Escribo esto con el país todavía humeante. A fecha de hoy, el balance provisional del Ministerio para la Transición Ecológica sitúa en algo más de 130.000 las hectáreas quemadas en lo que va de 2026, con 32 grandes incendios forestales registrados frente a los siete del mismo periodo de 2025 —una superficie multiplicada por cinco respecto al año anterior—, más de 140.000 personas evacuadas o confinadas y al menos una docena de fallecidos. El 24 de julio, el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila; era la primera vez que este mecanismo se activaba por un incendio forestal. Nueve días antes, en Almería, el fuego había dejado trece muertos y siete heridos.
No es un episodio aislado. Es la continuación de un patrón que llevo observando, con la misma inquietud contenida, desde hace años.
2022 fue el año en que aprendimos a temer la sierra de la Culebra: dos incendios en Zamora arrasaron cerca de 30.000 y casi 36.000 hectáreas respectivamente, en un paraje que alberga diez manadas de lobo ibérico y que el fuego alcanzó en plena temporada de cría. 2024 fue, en comparación, un año más contenido, con entre 70.000 y 75.000 hectáreas quemadas. Y entonces llegó 2025, que batió todos los registros: 355.000 hectáreas arrasadas, 63 grandes incendios, ocho fallecidos, 79 heridos y 42.000 evacuados, con el 90 % de la superficie anual quemada en solo dos semanas de agosto.
2026, con el verano mediado, ya compite con esa cifra. La estadística no es un detalle contable: es la prueba de que no estamos ante una mala racha meteorológica, sino ante un cambio de régimen. El investigador del Centro de Investigación sobre Desertificación de Valencia Juli G. Pausas lo resumía hace unos días con una frase que merece quedarse: durante décadas se advirtió que el aumento de las temperaturas traería consigo incendios más frecuentes, más grandes y más intensos, y eso es exactamente lo que estamos viendo.
Quién los provoca, qué los provoca
Conviene separar dos preguntas que el debate público mezcla constantemente: quién enciende la chispa y qué convierte esa chispa en catástrofe.
Sobre lo primero, los datos son consistentes en el tiempo: entre el 95% y el 96% de los incendios en España tienen origen humano, y el rayo —la única causa estrictamente natural— explica apenas el resto. Dentro de ese origen humano, el Seprona distingue entre negligencias y accidentes —quema de rastrojos, maquinaria agrícola, tendidos eléctricos, colillas— que suponen alrededor de un 55% del total, y los incendios intencionados, en torno a un 25%. Cuando el fuego se enciende deliberadamente, la motivación más habitual no es la piromanía que alimenta el imaginario colectivo, sino la quema agrícola y la regeneración de pastos. El perfil del incendiario con trastorno psiquiátrico, tan explotado por cierta prensa, es residual.
Aquí me detengo, porque la honestidad exige matizar: la Fiscalía General del Estado, al revisar los incendios que terminaron en detención o investigación entre 2019 y 2023, encontró que solo el 24 % correspondía a fuegos realmente intencionados, una cifra sensiblemente inferior a la que arrojan las estadísticas históricas del Ministerio. La discrepancia importa: simplifica menos abonar el relato del pirómano que exigir cuentas sobre la gestión del territorio.
Y aquí llega la segunda pregunta, la que de verdad decide si un fuego se apaga en una hectárea o devora treinta mil. Un ingeniero forestal de la Universidad de Lleida lo plantea con precisión: el origen de la chispa no determina cómo evoluciona el incendio ni la magnitud que alcanza; eso depende de la cantidad de combustible disponible, su continuidad y su grado de sequedad. El abandono rural, la desaparición de la ganadería extensiva y la acumulación de vegetación seca han transformado el paisaje en un material altamente inflamable donde una chispa mínima puede desencadenar un incendio extremo. Cuando además se cumple la llamada "regla del 30" —temperaturas por encima de 30 grados, viento superior a 30 km/h y humedad relativa inferior al 30 %— el fuego deja de comportarse como lo conocíamos y genera columnas de pirocumulonimbo capaces de colapsar y relanzar el incendio de forma errática.
El cambio climático, en resumen, no enciende la cerilla. Pero decide si esa cerilla se apaga sola o se traga una comarca.
Lo que el fuego se lleva por delante
Cuando el incendio avanza, la fauna silvestre no tiene comité de crisis ni protocolo de evacuación. Las crías y las especies de menor tamaño son las más vulnerables porque carecen de capacidad para abandonar a tiempo la zona de riesgo; el humo mata tanto como las llamas, y los animales que logran huir quedan desplazados hacia terrenos vecinos que actúan como refugio temporal, sin ninguna protección legal específica una vez apagado el fuego.
Esta última idea —que el daño no termina cuando se extingue el incendio— es precisamente lo que ha llevado a registrar ante la Xunta de Galicia una propuesta de reforma normativa. Su argumento es sencillo y, para mí, irrefutable: mientras miles de animales mueren durante el incendio, otros sobreviven refugiándose en zonas próximas que hoy carecen de blindaje jurídico, lo que permite que allí continúe practicándose la caza. Es decir: sobrevivir al fuego no garantiza sobrevivir a la temporada de caza que sigue al fuego.
