Imagina un pasillo infinito de metal, donde el aire espeso huele a amoníaco y los gritos de cerdas aplastadas contra barrotes se mezclan con el crujir de huesos. Así viven millones de animales en las granjas españolas, líderes europeos en hacinamiento. “Las jaulas son cárceles que niegan hasta el instinto más básico: estirar las alas, caminar, mirar al sol”, denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
Los números no mienten: según la Coalición End The Cage Age (ETCA), España alberga al 23% de las gallinas enjauladas de la UE y es el segundo productor de conejos, el 99% criados en jaulas. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End the Cage Age, respaldada por 1.4 millones de firmas, logró en 2021 el compromiso de la Comisión Europea para prohibir progresivamente estas prácticas. Pero mientras Bruselas retrasa su propuesta a 2026, organizaciones como AnimaNaturalis, Compassion in World Farming (CIWF) y Igualdad Animal exigen transparencia: ¿qué hará España?
El diputado Alberto Ibáñez Mezquita (Sumar/APDDA) ha presentado una pregunta parlamentaria clave, exigiendo al Gobierno detalles sobre financiación, adaptación normativa y posibles estándares más estrictos. “No se trata solo de cumplir con Europa, sino de escuchar a una ciudadanía que ya no tolera la crueldad invisible en sus platos”, añade Gascón. La pregunta presiona para conseguir una postura clara: ¿apoyará la prohibición europea de las jaulas en granjas?
La urgencia es económica y ética: el Eurobarómetro 2023 revela que el 89% de los europeos rechaza las jaulas individuales. En España, aunque el consumo de huevos de gallinas libres crece un 12% anual, el 72% de la producción aún proviene de sistemas intensivos. “La industria argumenta costes, pero ignoran que la transición es inevitable: los consumidores y las leyes europeas están cambiando. España no puede quedarse atrás”, insiste Gascón.
Un futuro sin jaulas
La pregunta parlamentaria de Alberto Ibáñez Mezquita exige al Gobierno detallar cómo usará los fondos de la PAC (Política Agrícola Común) para apoyar a los ganaderos. “Sin ayudas concretas, la transición será desigual. Necesitamos un plan con plazos y recursos, no solo discursos”, advierte Gascón. El reto no es técnico, sino de prioridades: ¿invertirá España en un sistema obsoleto o en uno que respete la vida?
La pregunta se refiere a la futura propuesta de legislación por parte de la Comisión Europea para eliminar progresivamente la utilización de jaulas y otros sistemas de confinamiento cerrado para todas las especies de animales existentes en las granjas; y busca tener una visión más exacta sobre la postura del gobierno español ante este tema.
La pregunta incide en cuatro cuestiones:
- ¿Cuál es la postura del gobierno español respecto a la legislación de bienestar animal que va a proponer la CE y cómo planea responder a la misma?
- ¿Cómo adaptará el Gobierno su normativa nacional a las directrices de la nueva legislación de la UE para todas las especies?
- ¿Cuál será la previsión de las medidas de acompañamiento y respaldo financiero para facilitar el proceso?
- ¿Haría España uso de la poțestad de aprobar normas más estrictas de los estándares establecidos a nivel europeo en esta materia, en su caso?
“No somos espectadores. Somos la generación que puede terminar con esta crueldad”, concluye Gascón. Mientras el Gobierno prepara su respuesta, una pregunta resuena: ¿será España cómplice del sufrimiento o pionera en la revolución animal? La jaula está abierta. Solo falta decidir.
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