En 2022, el pleno del Ayuntamiento de Palma fijó 2024 como fecha límite para retirar los caballos del servicio de calesas. Esa fecha pasó sin que ocurriera nada. Cuatro años después, en marzo de 2026, Cort firmó un segundo acuerdo con el gremio de caleseros para sustituir los carruajes de tracción animal por vehículos eléctricos —pero, a diferencia del pacto de 2022, este no fija ninguna fecha límite vinculante ni contempla sanciones en caso de incumplimiento.
El verano que acaba de terminar ha vuelto a poner el foco sobre el sufrimiento de estos animales. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) tumbó la modificación del reglamento municipal que restringía la circulación de las calesas con calor extremo, lo que ha permitido que los caballos sigan tirando de carruajes incluso con alertas amarillas, activas en el sur de Mallorca a partir de los 36 grados. Semanas antes de la protesta, un vídeo mostró a un calesero rociando con agua a una turista que le había pedido que hidratara a su caballo, un episodio que reabrió el debate público y llevó al propio Ayuntamiento a abrir un expediente informativo al conductor implicado.
"Llevamos desde 2022 escuchando la misma promesa", denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, resumiendo en una frase el patrón que las organizaciones llevan cuatro años señalando: cada acuerdo llega sin mecanismo para hacerlo cumplir.
Un acuerdo sin dinero ni fecha, otra vez
La historia de los intentos fallidos por electrificar las calesas de Palma tiene nombre y cifra. El Gobierno central llegó a poner sobre la mesa 250.000 euros mediante un convenio para financiar galeras eléctricas al 100%, además de una partida previa de 70.000 euros impulsada por la entonces Dirección General de Derechos de los Animales. Ninguna de las dos ayudas se ejecutó: la primera se perdió tras el cambio de gobierno municipal en 2023, que alegó falta de partida presupuestaria.
El acuerdo de marzo de 2026 traslada ahora todo el coste a los 28 caleseros, que se han comprometido de forma voluntaria a financiar ellos mismos sus vehículos eléctricos, valorados en unos 40.000 euros cada uno. No existe, sin embargo, ninguna ordenanza aprobada que respalde ese compromiso: es, de nuevo, una promesa sostenida solo en la buena fe de quienes ya incumplieron una vez.
"Este verano hemos vuelto a ver caballos trabajando con alertas amarillas por calor porque un tribunal tumbó la única norma que los protegía", añade Gascón. La urgencia no es retórica: apenas seis meses antes de la firma del acuerdo de marzo, dos caballos de galera se desplomaron en el centro de Palma en menos de tres días, en pleno mes de septiembre, evidenciando el agotamiento acumulado tras el verano.
Otras ciudades ya cerraron esta puerta
El caso de Palma contrasta con el de municipios vecinos que resolvieron el mismo conflicto mediante normativa vinculante, no declaraciones de intenciones. Capdepera prohibió la tracción animal por ordenanza en 2016. Alcúdia modificó su reglamento municipal por unanimidad en 2023 para sustituir los carruajes por vehículos eléctricos homologados. Muro aprobó de forma definitiva su propio reglamento en 2024, publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Sant Llorenç des Cardassar tiene fijado 2032 como horizonte formal para el mismo objetivo. En todos esos casos, la fecha y el mecanismo de sustitución quedaron recogidos en un texto normativo, no en un apretón de manos.
Fuera de Mallorca, el mapa es el mismo. Barcelona puso fin a las carrozas de caballos en Las Ramblas al no renovar la concesión a la empresa que las operaba. Málaga anunció en octubre de 2025 la prohibición de los coches de caballos con fines turísticos tras un acuerdo con los titulares de las licencias, que fueron indemnizados. Sevilla y Córdoba son ya las únicas capitales andaluzas donde estos carruajes siguen circulando. La sustitución de la tracción animal por vehículos eléctricos no es una hipótesis lejana: es una tendencia ya consolidada en buena parte de España, y refuerza la exigencia de que Palma deje de ser la excepción.
Tu firma, cada sábado, hasta que haya fecha
Este sábado, unas 40 personas corearon por el centro de Palma consignas como «Palma no quiere calesas de caballos», «calesero, tira tú del carro» o «no es tradición, es explotación», en una movilización que se suma a las que distintos colectivos animalistas vienen celebrando cada sábado de septiembre. Las organizaciones convocantes ya reúnen 10.000 firmas y no van a parar: la presión callejera seguirá mientras no exista una ordenanza con fecha de caducidad para la tracción animal en la ciudad.
Tú también puedes sumar tu firma y compartir la campaña para que la presión no dependa solo de quienes salen a la calle cada sábado. Las organizaciones exigen a Cort algo muy concreto: una ordenanza con fecha vinculante y un plan formal de rescate —refugio, sanidad veterinaria y retirada definitiva del trabajo— para cada uno de los caballos que hoy tiran de las calesas turísticas de Palma.
"No podemos seguir confiando en la buena voluntad de un gremio que ya incumplió una vez", sentencia Gascón. Palma fijó una fecha en 2022 y la dejó pasar sin consecuencias; firmó un segundo acuerdo en 2026 y volvió a dejar la fecha en blanco. La pregunta que la ciudad todavía no ha respondido es la misma que se hacían quienes se manifestaron este sábado en la plaça de la Seu: ¿cuántas promesas más hacen falta para que un caballo deje de tirar de un carro bajo una alerta amarilla?
Puedes sumarte a la campaña Stop Galeras firmando y compartiendo la petición, y apoyar el trabajo de AnimaNaturalis haciéndote socio o socia para que estas movilizaciones sigan teniendo la fuerza necesaria para exigir cambios reales.