Los recuentos de este verano, aun siendo incompletos, hablan de cientos de animales calcinados o asfixiados en Ourense, León, Zamora y Extremadura, de nidos de rapaces amenazadas perdidos y de miles de colmenas reducidas a ceniza. En Madrid, el fuego llegó a quinientos metros de un parque con tres mil animales en semilibertad —rinocerontes, elefantes, leones, bisontes— que pasaron la noche confinados mientras el frente avanzaba; el susto sirvió, al menos, para recordar que la fauna que no tiene cercas ni cuidadores enfrenta el mismo riesgo sin que nadie confine nada por ella. Los anfibios sufren especialmente la desecación de charcas temporales; los micromamíferos y reptiles pequeños ven comprometida su supervivencia si el fuego calienta el suelo en profundidad; los insectos polinizadores y los escarabajos ligados a madera muerta pierden su hábitat de forma abrupta e irreversible a corto plazo.
Encerrados en granjas, atrapados por el fuego
El relato del ganadero, ese verano, se repite con variaciones mínimas. Un socio de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid llamó a su presidente, Carmelo Ramírez, para contarle, entre lágrimas, que se le había quemado todo: el pienso, el forraje, la maquinaria y buena parte de los animales. No es una anécdota: la región de Madrid concentra más de 300.000 hectáreas agrícolas y cerca de 3.850 ganaderos y agricultores, y el fuego golpeó con especial dureza las zonas de ganadería de vacuno.
En Guadalajara, la Diputación tuvo que habilitar nueve corredores de emergencia y enviar más de treinta toneladas de pienso a explotaciones que llevaban días sin acceso a agua ni comida para vacas, ovejas y cabras; sin esos corredores, miles de cabezas habrían muerto de hambre o sed en cuestión de días. En Almería, el incendio de Los Gallardos afectó a diecinueve explotaciones de ganado ovino-caprino —2.863 cabezas— y a más de siete mil hectáreas, en su mayoría pastizales; no hubo, por fortuna, bajas de animales, pero sí la pérdida de cincuenta colmenas y de la flora melífera necesaria para sostener la apicultura de la comarca durante un periodo prolongado. La paradoja, señalada por los técnicos del sector, es exacta: las llamas respetaron a los animales pero devoraron los pastos de los que dependían.
Las administraciones, a su manera, han reaccionado: la Comunidad de Madrid anunció un contrato de emergencia de un millón de euros para alimentación, asistencia veterinaria y retirada de animales fallecidos en las explotaciones afectadas. Es una respuesta necesaria. No sustituye a la prevención que la habría hecho innecesaria.
La negligencia institucional, con nombres y cifras
Aquí es donde mi serenidad se tensa más, porque los datos no dejan demasiado margen a la duda. España destina cada año algo más de mil millones de euros a los incendios forestales, pero el reparto es profundamente desigual: entre el 70% y el 75% se va a extinción, y apenas entre el 25% y el 30% a prevención. Es la lógica del que paga la ambulancia y descuida la vacuna.
En Madrid, la huelga indefinida de los bomberos forestales de Tragsa —iniciada en julio de 2025 y sostenida por denuncias de precariedad salarial, temporalidad y falta de medios— coincidió con un recorte del 50% en los trabajos preventivos durante el invierno previo: menos tratamientos selvícolas, menos limpieza de combustible, menos mantenimiento de accesos y puntos de agua. El dispositivo de 2026 fijó 419 bomberos forestales todo el año, sin alcanzar el refuerzo estival de 2025, y redujo las dotaciones de siete a cinco integrantes por brigada, un cambio que sobre el papel parece menor y que en una ladera llena de humo modifica la seguridad con la que puede operar un equipo. Uno de esos bomberos, Óscar de Castro, lo resumió con una lucidez que no necesita adornos: el coste de apagar un incendio y sus consecuencias posteriores es muchísimo más alto que el de una buena prevención.
A escala nacional, Podemos ha denunciado que España destina menos de mil millones de euros a la prevención de incendios entre todas las administraciones, una cifra que el "plan de rearme" del Gobierno multiplica por 73 en la compra de material militar, y que Castilla y León recortó un 90% en trece años su presupuesto autonómico para prevención. Y en pleno operativo de extinción de 2026, los quince aviones A400M anunciados por el Gobierno como el mayor despliegue de la historia seguían sin estar operativos, dos meses después de la campaña de presentación, porque no se les había instalado aún el sistema antiincendios.
