En la inauguración de la XVII Feria del Caballo y el Toro Ecuextre de Badajoz, celebrada este junio, el consejero de Agricultura de Extremadura, Juan José García (Vox), anunció con orgullo que los fondos públicos destinados a la tauromaquia se multiplicarán por seis en los próximos presupuestos autonómicos. Ese mismo mes, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) veía reducido su presupuesto un 87%, hasta menos de tres millones de euros. Ochenta y siete por ciento menos para proyectos que salvan vidas; seiscientos por ciento más para un sector al que, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 del Ministerio de Cultura, solo asiste el 8% de la población española mayor de 15 años —y apenas el 5,9% a corridas de toros propiamente dichas.
La paradoja que protagoniza Extremadura no es nueva, pero en 2026 alcanza su expresión más descarnada. Las partidas taurinas de la Junta pasarán de los 297.500 euros de 2025 a 1,78 millones de euros, según informa El Periódico de Extremadura. El salto más llamativo lo protagoniza la Fundación Toro de Lidia, un lobby protaurino privado que pasará de percibir 69.000 euros a acaparar 700.000 euros de dinero público: 300.000 para el Circuito de Novilladas y 400.000 para el llamado Circuito Conquistadores. A estas cantidades se suman 550.000 euros para difusión de la cultura taurina, 200.000 para peñas taurinas, 150.000 para espectáculos taurinos, otros 150.000 en ayudas a la difusión de esa misma cultura y 30.000 euros para la Escuela Taurina de Coria.
Y todo ello mientras las diócesis católicas de Extremadura, la Coordinadora Extremeña de ONGD y cincuenta entidades de la sociedad civil exigen formalmente a la Junta que reconsidere el desmantelamiento de la cooperación internacional. La dimisión forzada de la directora de la AEXCID —cuyo puesto quedará vacante bajo la justificación de ahorrar 90.000 euros— resume con precisión quirúrgica las prioridades del Ejecutivo de coalición entre PP y Vox.
"Estamos ante una decisión que no refleja ninguna demanda ciudadana real: financia un sector que necesita respiración asistida del Estado mientras destruye redes de solidaridad consolidadas y apoyadas por toda la sociedad, incluida la Iglesia", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
Un patrón que se repite región por región
Lo que ocurre en Extremadura no es una anomalía: es la cristalización de una estrategia política que lleva años replicándose en las comunidades gobernadas por PP y Vox. Los datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, muestran que las subvenciones a grupos protaurinos han saltado de 905.000 euros en el ejercicio anterior a más de 2,4 millones de euros en 2025, un récord histórico. Todo ello mientras la asistencia a eventos taurinos cae del 8,6% de la población en 2002-2003 al 1,9% en 2021-2022, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura.
La Comunidad de Madrid lidera el reguero de fondos públicos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) fijó para 2025 un presupuesto de 4,5 millones de euros para la promoción de la tauromaquia, incluyendo 1,7 millones en subvenciones directas a la Fundación Toro de Lidia y 40 millones destinados a la reforma de la plaza de Las Ventas. En 2023, la misma Comunidad destinó 6,3 millones de euros a Asuntos Taurinos, el doble que el año anterior, según informó eldiario.es. Para situar la proporción: en 2022, los toros recibieron treinta veces más que los videojuegos, según denunció la diputada de Más Madrid Jazmín Brirak en la Asamblea madrileña.
En Castilla y León, la primera coalición presupuestaria formal entre PP y Vox destinó 640.000 euros a tauromaquia, con 270.000 de subvención directa y sin concurso a la Fundación Toro de Lidia. En paralelo, la Comunidad de Castilla y León acumula, según el registro nacional de subvenciones, 1,4 millones de euros para el tramo 2021-2025. En Andalucía, los primeros presupuestos postpandémicos del presidente Juan Manuel Moreno (PP) subieron la partida de los toros un 15%, al tiempo que la investigación científica veía recortada su financiación en un 44%, según datos recogidos por ElDiario.es.
