La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la limitación de la actividad cinegética en los 75 cotos de caza afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, que arrasó cerca de 34.000 hectáreas entre el 22 y el 24 de julio. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), busca dar tiempo a la fauna para recuperarse. ¿Pero cuánto tiempo es realmente suficiente?
El mismo texto que veda la caza en las parcelas quemadas contempla, en su punto tercero, la posibilidad de levantar esa prohibición "si durante el transcurso de la temporada general se constatasen daños o un incremento notable de las poblaciones" de determinadas especies. Es decir: la resolución protege a los animales que sobrevivieron al fuego, pero deja abierta la puerta para que esa protección dure solo unos meses.
"Prohibir la caza sobre el papel, mientras se deja una vía abierta para levantar la veda en cuanto se hable de 'daños' o de 'incremento de población', no es proteger a la fauna: es aplazar el problema", señala Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis. La propia resolución advierte de los cotos afectados disponen de un mes para presentar recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio. La limitación, por tanto, podría ser impugnada antes incluso de que arranque la temporada de caza.
La debilidad de las normativas que protegen a la vida silvestre después de este tipo de siniestros, también se repite en otras regiones, como en Castilla y León, donde se planea levantar la veda apenas se recuperen los pastos. Puedes actuar ahora para evitar esto aquí:
75 cotos y casi 20.000 hectáreas calcinadas
El incendio se originó el 22 de julio en el término municipal de Almorox (Toledo) y se extendió a Villa del Prado al día siguiente. Ese mismo jueves se declararon otros dos fuegos, también en Villa del Prado y en San Martín de Valdeiglesias, que terminaron fusionándose el 24 de julio en un único incendio bautizado como Sierra Oeste. Horas después, el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en Madrid, Ávila y Toledo.
Según el último perímetro disponible, con datos del 28 de julio, el fuego afectó a 75 cotos de caza que suman 19.512 hectáreas, además de dos zonas de caza controladas por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias —las de Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente, y la de Nahoncil y Agregados, Las Cabreras y Valle Lorenzo—, con 3.300 hectáreas más. La propia Comunidad advierte de que la lista de cotos afectados, recogida en un anexo de la resolución, "no es exhaustiva".
La resolución recomienda instalar puntos de agua y bebederos, aportar alimentación y construir refugios o majanos en las zonas calcinadas, además de reponer la señalización destruida por las llamas. Son medidas paliativas: ayudan a los animales supervivientes a resistir en un paisaje sin cobijo ni vegetación, pero no sustituyen al tiempo que un ecosistema necesita para regenerarse. Y afectan no solo a las especies cinegéticas, sino a todos los individuos que habitaban ese monte.
"Un jabalí, un corzo o un zorro que ha perdido su refugio y sus fuentes de alimento no se recupera en una temporada de caza: necesita que el monte vuelva a ser monte", explica Ibáñez.
Un mapa desigual
La respuesta de Madrid no es única. Galicia prohíbe por ley la caza y la repoblación cinegética en terrenos quemados durante los tres años siguientes al incendio, aunque la Xunta puede autorizar excepciones para controlar la sobrepoblación de jabalíes. Castilla y León va más allá sobre el papel: su Ley de Montes, en su artículo 92, fija una veda de cinco años en las zonas incendiadas.
Pero en la práctica, la Junta de Castilla y León ha levantado esa prohibición en provincias como León o Zamora apenas siete meses después de los fuegos, alegando la rápida regeneración del pasto o la necesidad de controlar a los ungulados. La distancia entre lo que dice la ley y lo que ocurre sobre el terreno es, precisamente, lo que preocupa a las organizaciones defensoras de la fauna.
Tras un verano de incendios que ha calcinado miles de hectáreas en el centro y el oeste de la península, distintas agrupaciones de juristas y partidos ambientalistas han reclamado medidas más ambiciosas que las aprobadas hasta ahora. Entre ellas, ampliar la veda no solo al área quemada, sino a un perímetro de seguridad de hasta 30 kilómetros alrededor, para proteger a los animales que huyeron del fuego y hoy malviven en terrenos colindantes.
"Un animal no entiende de líneas administrativas: el corzo que cruzó la carretera para escapar de las llamas sigue siendo el mismo corzo herido, esté a un kilómetro o a treinta del perímetro oficial del incendio", apunta Ibáñez. También se ha pedido paralizar de inmediato la temporada de caza en los cotos afectados de Extremadura y en la Sierra Norte de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, donde el fuego dejó heridas similares a las de la Sierra Oeste.
Lo que puedes hacer ahora
La resolución de Madrid, con todas sus limitaciones, demuestra que la presión ciudadana puede lograr que una administración frene, aunque sea parcialmente, la caza en zonas quemadas. En Castilla y León, donde la ley prevé una protección de cinco años pero se recorta a meses, esa presión sigue siendo necesaria.
Tú puedes contribuir a que esto cambie. AnimaNaturalis ha puesto en marcha una carta dirigida a la Junta de Castilla y León para exigir que no se permita cazar en los montes incendiados sin esperar a que la fauna tenga tiempo real de recuperarse.
"Cada firma es una manera de decirles a las administraciones que la ceniza no borra los derechos de los animales que quedaron atrapados en ella", concluye Ibáñez.
