El 11 de septiembre de 2026, mientras siete de cada diez españoles declaraban su rechazo frontal a las corridas de toros, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba la admisión a trámite de la iniciativa que puede desmontar, doce años después, el blindaje legal que las protege. La paradoja tiene fecha, nombre de ley y firma de 46 diputados: la Ley 18/2013, la misma que en su día declaró la tauromaquia "patrimonio cultural" de todo el Estado, podría dejar de existir.
La Proposición de Ley fue calificada por la Mesa de la Cámara el 8 de septiembre y recoge, casi de forma literal, las demandas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "No es mi cultura". La respaldan representantes de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Podemos y el BNG, un consenso transversal poco habitual en el Congreso para un asunto de bienestar animal. Los 46 diputados y diputadas que suscriben la Proposición de Ley son: Nahuel González López, Etna Estrems Fayos, Txema Guijarro García, Pilar Calvo Gómez, Júlia Boada Danés, Mikel Otero Gabirondo, Ione Belarra Urteaga, Verónica Martínez Barbero, Fèlix Alonso Cantorné, Teslem Andala Ubbi, Eloi Badia Casas, Rafael Cofiño Fernández, Esther Gil de Reboleño Lastortres, Alberto Ibáñez Mezquita, Enrique Fernando Santiago Romero, Manuel Lago Peñas, Agustín Santos Maraver, Candela López Tagliafico, Carlos Martín Urriza, Juan Antonio Valero Morales, Lander Martínez Hierro, Laura Vergara Román, Viviane Ogou i Corbi, Vicenç Vidal Matas, Gerardo Pisarello Prados, Aina Vidal Sáez, Alda Recas Martín, Gabriel Rufián Romero, Engracia Rivera Arias, Francesc-Marc Álvaro Vidal, Teresa Jordà i Roura, Marije Fullaondo la Cruz, Jordi Salvador i Duch, Jon Iñarritu García, Pilar Vallugera Balañà, Oskar Matute García de Jalón, Josep Maria Cervera Pinart, Josep Maria Cruset Domènech, Isidre Gavin i Valls, Josep Pagès i Massó, Mertxe Aizpurua Arzallus, Javier Sánchez Serna, Noemí Santana Perera, Néstor Rego Candamil, Martina Velarde Gómez y Àgueda Micó Micó.
El texto no se limita a un gesto simbólico. Propone la derogación total de la Ley 18/2013 y una modificación de la Ley 10/2015 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, eliminando toda referencia que ampare los espectáculos taurinos. Es, en la práctica, la devolución de una competencia que el Estado se reservó hace más de una década: la de decidir si un municipio o una comunidad autónoma financia o permite este tipo de espectáculos.
"Durante doce años hemos tenido que justificar por qué el sufrimiento de un animal era 'cultura' mientras el resto de la legislación de protección animal avanzaba en sentido contrario", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Esta proposición no inventa nada: se limita a reconocer lo que la sociedad española lleva años diciendo en cada encuesta", añade.
Setenta de cada cien españoles ya rompieron con los toros
La proposición no nace en el vacío parlamentario: llega respaldada por una tendencia social que los propios diputados citan en su exposición de motivos. Según la última encuesta de la Fundación BBVA sobre la relación de la sociedad española con los animales, alrededor del 70% de la población expresa un rechazo extremo hacia las corridas de toros, puntuándolas entre 0 y 2 en una escala de 0 a 10.
El dato se refuerza con otro, quizá más determinante para el debate jurídico: siete de cada diez personas encuestadas consideran que el uso de animales en esta actividad constituye un problema grave o muy grave. No se trata de una opinión marginal ni de un desacuerdo estético con el espectáculo, sino de un juicio explícito sobre el sufrimiento animal que implica.
A ese rechazo social, el propio texto legislativo suma un argumento cuantitativo: el "notable descenso del número de espectáculos taurinos" registrado en los últimos años, que los promotores de la iniciativa interpretan como el reflejo práctico de esas "sensibilidades cambiantes" en la sociedad española. La ley, dicen, ya no protege una tradición viva, sino una excepción cada vez más residual.
Gascón subraya que este desfase entre norma y sociedad tiene un nombre técnico. "La tauromaquia es hoy una excepción dentro del propio marco de protección animal estatal y autonómico: lo que en cualquier otro contexto sería maltrato, aquí sigue amparado por una etiqueta cultural", señala. Esa misma contradicción jurídica es, según la exposición de motivos de la proposición, uno de los tres pilares que justifican su derogación.
Devolver la decisión a quien la tenía antes de 2013
El segundo pilar de la iniciativa apunta directamente al reparto de competencias. La Ley 18/2013 impuso una intervención estatal en materia de cultura y espectáculos públicos que, según el texto admitido a trámite, vulnera la pluralidad territorial reconocida en la Constitución. Antes de esa norma, comunidades autónomas y ayuntamientos podían decidir sin injerencia estatal si programaban, financiaban o prohibían festejos taurinos en su territorio.
Derogar la ley no equivale, por tanto, a imponer una prohibición nacional: significa devolver esa capacidad de decisión a quien la ejercía antes de que el Estado la centralizara. Son los plenos municipales y los parlamentos autonómicos los que recuperarían la última palabra sobre si un ayuntamiento destina fondos públicos a este tipo de espectáculos.
La modificación paralela de la Ley 10/2015 completa el movimiento: al retirar la tauromaquia de la lista de manifestaciones protegidas como patrimonio cultural inmaterial, elimina también el paraguas administrativo que hasta ahora dificultaba que ayuntamientos y comunidades autónomas actuaran por su cuenta sin chocar con la norma estatal.
Para el movimiento de defensa animal, este realineamiento legal no es solo una cuestión técnica de reparto competencial. Es la constatación de que ninguna actividad debería necesitar una excepción legal para sostenerse frente al resto del ordenamiento de protección animal, y de que esa excepción llevaba más tiempo justificándose por inercia normativa que por respaldo social real.
Ahora depende también de ti que este trámite no se quede en el BOCG
La iniciativa ya ha superado su primer filtro parlamentario, pero el camino que le queda es largo. El Gobierno tiene de plazo hasta el 17 de octubre de 2026 para emitir su criterio sobre la proposición; a partir de ahí, el texto podrá iniciar su tramitación para ser debatido en el Pleno del Congreso. Cada una de esas fases es un punto en el que el respaldo social —el mismo 70% que refleja la encuesta de la Fundación BBVA— puede traducirse o no en presión política real.
Tú puedes formar parte de esa presión. Seguir de cerca la tramitación, compartir esta noticia y visibilizar que la mayoría social ya dejó atrás la tauromaquia son gestos pequeños que, sumados a los de miles de personas más, son exactamente lo que ha hecho posible que 46 diputados y diputadas de seis formaciones distintas firmen hoy el mismo texto.
Gascón lo resume así: "Esta proposición existe porque cientos de miles de personas firmaron la ILP 'No es mi cultura' antes que nadie en el Congreso. El trabajo de la ciudadanía no termina con la admisión a trámite: termina cuando la ley cambia de verdad", afirma.
Doce años después de que una ley decidiera llamar "cultura" a lo que siete de cada diez españoles llaman sufrimiento, el Congreso tiene sobre la mesa la oportunidad de corregir esa contradicción. Que la corrija o no dependerá, en parte, de que esta vez la mayoría social no se quede en silencio.
Si crees que ningún animal debería depender de una etiqueta cultural para estar protegido, hazte socio o socia de AnimaNaturalis y ayuda a que iniciativas como esta lleguen hasta el final.
