Eran poco antes de las diez de la mañana. En una sala del Parlamento andaluz, Juanma Moreno y Manuel Gavira sellaban con sus firmas el Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía, apenas minutos antes de que el propio Moreno se sometiera al pleno de investidura. La escena resume la paradoja: mientras el reloj corría hacia el voto que le devolvería la presidencia, el Partido Popular asumía punto por punto el programa de la extrema derecha para no perder el poder.
El punto 140 del acuerdo compromete la "reivindicación del mundo del toro": defensa de la tauromaquia, protección de la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros "frente a cualquier intento de discriminación ideológica". El punto 139 añade el fomento explícito de la caza y el apoyo a las sociedades de cazadores. El punto 138 elimina, de forma paralela, cualquier partida presupuestaria vinculada a lo que el texto llama "agendas ideológicas" en materia ambiental.
Punto 12. Medio Ambiente
138. Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente. La Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018, de 8 de octubre, y todos los planes, órganos, estructuras administrativas, instrumentos y gastos derivados de su aplicación, con el objetivo de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces. Las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente se orientarán siempre a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas, sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz.
Asimismo, se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas.
Plazo: progresivamente desde el primer día de gobierno.
139. Defensa de la caza y control de especies cinegéticas. Se impulsará la defensa y el fomento de la actividad cinegética como herramienta clave para la gestión del medio natural y el control de poblaciones cinegéticas. De igual modo, se facilitará el control cinegético de especies como el jabalí, cuya proliferación perjudica a agricultores, ganaderos y la seguridad vial, y se aplicarán cualesquiera otras medidas que resulten necesarias, para reforzar la prevención de la peste porcina africana. Asimismo, se apoyará a las sociedades de cazadores y se promoverá la mejora de los cotos de caza.
Plazo: primeras medidas antes de final de 2026.
140. Reivindicación del mundo del toro. Defensa de la tauromaquia y el mundo del toro, con sus modos de vida asociados, como parte esencial del patrimonio cultural, económico y rural de Andalucía, protegiendo la ganadería brava, la dehesa, las escuelas taurinas, las plazas de toros, especialmente las históricas, los festejos populares, a los profesionales del sector y a los espectadores y aficionados, frente a cualquier intento de discriminación ideológica o exclusión de las políticas públicas.
Plazo: desde el primer día de gobierno.
La contrapartida institucional es clara: Vox se queda con la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, más la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica. "Lo que hemos visto hoy en Andalucía no es un pacto de investidura, es una hoja de ruta para institucionalizar el sufrimiento animal como política de Estado", afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
Una fórmula ya ensayada en media España
Lo ocurrido en Andalucía no es un caso aislado. En Extremadura, el pacto firmado en 2023 entre PP y Vox —y renovado en 2026 con un tono aún más duro, según la prensa local— entregó a Vox la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, con competencias directas sobre caza, pesca y tauromaquia, además del compromiso explícito de "proteger la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa". El concepto de "prioridad nacional" que blinda el pacto andaluz ya se había abrazado antes en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
El guion, además, no es nuevo: ya en 2019, PP, Vox y Ciudadanos firmaron en Andalucía un acuerdo presupuestario que incluía 350.000 euros para las Escuelas Taurinas y un programa para introducir la caza en los colegios "que exponga la importancia de la actividad cinegética". Siete años después, lo que entonces se negociaba en la letra pequeña de unas cuentas públicas hoy se escribe, sin matices, en el primer punto de un acuerdo de gobierno.
Los datos, mientras tanto, dibujan una realidad opuesta a la que reflejan estos pactos. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura (2024-2025), solo el 8% de la población asistió a algún festejo taurino en el último año, la misma cifra que antes de la pandemia. El número de festejos taurinos ha caído un 60% desde 2014. Y una encuesta de Sigma Dos para El Mundo situó en el 78% el porcentaje de españoles que no se identifican como taurinos, con un rechazo aún mayor entre las mujeres (82,1%) y las personas jóvenes de 18 a 29 años (58,9% a favor de retirar la protección legal).
"Los datos son contundentes desde hace años: cuanto menos apoyo social tiene la tauromaquia, más dinero público y más blindaje institucional recibe. No es casualidad, es una estrategia deliberada para sostener artificialmente un negocio en caída libre", señala Gascón. En octubre de 2025, el Congreso rechazó tramitar la Iniciativa Legislativa Popular #NoEsMiCultura, respaldada por 664.777 firmas válidas que pedían retirar la protección de patrimonio cultural a la tauromaquia. Votaron en contra PP, Vox y UPN.
Alternativas que la sociedad pide
Cataluña dejó de celebrar corridas de toros hace más de una década, sin que ello supusiera ningún colapso para su industria cultural o turística. Y no es solo un rechazo simbólico: una encuesta de ElectoPanel de 2023 mostró que el 69,6% de la población se opone a que la tauromaquia siga recibiendo subvenciones públicas, frente a un 25% a favor. Es decir, ni siquiera entre quienes toleran el espectáculo existe consenso sobre financiarlo con impuestos.
Redirigir esas partidas —las de las escuelas taurinas, las promociones cinegéticas, los planes autonómicos de "estrategia taurina"— hacia programas de bienestar animal, gestión sostenible del medio rural sin explotación de individuos o compensación real a municipios que ya han dejado de programar festejos, no es una utopía: es una decisión política. La caída sostenida de la afición, año tras año, demuestra que la tauromaquia y la caza como espectáculo no sobreviven al mercado libre; sobreviven a la subvención y al blindaje legal.
Lo que puede llegar en 2027
Ahora imagina, por un momento, que lo firmado en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León deja de ser un mapa de comunidades autónomas y se convierte en el mapa de España entera. Las encuestas publicadas en las últimas semanas —de GAD3, DYM, SocioMétrica, TargetPoint o Ipsos— coinciden en un escenario: la suma de PP y Vox superaría hoy, con holgura, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con proyecciones que rondan o superan los 200 escaños frente a los 176 necesarios.
Si ese resultado se confirma en las generales de 2027, lo razonable —a la luz de lo ya ocurrido en cada territorio donde ambos partidos han gobernado juntos— es que Vox exija, como ha hecho siempre, competencias directas sobre caza, tauromaquia y medio rural a cambio de sostener el Gobierno. El mismo patrón que hoy convierte a Andalucía en un territorio hostil para los animales podría convertirse en la política de Estado: más dinero público para actividades en declive, menos margen para leyes de bienestar animal, y una "prioridad" ideológica que nada tiene que ver con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
Tú puedes decidir no ser espectador de este retroceso. Si te preguntas qué puedes hacer hoy mismo, la respuesta empieza por informarte, por exigir a tus representantes que la financiación pública no sostenga la explotación animal, y por apoyar a quienes llevamos años documentando y denunciando esta realidad en los tribunales, en la calle y en las instituciones.
Aquella mañana del 2 de julio, con la tinta aún fresca sobre el acuerdo, Moreno y Gavira posaron sonrientes ante las cámaras. Detrás de esa foto de treinta minutos antes de una investidura hay años de festejos vacíos, de encuestas ignoradas y de animales —toros, jabalíes, perdices— cuya suerte se decide en despachos, no en las urnas. "Cada firma como la de Andalucía es una prueba más de que necesitamos una sociedad civil fuerte, organizada y decidida a plantar cara. Por eso cada socio, cada donación, cada firma cuenta: porque mientras ellos pactan en treinta minutos, nosotros llevamos años construyendo el cambio" , concluye Gascón.
