La norma que aspiraba a erradicar las peleas de gallos en todo el territorio español terminó, en la práctica, sin alterar su continuidad. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales contemplaba en su versión inicial, concretamente en el artículo 27, la prohibición expresa de organizar, celebrar o promocionar estos enfrentamientos en cualquier punto del país. Sin embargo, esa disposición fue suprimida durante el proceso de tramitación parlamentaria.

El texto definitivo dejó fuera de su alcance a los animales de producción, una categoría en la que puede encajar jurídicamente el gallo Combatiente Español, reconocido como raza ganadera desde 2007. Además, limita la prohibición de las peleas a los casos que involucren animales de compañía o fauna silvestre en cautividad. En consecuencia, comunidades como Andalucía y Canarias conservan sus excepciones normativas, lo que permite que las peleas de gallos sigan siendo legales en ambos territorios.

La protección animal en España es una competencia autonómica. Quince comunidades y ciudades autónomas han prohibido expresamente las peleas de gallos en sus territorios. Solo Andalucía y Canarias han incorporado en sus respectivas leyes excepciones que permiten que estos combates continúen bajo determinadas condiciones.

En Canarias, la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, prohíbe con carácter general utilizar animales en peleas y actividades que conlleven maltrato o sufrimiento, pero añade una excepción: podrán realizarse combates de gallos en aquellas localidades en las que tradicionalmente se hayan venido celebrando, siempre que se desarrollen en recintos cerrados y con prohibición de entrada a menores de 16 años. La norma también impide construir nuevas instalaciones, aunque permite sustituir una existente dentro del mismo municipio. En la práctica, la Federación Gallística de Canarias agrupa en torno a 40 asociaciones y unos 1.500 participantes registrados, con una temporada que arranca habitualmente en enero y se prolonga hasta mayo.

A diferencia de Andalucía, en Canarias las peleas autorizadas son abiertas al público federado. Cada combate enfrenta a dos individuos en una valla circular de unos tres metros de diámetro. El encuentro se da por concluido cuando uno de los dos rehúye pelear o queda inhabilitado. La victoria se produce en muchos casos con la muerte de uno de ellos, aunque cuando el perdedor sobrevive gravemente herido, la pelea se detiene antes del desenlace final. Los combates tienen un tiempo límite de 10 minutos, según documentaron reporteros que presenciaron las liguillas en Gran Canaria.

La magnitud del problema en cifras

En Andalucía, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, y una resolución posterior de diciembre de 2004 configuran un marco diferente. Su artículo 4 prohíbe las peleas de gallos con carácter general, pero exceptúa los combates orientados a la selección de cría para la mejora de la raza y su exportación, realizados en criaderos y locales debidamente autorizados con la asistencia exclusiva de socios. Estas actividades no tienen la consideración de espectáculo público, están vedadas al público en general y quedan expresamente prohibidas en ellas las apuestas de cualquier tipo. Los combates se organizan a través de la Federación Andaluza de Defensores del Gallo Combatiente Español, con concentración especial en Cádiz —en particular Jerez y Sanlúcar de Barrameda— y los aficionados son avisados cada viernes por grupos de WhatsApp.

Detrás de cada combate hay una industria censal, federada y subvencionable. Según los datos del Programa de Cría de la Raza Aviar Combatiente Español, a finales de 2020 había 56.780 ejemplares de la raza dedicada a las peleas registrados en todo el territorio nacional: 36.338 machos y 20.442 hembras. El 94% de esa población —53.560 animales— se concentra en Andalucía. A nivel nacional, 1.733 criadores están inscritos oficialmente en el programa, pero el alcance social del sector es mucho mayor: la Federación Andaluza de Defensores del Gallo Combatiente Español cuenta con aproximadamente 28.000 socios distribuidos en unas 70 peñas. 

En Canarias, la principal estructura organizativa de esta actividad es la Federación Gallística Canaria, que agrupa a criadores y colectivos vinculados a esta práctica en el archipiélago. Esta entidad integra alrededor de medio centenar de asociaciones y cerca de 1.500 personas. 

