La Fiscalía de Virginia Occidental ha renunciado a presentar cargos contra el proveedor de la cadena de comida rápida KFC que fue acusado de crueldad con los pollos por la organización ecologista PETA, que incluso contaba con vídeos en los que varios trabajadores de la planta llegaban a arrancar los picos a las aves aún con vida.
El caso se remonta al pasado julio, cuando PETA remitió a KFC un vídeo grabado por uno de sus investigadores, infiltrado en una planta de la empresa 'Pilgrim's Pride' en Moorefield (Virginia), donde trabajó entre los meses de octubre de 2003 y mayo de 2004. Pilgrim's es el segundo productor de carne de pollo del país.
El investigador consiguió grabar varios vídeos en los que empleados de la empresa daban patadas a los pollos y los golpeaban contra el suelo y las paredes, y presenció incluso cómo les arrancaban los picos, les retorcían el pescuezo y les pintaban con sprays, "y todo ello estando vivos".
Por su parte, Yum! Brands, la compañía propietaria de KFC, que recibió una copia del vídeo y del testimonio del investigador, exigió a su proveedor que despidiera a los empleados responsables de estos actos, lo que finalmente se produjo: tres directivos y ocho operarios fueron expulsados de la empresa.
Paralelamente, la organización ecologista presentó una denuncia ante los tribunales contra Pilgrim's. Sin embargo, el pasado 11 de enero, la jefa de la Fiscalía de Virginia, Ginny Conley, anunció que no presentaría cargos criminales contra la empresa dado que se trataba de "pollos en un matadero", y que casos como este subrayaban la necesidad de una regulación en la materia pero no de procesos penales.
En un comunicado, el director de investigaciones de PETA, Cem Akin, considera sin embargo que la ley ya existe, que los actos denunciados constituyen "claras violaciones del estatuto estatal sobre crueldad contra animales", y que si hubieran sido "perros o gatos" y no pollos los que hubieran sufrido estos abusos, "se habrían presentado cargos".
"Los pollos son igual de capaces de experimentar dolor y sufrimiento", señala. PETA llama a sus activistas a escribir a la Fiscalía para que reconsidere su decisión, así como a la oficina del gobernador de Virginia, Bob Wise, para que "tome cartas en el asunto".
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