe: en 2010, Cataluña aprobó una ley pionera que prohibía las corridas. Las plazas se reconvirtieron en mercados, museos y espacios culturales. La extrema derecha y la derecha la llevaron al Tribunal Constitucional, que terminó anulándola precisamente al amparo de la Ley 18/2013.
Más dinero público, menos público en las gradas
Mientras el debate parlamentario se cerraba en falso, el dinero público seguía fluyendo hacia una industria con asistencia en mínimos históricos. La Comunidad de Madrid ha aprobado para 2026 un presupuesto de 7,2 millones de euros destinados a Asuntos Taurinos, un incremento del 59,7% respecto a los 4,5 millones de 2025. De esa cantidad, 3,7 millones se destinarán a la rehabilitación de la plaza de toros de Las Ventas. Telemadrid presupuestó 3.102.500 euros para retransmisiones taurinas en 2025, un 113% más que el año anterior.
El fenómeno no se limita a Madrid. Las subvenciones públicas destinadas a entidades protaurinas en toda España han pasado de 905.000 euros a más de 2,4 millones en el último año, según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas recogidos por la Fundación Franz Weber. La Junta de Andalucía, por su parte, ha elevado del 50% al 80% su aportación económica a los municipios adheridos a su Red de Municipios Taurinos. Todo ello, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, en un contexto de asistencia a eventos taurinos en mínimos históricos.
"Cuando la industria necesita más dinero público para sobrevivir al mismo tiempo que pierde público, estamos ante una actividad en declive sostenida artificialmente por el erario" , señala Gascón. "No es cultura lo que se financia: es agonía prolongada a costa de todos" .
Lo que el fallo de Nimes abre
La resolución del tribunal francés no prohíbe las corridas, pero erosiona el escudo jurídico que las protege. Al negar que la tauromaquia sea un deporte, el juez cierra la vía penal más habitual para perseguir a quienes protestan en las plazas. En términos prácticos, abre un precedente: si las arenas no son instalaciones deportivas, el marco legal que criminaliza la protesta dentro de ellas pierde su fundamento.
El impacto simbólico es igualmente significativo. Francia carece de una ley nacional que proteja las corridas como patrimonio cultural, a diferencia de España, donde la Ley 18/2013 actúa como escudo frente a cualquier iniciativa local o autonómica. El modelo francés —donde la tauromaquia sobrevive en algunas regiones del sur por tradición local, sin respaldo estatal explícito— es precisamente el punto de llegada que la ILP 'No es mi cultura' reclamaba para España: que cada comunidad pueda decidir por sí misma.
En ese sentido, lo ocurrido en Nimes ilustra una paradoja: un país sin blindaje legal taurino produce fallos que cuestionan la industria, mientras un país con blindaje institucional financia su expansión. Jeremstar saltó al ruedo de una plaza que, según un tribunal, no era una instalación deportiva. En España, esas mismas plazas se rehabilitan con decenas de millones de euros públicos.
El momento de actuar es ahora
Tú que lees esto puedes hacer algo concreto hoy. El fallo de Nimes demuestra que la presión ciudadana y la acción directa transforman el relato público y, con el tiempo, el marco legal. Más de 715.000 personas firmaron en España para que sus representantes escucharan. El PSOE miró hacia otro lado. Pero los procesos no terminan: la derogación de la Ley 18/2013 sigue siendo una tarea pendiente y una demanda creciente.
Compartir este artículo, sumarte a las campañas de AnimaNaturalis, firmar peticiones activas y exigir a tus representantes que se posicionen públicamente son acciones que alimentan la presión necesaria. Cada corrida que se celebra hoy, se celebra con dinero de todos. Cada euro público destinado a financiar la matanza de toros es un euro que no va a educación, sanidad o servicios sociales.
En Nimes, cientos de personas se plantaron frente a un tribunal coreando "¡Pongan fin a la tauromaquia!". Un juez les escuchó. En España, más de 700.000 ciudadanos extendieron su firma. Sus representantes eligieron no hacerlo. La diferencia entre ambos resultados no es geográfica: es de voluntad política. Y esa voluntad se construye, también, con cada persona que decide no mirar hacia otro lado.
