El gesto tiene toda la apariencia de una rendición calculada. Varias otras organizaciones en frente común teníamos convocada para el sábado 25 de julio una protesta frente al Puerto de Las Palmas, respaldada por Eko, Ecologistas en Acción, Acción Océanos, We The Free, Raíces y Brotes, Turcón, WeMove Europe, Aquatic Animal Alliance, Aquatic Life Institute y Eurogroup for Animals. Su objetivo, tal y como habían anunciado, era "instar a la Autoridad Portuaria a archivar definitivamente el expediente". Nueva Pescanova se lo ahorró: cumplió esa exigencia antes de que nadie llegara a plantarse frente a la sede portuaria.
La desproporción salta a la vista. Una compañía que había reservado 50 millones de euros para producir cerca de 3.000 toneladas anuales de pulpo —más del 10% de la producción nacional, según datos aportados por la organización— se retira con una simple nota administrativa, apenas 48 horas antes de que esa coalición de organizaciones se concentrara para exigir precisamente eso.
"Que una inversión de 50 millones se derrumbe con un papel de trámite, y no con una sentencia judicial, dice mucho sobre lo insostenible que era este proyecto desde el principio", afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
La empresa alega "circunstancias sobrevenidas" y nuevos requerimientos de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que sometió el proyecto a evaluación ordinaria tras detectar riesgo de malos olores y deterioro de la calidad del agua portuaria. La Autoridad Portuaria confirma que archivará el expediente, abierto en mayo de 2021.
Detrás de ese archivo hay hechos que AnimaNaturalis contribuyó a sacar a la luz: en enero de 2026, el Gobierno de Canarias declaró caducado el procedimiento de vertidos del proyecto, tal y como se conoció gracias a una solicitud de acceso a la información pública presentada por la organización. La empresa tampoco había presentado la Declaración de Impacto Ambiental exigida desde 2023.
"Cuando una empresa deja caducar sus propios permisos y ni siquiera presenta la Declaración de Impacto Ambiental, no estamos ante una casualidad: estamos ante un proyecto que nunca llegó a sostenerse en sus propios términos", señala Cristina Ibáñez, coordinadora legal de AnimaNaturalis.
Este desenlace no llega de la nada. Desde 2021, AnimaNaturalis ha sostenido una campaña en varios frentes: solicitudes de acceso a la información pública que destaparon la caducidad de los permisos, un recurso contencioso-administrativo para conocer el estado real del expediente, protestas en Las Palmas y frente al Congreso de los Diputados junto a Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Instituto Jane Goodall, y la recogida de firmas de la campaña #BanOctopusFarming, que ha reunido más de 160.000 apoyos, sumados a más de 42.000 correos electrónicos enviados a la Autoridad Portuaria.
Por qué importaba detener esta granja
La ciencia lleva años advirtiendo de que los pulpos no son individuos cualquiera. Tienen memoria, curiosidad, capacidad para utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse. También hay evidencia de que pueden padecer dolor físico y emocional, recordar ese sufrimiento y experimentar temor.
"El cerebro de un pulpo está distribuido por todo su cuerpo: cada brazo puede tomar decisiones propias. Encerrar a un animal así en una jaula no es solo cruel, es ignorar todo lo que sabemos sobre cómo funciona su mente" , añade Gascón.
Ese confinamiento tiene consecuencias documentadas. Los pulpos son mayoritariamente solitarios por naturaleza, y en situaciones de hacinamiento se han registrado episodios de automutilación y agresiones entre individuos. La falta de estimulación ambiental puede deteriorar además sus capacidades cognitivas. A esto se suma un problema sin resolver: no existe ningún método capaz de aturdir a un pulpo antes de matarlo sin provocarle dolor ni angustia.
El impacto no se limitaba a los animales explotados en la instalación. Un informe de Compassion in World Farming publicado en octubre de 2025 calculó que la granja habría necesitado hasta 28.000 toneladas de peces salvajes solo en su primer año de funcionamiento, una presión adicional sobre poblaciones marinas ya sobreexplotadas. A ello se sumaban los riesgos de vertidos, uso de productos químicos, emisiones de CO2 y la posibilidad de que individuos con capacidades mermadas por el cautiverio fueran liberados accidentalmente al mar, alterando el equilibrio de las poblaciones silvestres.
La oposición social creció de forma constante desde 2021. Más de 42.000 correos llegaron al buzón de Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y una carta abierta firmada por más de 110 organizaciones fue entregada un día antes del anuncio de retirada.
Una victoria que ahora busca convertirse en ley
Casos como este no son aislados. La presión sobre la acuicultura de pulpos ha llevado ya a países como Estados Unidos y Chile a prohibir o estudiar la prohibición de este tipo de explotación. En España, la respuesta legislativa lleva más de un año en marcha: el 11 de junio de 2025, diputados de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, con representación de Sumar, ERC y Podemos, registraron en el Congreso una Proposición de Ley elaborada por INTERCIDS.
La iniciativa plantea modificar la Ley 23/1984, de Cultivos Marinos, para prohibir la explotación intensiva de pulpos con fines de consumo y la comercialización de pulpos procedentes de estas granjas, apoyándose en el principio de precaución. Sigue hoy pendiente de su toma en consideración por el pleno del Congreso.
La retirada de Nueva Pescanova cierra un capítulo concreto, pero no resuelve el vacío legal que permitiría que otra empresa, en otro puerto, intentara lo mismo mañana.
Ahora toca que el Congreso actúe
Puedes ayudar a que esto no vuelva a repetirse. Esta victoria demuestra que la presión ciudadana funciona, pero solo una ley estatal puede cerrar la puerta a nuevos proyectos de granjas de pulpos en cualquier punto de España. Apoya la Proposición de Ley registrada a instancias de INTERCIDS: comparte esta noticia, súmate a nuestras acciones de incidencia ante el Congreso y apoya AnimaNaturalis para que sigamos haciendo el seguimiento jurídico y político que hizo posible este archivo.
"Hemos conseguido que un escrito de trámite cierre lo que debería cerrar un tribunal o una ley. Ahora toca que sea la ley, y no la suerte administrativa, la que impida que esto vuelva a pasar", concluye Gascón.
Aquel escrito de apenas unos párrafos que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas este 23 de julio no habría existido sin años de protestas, correos, cartas abiertas e informes científicos empujando en la misma dirección. La próxima vez que una empresa intente instalar una granja de pulpos en España, esa presión ciudadana ya no tendrá que empezar de cero: podrá apoyarse en una ley que lo prohíba en todo el territorio.
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