Esos números no son solo un inventario: son la estructura sobre la que se sostiene el sistema. El propio programa de cría define los combates entre gallos como "pruebas funcionales" o "controles de rendimiento", y la calificación anual de cada animal depende de los resultados obtenidos en esos enfrentamientos a lo largo de toda la temporada. Eso significa que cada año se celebran miles de riñas en centros de control autorizados repartidos por las peñas federadas. El sufrimiento no es un efecto colateral: es el mecanismo de selección.

Lo que hacen previo al combate

El sufrimiento no comienza cuando dos gallos se enfrentan en el reñidero. Comienza semanas antes, en la propia gallera, con una serie de mutilaciones e intervenciones que no son realizadas por veterinarios y que, consideradas individualmente, ya constituirían maltrato animal.

Antes de cada combate, los gallos son sometidos a mutilaciones sistemáticas: se les amputan la cresta, las barbillas y las orejillas con tijeras, se les afilan los espolones con lima y, en muchos casos, se les añaden espolones artificiales de plástico o metálicos para infligir mayor daño. Eduardo Olmedo, fiscal de Medio Ambiente de la Provincia de Valencia, documentó estas prácticas en profundidad: las mutilaciones suponen causación de graves heridas, dolor intenso, mayor sensibilidad a infecciones y alteraciones fisiológicas que pueden ocasionar la muerte. No son combates neutros: son enfrentamientos que someten a cada individuo a un sufrimiento verificado antes, durante y después de cada riña.

La primera es la amputación de cresta, barbillas y orejillas. Se practica con tijeras, sin anestesia ni analgesia, y provoca un dolor agudo e inmediato además de un estrés que puede derivar en inmunodepresión. Estas estructuras no son puramente estéticas: son esenciales para la termorregulación del animal. Al eliminarlas, el gallo pierde una parte fundamental de su capacidad para intercambiar calor con el entorno, haciéndolo más vulnerable a las oscilaciones de temperatura, especialmente durante el esfuerzo físico intenso del combate.

La segunda es el afeitado del plumaje, conocido en el argot como "tusado" o "atusado". Privar al ave de su aislamiento natural agrava los problemas de termorregulación y expone la piel a los productos irritantes —alcanfor, lejía, alcohol, amoniaco, vinagre o zumo de limón, solos o mezclados— que se frotan sobre las zonas depiladas para enrojecer artificialmente la piel y hacerla visualmente más impactante durante el combate. Esa fricción produce dermatitis y eritema.

La tercera es la manipulación de los espolones. Se liman y afilan para convertirlos en armas más letales, y en muchos contextos se sustituyen por espolones artificiales: en las peleas legales de Canarias se autorizan los de plástico; en las ilegales del resto del país, las más utilizadas son navajas metálicas que amplían el alcance del espolón natural de 1,5 cm hasta los 10 cm. Además, se utilizan de forma rutinaria gafas antipicaje con clavija que atraviesa el tabique nasal, una práctica prohibida por el Comité Permanente del Convenio Europeo sobre Protección de los Animales, y que provoca lesiones directas en los orificios nasales.

Todo esto ocurre antes del primer golpe. Y ninguna de estas intervenciones está supervisada por un veterinario: en ninguna de las dos comunidades con excepción legal es obligatoria su presencia durante las peleas ni durante las manipulaciones previas.

Lo que ocurre dentro del reñidero

Durante el combate, las heridas se concentran en la cabeza. La cara aparece inflamada, especialmente alrededor de los ojos. El globo ocular puede resultar perforado, aunque la inflamación lo dificulta detectar de inmediato. Los orificios nasales quedan obstruidos de sangre, comprometiendo la respiración. A eso se añaden perforaciones pulmonares, fracturas en patas y alas, y heridas en el cuerpo producidas por los espolones, naturales o artificiales.

