En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue categórico: el convenio firmado entre la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso con la Fundación Toro de Lidia para financiar espectáculos de tauromaquia en 2023 y 2024 no era un convenio de colaboración. Era, en palabras del propio tribunal, "una auténtica subvención" encubierta. El fallo estimó el recurso de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) y anuló el acuerdo por el que el ejecutivo regional había comprometido 1,4 millones de euros de dinero público.
La sentencia fue explícita en sus fundamentos: el convenio omitía, al menos, los principios generales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, recogidos en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones. No fue un tecnicismo. Fue una vulneración sistemática de las reglas que protegen el dinero de la ciudadanía.
La respuesta del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ante la Asamblea de Madrid, no fue de rectificación. Fue de reafirmación: "Y lo vamos a seguir haciendo, pese a quien le pese", declaró. Añadió que la Comunidad de Madrid había realizado una modificación antes de la sentencia para "convertirlo en subvención nominativa". El Gobierno de Ayuso, en definitiva, anunció públicamente que continuará financiando a la FTL con fondos públicos.
"Que un gobierno regional siga comprometiendo dinero público en favor de quienes explotan y matan animales, incluso después de que la justicia haya declarado ilegales sus mecanismos de financiación, nos habla de una captura institucional gravísima", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
Un presupuesto que se duplica, una empresa que lo acapara todo
Los números no admiten interpretación ambigua. Según datos aportados por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, el Centro de Asuntos Taurinos gestiona actualmente un presupuesto de 7,5 millones de euros, mientras que la Fundación Toro de Lidia recibe 1,7 millones de euros en fondos públicos, de los cuales 1,4 millones proceden directamente de la Comunidad de Madrid. El presupuesto destinado a este sector se ha duplicado desde 2021.
Pero hay un elemento adicional que ha encendido las alarmas políticas: la concentración sistemática de contratos en una única empresa privada. Según denuncias formuladas en la Cámara por la diputada Marisa Escalante, las adjudicaciones provenientes del Centro de Asuntos Taurinos se concentran de forma recurrente en Espectáculos Marisma, administrado por el ex torero Rafael Ayuso. "¿Qué clase de amistad tiene la señora Ayuso con Espectáculos Marisma para que esta empresa acumule cada vez más adjudicaciones?", preguntó Escalante en sesión de control al Gobierno.
Este patrón —convenios ilegales, presupuesto creciente, contratos concentrados en una misma empresa privada— es precisamente lo que ha llevado a Más Madrid a lanzar lo que describen como la "primera ola de una ofensiva parlamentaria" para esclarecer el uso de los fondos públicos destinados a espectáculos taurinos.
"Cuando el dinero público se canaliza de forma opaca hacia actividades que implican sufrimiento y muerte de individuos sintientes, no estamos solo ante un problema de corrupción o mala gestión. Estamos ante una complicidad institucional con la crueldad", agrega Gascón.
La denuncia que vino del propio sector taurino
Uno de los aspectos más reveladores de este escándalo es su origen: no fue una organización animalista ni un partido de la oposición quien interpuso el recurso que tumbó el convenio. Fue ASPROT, el principal sindicato de profesionales del mundo taurino, quien denunció ante la justicia la relación entre el Gobierno de Ayuso y la Fundación Toro de Lidia.
El presidente de ASPROT, Luis Miguel Calvo, lo explicó sin ambages: la FTL se ha convertido en "una multinacional empresarial que especula y compite de manera ventajosa y desleal contra el resto de empresas taurinas". Calvo describió a su asociación como "la parte incómoda" del sector, la que "no ha decidido unirse al monopolio y a los chiringuitos" que, a su juicio, representa la Fundación Toro de Lidia.
El propio sindicato celebró que su denuncia prosperara y situó el problema en términos de poder y arbitrariedad: que el mundo taurino "no sea manejado por unos cuántos con el poder absoluto, para decidir de manera arbitraria cómo se reparten los fondos públicos, a quién se beneficia y a quién no".
Dicho de otra manera: incluso dentro del sector que protagoniza la matanza de toros en plazas públicas existe la percepción de que los fondos del Gobierno regional se distribuyen de forma injusta, opaca y favoritista. Que la denuncia parta de dentro no exime a la práctica de su violencia intrínseca. La subraya.
La ofensiva parlamentaria que puede cambiar las reglas
Más Madrid ha anunciado una batería de acciones concretas para los próximos meses. En primer lugar, solicitarán al Tribunal de Cuentas del Estado que fiscalice todos los convenios y subvenciones vinculados a la Fundación Toro de Lidia. En segundo lugar, pedirán la comparecencia en la Asamblea de Madrid de Miguel Ángel Martín, director del Centro de Asuntos Taurinos, y de Victorino Martín García, presidente de la FTL, ante las comisiones de Medio Ambiente y Cultura respectivamente.
Adicionalmente, el partido solicitará la activación de una petición de fiscalización en la Comisión de Hacienda de la Cámara regional. El objetivo declarado es determinar si "se han vulnerado normas básicas en materia de contratación pública, subvenciones o régimen jurídico de los convenios administrativos".
La diputada Escalante fue directa en el tono de la intervención: "Con nosotras han tocado hueso. Vamos a fiscalizar hasta el último euro que le entregan a la Fundación Toro de Lidia". Para AnimaNaturalis, este tipo de escrutinio parlamentario es una palanca fundamental: cuando el dinero público se destina a sostener industrias que causan sufrimiento sistemático a miles de individuos, la transparencia no es una opción política. Es una exigencia ética.
Más de nueve millones de razones para actuar
Cada año, toros son conducidos a plazas de toda la Comunidad de Madrid para ser torturados y matados en espectáculos financiados, en parte, con el dinero de toda la ciudadanía. Detrás de esa realidad hay contratos públicos millonarios, convenios que la justicia ha declarado ilegales, y un gobierno regional que responde a las sentencias no con corrección sino con más financiación.
El presupuesto del Centro de Asuntos Taurinos se ha duplicado en cinco años. Los contratos se concentran en una única empresa privada. Y el ejecutivo de Ayuso, lejos de rendir cuentas, anuncia que continuará "pese a quien le pese". Esa frase, pronunciada en sede parlamentaria, resume con precisión brutal la relación entre este gobierno y el dinero público: no importa la justicia, no importa la ley, no importan los individuos que sufren y mueren.
"En AnimaNaturalis llevamos años documentando cómo las instituciones públicas sostienen con fondos colectivos industrias que infligen sufrimiento masivo y sistemático. Lo que ocurre en Madrid no es una anomalía: es la lógica de un sistema que necesita ser desmantelado desde la base, con transparencia, con datos y con movilización ciudadana", concluye Aïda Gascón.
Cuando el consejero Novillo declaró en la Asamblea que los convenios tumbados por la justicia son "un éxito rotundo", no hablaba de gestión pública. Hablaba, sin saberlo, de la magnitud del problema que AnimaNaturalis y miles de activistas llevan décadas combatiendo: instituciones que normalizan el sufrimiento, lo financian y lo defienden con el dinero de todos.
Si te indigna que más de 9 millones de euros públicos se destinen anualmente a sostener espectáculos en los que individuos sintientes son matados, actúa ahora. Firma las campañas activas de AnimaNaturalis, comparte este artículo para amplificar la presión sobre las instituciones responsables, y considera unirte como socio o socia a la organización. Cada aportación sostiene la investigación, la incidencia parlamentaria y la movilización que hace posible que el dinero público deje, un día, de financiar la crueldad. El cambio empieza cuando exiges que tus impuestos no paguen el sufrimiento de nadie.
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