El Ayuntamiento de Barcelona inició ayer una nueva campaña sobre perros urbanos que pretende, entre otros aspectos, que los dueños inscriban a sus mascotas en el censo municipal, que los animales no invadan las zonas de juegos infantiles y que las heces no llenen las calles. Lo ha intentado en repetidas ocasiones en los últimos 20 años y nunca lo ha logrado, al menos por completo, pero ahora cuenta con un respaldo que antes no tenía: una ley y una ordenanza con multas de entre 60 euros (10.000 pesetas) por motivos de suciedad y 1.500 euros (250.000 pesetas) por problemas de seguridad. Un total de 24 patrullas de la Guardia Urbana recorrerán la ciudad durante los próximos 17 días para velar por el cumplimiento de las normas.
A cada uno de los 10 distritos se le ha asignado dos patrullas especiales, que además contarán con la colaboración de cuatro patrullas de la Unidad Canina municipal. Se desplegarán esencialmente por parques y jardines, que es donde se producen más infracciones.
LAS MULTAS SE DUPLICARÁN
El concejal de Seguridad y Movilidad, Jordi Hereu, reconoció ayer que "aún hay un segmento muy importante de propietarios que no tienen un comportamiento adecuado". Además de las infracciones citadas, los agentes velarán para que los perros no entren en zonas destinadas a los más pequeños, que no vayan sueltos, que lleven chip y que los ejemplares peligrosos porten bozal, además de licencia y certificado psicotécnico del dueño. El grado de cumplimiento es variable, dependiendo del aspecto, aunque Hereu destacó que en un caso concreto había habido un gran cambio: son pocos los perros de las 11 razas consideradas de riesgo que van sueltos. También anunció que la multa más común, la de 60 euros, duplicará su cuantía en "pocos meses". Se aplica por no llevar chip o no recoger los excrementos.
Será un campaña "esencialmente informativa", según palabras de Hereu, en la que los agentes de la Guardia Urbana realizarán "recomendaciones y advertencias". En el caso de perros no censados o sin chip, se impondrá una denuncia que podrá retirarse si en los 10 días posteriores el dueño regulariza la situación de su mascota. Para problemas de seguridad, la sanción sí será inmediata, incluyendo el decomiso del perro si fuera necesario.
1.432 DENUNCIAS EN EL 2002
El concejal recordó que las principales quejas ciudadanas se refieren a perros que invaden zonas de juego infantil y perros de razas peligrosas que van sin bozal. También se incumple en muchos casos la exigencia de llevar a los perros al pipicán para realizar sus necesidades o de recoger los excrementos. El año pasado, el ayuntamiento impuso 1.432 denuncias, de las cuales 390 estaban relacionadas con perros de razas peligrosas. La previsión es que este año aumenten las cifras, concluyó Hereu.
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