Para maximizar la resistencia y la agresividad de los animales, es habitual administrarles fármacos: hormonas como testosterona, agentes coagulantes como vitamina K para reducir el sangrado, y estimulantes como estricnina, cafeína o metanfetaminas. También se documentan antibióticos, vitamina B12 y dextrosa. El gallo que entra al reñidero no es solo un animal seleccionado para pelear: es un animal químicamente preparado para aguantar más y atacar con más intensidad.

Que el combate se detenga cuando uno de los dos "pone la pechuga en la tierra" —como establece el reglamento andaluz— no significa que el daño sea menor. Significa que el animal ha llegado al límite de su capacidad de respuesta. Las lesiones producidas durante los enfrentamientos incluyen hemorragias, inflamaciones, infecciones, mutilaciones, enucleaciones y, en muchos casos, la muerte.

Una oportunidad perdida en el Congreso

La Ley 7/2023 fue presentada como la norma más avanzada en la historia de España en materia de protección animal. Pero su alcance real, en lo que respecta a los gallos utilizados en combates, es estructuralmente limitado por tres razones que se superponen.

La primera es el ámbito de aplicación. La norma protege a los animales de compañía y a los animales silvestres en cautividad, pero excluye expresamente a los animales de producción. El gallo Combatiente Español está incluido en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España desde enero de 2007, lo que permite encuadrarlo jurídicamente en esa categoría excluida. La segunda razón es la referencia a los espectáculos públicos: la ley prohíbe utilizar animales en espectáculos que les causen sufrimiento, pero las peleas autorizadas en Canarias y Andalucía están excluidas de esa categoría y se desarrollan en recintos cerrados y privados. La tercera es la excepción para "actividades regladas": el artículo 25.m prohíbe las peleas entre animales de compañía, pero excluye de esa prohibición las actividades regladas, categoría en la que encajan las riñas autorizadas en ambas comunidades.

La abogada Cristina Bécares Mendiola, coordinadora de la Comisión de Derecho Animal del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, es contundente en su diagnóstico: la Ley de Bienestar Animal, a fecha actual, no protegería a todos los animales, perpetuando las diferencias existentes entre comunidades en esta materia. El resultado es que estos individuos seguirán desprotegidos ante la ley estatal.

El dato que condensa la magnitud de lo perdido es el del borrador inicial. El primer texto de la ley incluía en su artículo 27 la prohibición expresa de organizar, celebrar o dar publicidad a peleas de gallos en todo el territorio español. Ese párrafo fue eliminado durante la tramitación parlamentaria por sugerencia del Partido Popular y VOX. La norma que debía cerrar la excepción se convirtió, en cambio, en el instrumento que la ratificó.

Un negocio de sangre y dinero negro

La legalidad parcial en Andalucía y Canarias genera un efecto directo sobre el resto del territorio español: alimenta un mercado clandestino que las fuerzas de seguridad describen como en expansión. Las peleas ilegales se organizan a través de grupos de WhatsApp, rara vez dejan rastro digital y se celebran en naves, cortijos y locales privados de acceso controlado.

En enero de 2024, la Policía Nacional desmanteló en Aspe, Alicante, uno de los mayores reñideros clandestinos conocidos en España. El operativo reunió a casi 80 agentes. En el interior había unas 200 personas y apuestas que alcanzaban los 50.000 euros en esa sola jornada. Entre los asistentes se encontraba un niño de 12 años al que habían escondido 12.000 euros en la ropa interior. El presunto organizador fue detenido y puesto en libertad pocas horas después. "Es un delito relativamente reciente en el Código Penal y con penas privativas de libertad muy bajas", explica Olmedo.