Y aquí conviene poner las cifras una al lado de la otra, porque el contraste habla por sí solo. Mientras se recortan brigadas y se retrasa la entrada en servicio de los medios aéreos, algunas de las mismas administraciones autonómicas han incrementado su gasto en fomento de la tauromaquia. La Comunidad de Madrid aprobó para 2026 un presupuesto de 7,2 millones de euros para Asuntos Taurinos, un 59,7% más que los 4,5 millones de 2025; de esa partida, 3,7 millones se destinan solo a la rehabilitación de la plaza de Las Ventas, y las subvenciones a entidades protaurinas como la Fundación Toro de Lidia han pasado de 905.000 euros a 2,4 millones en un año. Telemadrid, la televisión pública madrileña, presupuestó 3,1 millones de euros para retransmisiones taurinas en 2025, un 113 % más que en 2024. Castilla y León, la comunidad que Podemos señala por haber recortado un 90% su presupuesto de prevención de incendios en trece años, destinó 1,4 millones de euros a subvenciones taurinas entre 2021 y 2025. Y Andalucía, además de reforzar sus ayudas a escuelas taurinas y festejos, ha modificado su normativa para elevar del 50% al 80% la aportación autonómica a los municipios adheridos a su red de fomento taurino, dejando a los ayuntamientos solo el 20% restante. A ello se suman, de forma más dispersa pero constante, las líneas de subvención a cotos y sociedades de caza —guardería, comederos, mejora de hábitat cinegético— que buena parte de las comunidades y diputaciones mantienen cada año, en partidas de cientos de miles de euros por convocatoria, con cargo a menudo cofinanciado por fondos europeos de desarrollo rural.
No se trata de sumar peras con manzanas ni de sugerir que basta con desviar el dinero de un lado a otro para resolver un problema de esta escala. Se trata de una pregunta de prioridad política, mucho más incómoda: si una comunidad autónoma puede encontrar 7,2 millones de euros para una plaza de toros en el mismo ejercicio en que reduce a cinco los integrantes de sus brigadas forestales, el problema no es la falta de recursos. Es dónde decide ponerlos.
No cito estos datos para repartir culpas partidistas —el patrón se repite con gobiernos de distinto signo— sino para señalar algo más incómodo: llevamos años sabiendo exactamente qué falla, y seguimos sin corregirlo.
Qué hacer ahora mismo
Para quien vive en zona de riesgo con animales, la recomendación de los servicios de emergencia es clara y merece repetirse sin dramatismo: si encuentra fauna silvestre herida, no debe cogerla ni llevársela a casa; lo correcto es mantener la distancia, avisar a los servicios de emergencia o al centro de recuperación de fauna más cercano y dejar que actúen los equipos especializados. Para quienes tienen ganado o animales de compañía en zona evacuable, tener preparados desde ahora la documentación sanitaria, el transporte y una reserva de agua y alimento es lo que marca la diferencia entre una evacuación ordenada y una tragedia añadida.
No hace falta inventar la respuesta: llevamos años teniéndola escrita en informes que se acumulan sin ejecutarse. WWF, Greenpeace y la propia propuesta de Pacto de Estado coinciden en un núcleo de medidas: gestionar al menos el 1% de la superficie forestal nacional cada año —unas 260.000 hectáreas— recuperando mosaicos agroforestales y ganadería extensiva; aplicar quemas prescritas; fijar una financiación plurianual estable en lugar de partidas de urgencia; y reforzar la investigación judicial de las causas, dotando de más recursos a la Fiscalía, el Seprona y los agentes forestales. El Real Decreto 716/2025, que fija el marco común de gestión autonómica, ya existe; lo que falta es una evaluación homogénea y periódica de su cumplimiento, con objetivos medibles.
Y hay una pieza que suele quedar fuera del debate político y que a mí, como periodista que ha cubierto más de un incendio desde la carretera, me parece decisiva: la reforma para proteger a la fauna en las zonas de refugio tras el fuego, cerrando la caza allí donde los animales llegan buscando la vida que el incendio les negó. Es una medida pequeña en el papel y enorme en sus consecuencias para quienes sobrevivieron a las llamas solo para no sobrevivir a la temporada siguiente.
Llevo veinticinco años observando cómo España discute los incendios en presente de indicativo, como si cada verano fuera una sorpresa. No lo es. Me gusta caminar por la naturaleza, y a menudo me encuentro por sierras que ya han ardido. Lo que uno aprende allí, con el tiempo, no es urgencia sino paciencia: un bosque tarda décadas en rehacer lo que el fuego deshace en horas, y esa asimetría debería ser la que gobierne nuestras prioridades presupuestarias, no la lógica inversa que hoy premia la extinción espectacular sobre la prevención silenciosa. La compasión hacia los animales que arden con nosotros —silvestres o de granja, con tutor humano o sin él— no es un sentimentalismo añadido al problema climático. Es, me parece, la medida más honesta de si un país está dispuesto a mirar de frente el coste real de su negligencia, mucho antes de que llegue la chispa.
We need your support
AnimaNaturalis exists because billions of animals suffer at human hands. Because they animals need solutions. Because they deserve someone to speak up for them. Because animals need change. Because at AnimaNaturalis we want to build a fairer world for everyone.
The donations of our supporters are the main source of our funds.