En la Comunitat Valenciana, la Diputació de València —presidida por Vicente Mompó (PP)— anunció para 2024 un incremento del 30% en el presupuesto taurino, hasta 1,1 millones de euros, mientras apenas el 1,2% de la población valenciana declaraba haber asistido a un evento taurino, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales. En la ciudad de Alicante, el gobierno del PP aprobó de urgencia —en pleno período de duelo por las víctimas de la dana de 2024— un gasto de más de 100.000 euros para la escuela taurina municipal hasta 2026, mientras el gasto en protección animal caía de 202.313 euros en 2022 a 169.105 euros en 2024. En Extremadura, los presupuestos de 2024 ya habían incrementado en casi un 800% el dinero destinado a los toros, pasando de 86.000 a 800.000 euros, recortando al mismo tiempo más de un 25% en cooperación al desarrollo.
"Los datos son inapelables: las administraciones públicas gobernadas por la derecha y la extrema derecha están sosteniendo artificialmente con dinero de todos un sector que la ciudadanía rechaza mayoritariamente. No es una política cultural. Es una política ideológica", añade Gascón.
Lo que la sociedad dice y lo que los gobiernos hacen
El contraste entre inversión pública y demanda social resulta difícil de justificar con cualquier criterio de eficiencia. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 del Ministerio de Cultura, el 8% de la población española mayor de 15 años asistió a algún festejo taurino en el último año; solo el 5,9% acudió específicamente a corridas de toros, novilladas o rejoneo. La tendencia histórica es de declive sostenido: en 2002-2003, el porcentaje de asistencia a festejos taurinos era del 9,8%, y en 2021-2022 —marcado por la pandemia— cayó hasta el 1,9%. El número de corridas celebradas en España también ha retrocedido: de 561 en 2011 a 412 en 2022, una caída del 26,5%, según la Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura. Significativamente, ese descenso en los espectáculos comenzó precisamente en 2013, el año en que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) declaró la tauromaquia bien de interés cultural para blindarla de las prohibiciones autonómicas.
No existe relevo generacional. La franja de edad de 45 a 54 años, que era la más devota hace tres lustros, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las que más rechaza los festejos taurinos. La UNESCO, por su parte, rechazó en 2021 considerar la tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y desde 2018, Naciones Unidas pide a España que tome medidas legislativas para alejar a niñas, niños y adolescentes de cualquier actividad taurina.
Pese a todo ello, entre 2002 y 2020 la ganadería de lidia recibió al menos 430 millones de euros de fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), según un estudio presentado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA).
Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea regional, lo ha resumido con una frase que enmarca el debate con crudeza: el dinero público está manteniendo "en respiración asistida a un sector taurino estructuralmente agonizante". Mientras tanto, los animales que protagonizan estos espectáculos —toros individuales sometidos a heridas, sangrado y muerte pública durante minutos— siguen siendo tratados como elementos de un patrimonio, no como seres sintientes con capacidad de sufrir.
Debemos hacernos escuchar
Las corridas de toros no están desapareciendo solas: necesitan de una inyección constante de dinero público para sobrevivir. Cataluña, Canarias, Asturias y Ceuta ya no las celebran. El sector solo crece allí donde los gobiernos lo riegan con presupuestos extraordinarios. Eso significa que las decisiones políticas importan, y que la presión ciudadana puede revertirlas.
Desde AnimaNaturalis evaluamos continuamente acciones legales frente a estas decisiones presupuestarias. Pero como señala Cristina Ibáñez, abogada y coordinadora de la organización, «cuantas más personas alcen su voz y exijan un cambio en la política de asignación de fondos, más presión sentirán los responsables políticos para actuar de manera coherente con las demandas de la ciudadanía». El sistema permite y necesita la denuncia pública.
Tú puedes ser parte de ese cambio. Comparte este artículo, exige a tus representantes locales y autonómicos que rindan cuentas sobre cada euro público destinado a financiar el sufrimiento de animales. Y considera sumarte a quienes hacen posible que organizaciones como AnimaNaturalis sigan documentando, denunciando y litigando: en Extremadura, en Madrid, en Valencia, en cada plaza donde el Estado paga para que un ser sintiente sea torturado como espectáculo.
"El dinero público es el dinero de todos. Cuando se destina a financiar el sufrimiento de animales mientras se desmantelan las redes de solidaridad internacional, no es solo una injusticia con los animales: es una traición al tipo de sociedad que queremos construir", cierra Gascón. Como aquel consejero que celebraba en Badajoz el rescate de una industria que la mayoría de la sociedad ya ha abandonado, los gobiernos que financian la tauromaquia están pagando con dinero ajeno para mantener vivo un espectáculo cuyo único protagonista involuntario es el animal que no puede decir que no.