El panorama se repite en Andalucía, donde las peleas ilegales conviven con las autorizadas. En Granada, la Policía Nacional desmanteló un reñidero ilegal en una localidad próxima a Motril en el marco de la operación Gallo: 130 personas identificadas —15 de ellas menores—, 43 gallos intervenidos, más de 46.000 euros en efectivo para apuestas, actas por consumo de drogas y por porte de armas blancas. En Sevilla, la Policía Local encontró 17 gallos de pelea abandonados en sacos de plástico transpirables junto al cementerio municipal. Los robos de estos animales son habituales en el sector, ya que un ejemplar de pura raza puede alcanzar los 5.000 euros; para evitar sustracciones, los criadores tatúan a los individuos bajo las alas con el nombre del casteador.

Las intervenciones no se limitan al Levante ni al sur. En Coristanco, A Coruña, la Guardia Civil detuvo en el marco de la Operación Lecoq a cuatro personas en un galpón donde localizó gallos de raza combatiente con los espolones afilados y envueltos en esparadrapo, todos en alojamientos individuales por su agresividad inducida. A todos les habían amputado cresta y barbilla, rasurado las patas y extraído las plumas del cuerpo. En el interior también encontraron un ring circular de lona, un maletín con navajas, espolones artificiales, limas, jeringuillas y tres relojes de arena para marcar los tiempos de los combates. Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, Cataluña, Madrid, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha: la Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado reñideros ilegales en más de una decena de comunidades autónomas en los últimos años. La ilegalidad no tiene frontera autonómica.

Olmedo lleva años alertando de este fenómeno en las Cortes Valencianas y en los juzgados. Su diagnóstico no deja margen a la ambigüedad: "La única solución es endurecer el Código Penal e introducir penas más duras para este tipo de delitos de maltrato animal. Y, por supuesto, prohibir las peleas en toda España, porque mientras sean legales en Andalucía y Canarias, es una batalla casi perdida." El fiscal añade que incluso circulares oficiales de la Junta de Andalucía han llegado a justificar las mutilaciones como medida preventiva para evitar lesiones más graves durante los combates: una lógica que, en sus palabras, constituye "una desvergüenza y un auténtico disparate".

La economía del sector se sustenta además en la comercialización legal de los animales. La cría del gallo combatiente está permitida en toda España, aunque sus mutilaciones y los combates estén prohibidos fuera de las dos comunidades con excepción. Eso genera un flujo constante de individuos criados en la Comunitat Valenciana, Murcia y otras regiones hacia Andalucía, donde la legalidad de los combates les da salida. La línea entre el negocio legal y el ilegal es, en la práctica, casi invisible.

El futuro depende de ti

El debate jurídico y político permanece estancado. Las normativas autonómicas de Andalucía y Canarias, elaboradas hace más de veinte y treinta años respectivamente, siguen vigentes sin modificación sustancial. La ley estatal aprobada en 2023 no cerró la excepción. Y mientras tanto, los reñideros legales e ilegales continúan su actividad, los operativos policiales se suceden sin disuasión efectiva y gallos son abandonados en sacos como si fueran basura.

La solución más directa pasa por modificar las leyes autonómicas andaluza y canaria para eliminar las excepciones que permiten los combates, y por reformar la Ley 7/2023 para que su prohibición de peleas alcance también a los animales clasificados como de producción. Que un gallo sea catalogado jurídicamente como animal de granja no modifica en nada su capacidad de sentir dolor, miedo o estrés. Esa capacidad es idéntica a la de cualquier otro ser sintiente, y debería bastar por sí sola para merecer protección legal.

Tú puedes contribuir a que eso ocurra. Puedes firmar y difundir las campañas de AnimaNaturalis exigiendo la modificación de la normativa autonómica y el cierre definitivo de las excepciones legales. Puedes contactar con tu representante autonómico y pedirle que tome posición pública sobre este asunto. Puedes denunciar ante el SEPRONA cualquier actividad que consideres vinculada a la organización ilegal de peleas de gallos. Y puedes hacerte socio o socia de AnimaNaturalis para que la capacidad de incidencia política y jurídica de la organización no dependa de la voluntad de quienes hoy bloquean los avances legislativos.