El reglamento entra en vigor a los veinte días de publicarse, pero su aplicación general no arrancará hasta el 31 de agosto de 2028, y varios de sus calendarios se despliegan, en fases sucesivas, hasta 2036. El Reglamento establece un calendario progresivo: desde 2030, la obligación afectará a los perros y gatos que se crían y venden; desde 2036, a todos los perros de compañía; y desde 2041, a todos los gatos. Ese plazo no impide que los Estados miembros mantengan o adopten normas nacionales más estrictas. De hecho, en España ya existe la obligación de identificar mediante microchip a los gatos de compañía. El problema es ell largo período transitorio que la Unión concede para que la obligación de identificación y registro quede plenamente armonizada en todos los Estados miembros.
"Hemos esperado años a que Europa reconociera que los perros y los gatos no son mercancía intercambiable, y ahora que lo hace, deja la trazabilidad de los gatos de compañía en un período transitorio de quince años”, señala Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Cada año sin una identificación y un registro armonizados en toda Europa es un año más de gatos que mueren sin que nadie sepa nunca a quién pertenecían", añade.
El negocio que crecía en las grietas de la ley
Según datos de la Comisión Europea, cerca del 44% de la población de la Unión convive con un animal de compañía y el 74% cree que su bienestar debería protegerse mejor de lo que se hace hoy. El comercio de perros y gatos mueve alrededor de 1.300 millones de euros al año en el bloque —más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos viven en hogares europeos— y en torno al 60% de las compras se realiza ya por internet, el terreno donde el fraude ha crecido más rápido.
Ese mercado digital ha alimentado durante años una red de tráfico ilegal de cachorros que circula sobre todo desde países del este hacia España, Francia o Alemania, con documentación falsificada y fechas de nacimiento alteradas para camuflar el origen real de los animales. En España, la Policía Nacional desarticuló en 2024 una organización que importaba cachorros desde Eslovaquia y Hungría y los distribuía en Madrid y Cataluña, falsificando sus cartillas; se rescató a más de un centenar de animales.
Durante la negociación del reglamento, Eurogroup for Animals reclamó ante el Parlamento y el Consejo que la identificación y el registro no se debilitaran ni para los gatos ni para los criadores pequeños o aficionados, advirtiendo de que cualquier resquicio en ese punto dejaría intacto el negocio de las llamadas fábricas de cachorros. El texto final recoge parte de esa presión: exige un código de verificación público y gratuito, generado por un sistema que desarrollará la Comisión, en cada anuncio de venta, donación o cesión de un perro o un gato, y obliga a las plataformas a mostrarlo con claridad.
"La ley española de 2023 nos deja en una posición de partida mejor que la de otros países, pero el reglamento europeo introduce obligaciones que aquí todavía no existen: límites estrictos a las gestaciones sucesivas, prohibición de mantener perros y gatos en determinados contenedores, salvo las excepciones expresamente previstas, o la exigencia de que los perros de más de ocho semanas mantenidos en los establecimientos comprendidos por el Reglamento tengan acceso al exterior o salgan a pasear durante al menos una hora diaria”, explica Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis. "Habrá que revisar el desarrollo reglamentario de la ley estatal para que no quede por debajo del suelo mínimo que ahora marca Bruselas", apunta.
España parte con ventaja, pero no cruza la meta
España no parte de cero. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, prohíbe ya la venta de perros y gatos en tiendas físicas, obliga a identificarlos con microchip y establece un sistema de identificación y registro de los animales de compañía, cuya articulación estatal y coordinación con los registros autonómicos ha seguido desarrollándose reglamentariamente. . En un punto, incluso, la norma española va más allá que la europea: obliga a esterilizar a los gatos antes de los seis meses de edad, salvo los inscritos como reproductores, un requisito que Bruselas no exige.
Pero buena parte del andamiaje que prevé la ley española sigue sin desarrollarse casi tres años después de su entrada en vigor. La Ley 7/2023 prevé un Registro de Criadores de Animales de Compañía y diversas obligaciones de desarrollo reglamentario, cuya implantación práctica ha requerido normas posteriores. .
El reglamento europeo suma, además, obligaciones muy concretas que la normativa española todavía no recoge: un máximo de tres camadas por hembra reproductora en dos años, seguido de un año obligatorio de recuperación; la prohibición de reproducción consanguínea entre progenitores y descendencia o entre hermanos; y la exigencia, para los perros de más de ocho semanas mantenidos en los establecimientos a los que se aplica esta regulación, de disponer de acceso seguro al exterior o salir a pasear durante un mínimo combinado de una hora diaria . También veta los collares de ahogo sin tope de seguridad, los collares de castigo y las descargas eléctricas, y obliga a autorizar e inspeccionar in situ a todo criadero con más de cinco camadas al año o más de cinco hembras reproductoras, que deberá figurar en una lista pública.
El texto endurece igualmente el filtro en la frontera exterior de la Unión: los perros y gatos importados desde terceros países deberán cumplir normas de bienestar y trazabilidad idénticas o equivalentes a las que rigen dentro de la UE, y la Comisión elaborará una lista de países y establecimientos autorizados para exportar animales de compañía al mercado europeo. Cada Estado miembro tendrá que fijar además sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias frente a los incumplimientos, incluidas multas ligadas al volumen de negocio en los casos más graves, y queda prohibido expresamente el abandono de perros y gatos.
Otros socios ya han avanzado en la misma dirección. Francia limita desde 2024 la venta de animales por internet a criadores profesionales y entidades reconocidas, cerrando la puerta a los anuncios anónimos que el nuevo reglamento europeo busca desenmascarar ahora en toda la Unión mediante el código de verificación. España, mientras tanto, necesita dotar de más recursos a las policías y fiscalías especializadas para perseguir el fraude en redes sociales, donde gran parte del comercio ilegal se ha trasladado en los últimos años.
Quince años es media vida de un gato
Si vas a sumar un perro o un gato a tu familia, no hace falta esperar a que se cumpla el calendario europeo para actuar con responsabilidad: exige siempre la identificación por microchip y el registro del animal, desconfía de cualquier anuncio sin código de verificación en cuanto el sistema esté operativo, y prioriza adoptar en una protectora antes que comprar. En un país donde miles de perros y gatos sin hogar conocido pasan cada año por protectoras y refugios, cada adopción libera una plaza para el siguiente animal abandonado.
La segunda tarea es colectiva. AnimaNaturalis seguirá exigiendo ante el Ministerio y ante las comunidades autónomas que el desarrollo reglamentario español no se quede por detrás del mínimo que ahora marca Bruselas, y que el largo período transitorio fijado por la Unión para completar la identificación y el registro armonizados de los gatos no se convierta en una excusa para retrasar avances en los Estados miembros.
"No vamos a esperar a 2041 para exigir que todos los gatos estén identificados y que su trazabilidad esté garantizada de forma efectiva en toda Europa; lo vamos a pedir cada día que pase entre hoy y esa fecha", concluye Gascón. Un gato puede vivir quince, dieciséis o diecisiete años: para muchos de los gatos que hoy viven en hogares europeos, 2041 no será una fecha lejana, sino prácticamente toda su vida. Ese horizonte ilustra la lentitud con la que la Unión ha decidido completar una trazabilidad común que algunos Estados miembros ya exigen a nivel nacional.
Este es solo el primer paso. En breve analizaremos los aspectos más importantes de esta nueva normativa europea y su impacto en la normativa española.
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