Para referirse a la expulsión de la que fue objeto el estudiante Carlos Mogollón, del 2do. Año de Ciencias Veterinarias de la UCV, núcleo Maracay, el diputado Alberto Castelar (Falcón) tuvo un derecho de palabra en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, que preside María Briceño de Queipo (Zulia)
El legislador aseveró que el alumno fue destituido por un lapso de 2 meses que, en su caso, equivale a perder todo el año de estudios por inasistencia, “sólo por el delito de opinar y hacer un fuerte señalamiento a la autoridad decanal”.
Según el parlamentario, acciones arbitrarias como la del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, Rafael Infante, confirman que no hay estado de derecho en nuestras universidades, “pues Mogollón lo que hizo fue denunciar el asesinato de más de 35 perros, que luego fueron quemados, dentro de las instalaciones universitarias”.
Mencionó Castelar que, usualmente, los canes son recogidos en esa Facultad para luego ser adoptados por personas amantes de animales domésticos, por lo que aprovechó para hacer un llamado a las asociaciones defensoras de animales, tanto públicas como privadas, para que se pronuncien sobre el caso.
Propuso la comparecencia del Decano, para que explique las razones por las cuales, y a raíz de las denuncias del estudiante, él procedió a expulsarlo. Además, exhortó oficiar a la Comisión de Ambiente, a través de la Subcomisión de Diversidad Biológica, para que se sume a la investigación.
El caso en cuestión
El estudiante Carlos Mogollón tomó la palabra para recordar que fue justamente cuando se abrió esa Facultad que se acordó erradicar la presencia del gran número de perros que existían en sus alrededores y, de manera espontánea, un grupo de estudiantes enfrentó la situación porque les parecía una “incongruencia”.
Fue así como el Decano le solicita a Corposalud del estado Aragua para que “los elimine”. Esta corporación se niega rotundamente y saca un comunicado en el que alega que si no existía una justificación sanitaria, no lo haría. No obstante, los estudiantes organizan un plan de vacunación para más de 100 perros que habían censado ellos mismos; plazo que –en un principio- fue prorrogado.
Agregó Mogollón que cuando se iba a realizar la jornada, se dan cuenta que existían unos 25 perros, a lo sumo. Se dirigieron a la Clínica de Pequeños Animales, ubicada en el mismo campus, y a la Cátedra de Animales, pero no dan con los cadáveres de los animales. Posteriormente, fue en los Salones de Bacteriología donde, finalmente, encontraron “un hecho atroz: más de 30 perros calcinados”.
- Lo peor es que estos Salones se encuentran frente a la conocida comunidad de Caña de Azúcar y detrás de una Planta de Lácteos de la Universidad. Si ellos justifican la muerte de perros por una medida sanitaria, cómo es posible que se encuentren calcinados en los salones, afectando a toda una comunidad –inquirió Mogollón.
Luego de este hecho, el estudiante elabora una “Carta Abierta” al Decano para reclamar no sólo eso, sino solicitar mejoras de infraestructura del recinto y mantenimiento de las cavas de anatomía, entre otros puntos. Asimismo, le insta a que abra un debate con la comunidad estudiantil.
La incomodidad del Decano lo llevó a que el 15 de marzo le abriera un expediente, un proceso administrativo a Mogollón, por “injuria y falta de respeto” y, el 13 de abril, recibiera una notificación de expulsión de la universidad, por 2 meses.
- Me parece que esa acción es un flagrante abuso de poder. Existen medidas como la amonestación verbal y escrita; además, la ética lo llama a que no sea juez y parte –adujo.
Indebido ejercicio de poder
La diputada Aleydys Manaure (Falcón) señaló que esta denuncia poseía un altísimo nivel de sensibilidad, ya que “forma parte del nuevo modelo educativo del hombre y la mujer que estamos buscando”.
Maigualida Barrera (Miranda) se mostró de acuerdo con la sugerencia de Castelar, en el sentido de llamar a comparecer al Decano y abrir una investigación donde “se aten otros cabos que se mantienen sueltos”.
- Debemos ir tomando partido en cuanto al ejercicio del poder que se realiza en las universidades nacionales, sin ningún tipo de control, y que conlleva a estos abusos -dijo.
Adicionó que ello forma parte de la crisis estructural de nuestras universidades nacionales públicas, que parte de una legislación que sigue estando vigente “pero a espaldas de todas las transformaciones, en términos de la democratización de la educación”, aun cuando reconoció que se ha ido avanzando a través de los nuevos recintos, Misiones y todas las políticas sociales que el gobierno revolucionario ha desarrollado.
Por su parte, Miguel Rojas planteó exhortar al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), como órgano rector, para que indague acerca de cómo se le da curso a una decisión de esta naturaleza. “Esto no tiene sentido. Es una sanción que, de ninguna manera, se puede avalar”, recalcó.
Pastora Medina (Bolívar) estuvo de acuerdo con las propuestas anteriores, además de incluir en la investigación a la Subcomisión de Educación Superior de esta instancia, para que canalice la investigación del caso.
María de Queipo añadió que también se debe instar al Consejo de la Facultad de Veterinaria, pues “casos como éste giran alrededor de una descomposición moral y de otro tipo de antivalores”.
- Esta acción priva al estudiante del derecho a la educación, sin el debido proceso, obviando que –nos guste o no- se debe actuar a la luz del nuevo Estado democrático y social, de derecho y de justicia; y dentro del protagonismo del pueblo establecido en la Constitución –enfatizó.
Del mismo modo, Queipo indicó al estudiante afectado, acudir a instancias como la Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República para que, paralelamente, abran sus respectivas investigaciones.
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