Era abril de 2021 cuando las imágenes grabadas en secreto dentro de un laboratorio de Tres Cantos, Madrid, llegaron a las pantallas de millones de personas. Lo que mostraban no era ciencia: era una perra beagle manipulada con brusquedad, burlas hacia animales incapaces de huir, golpes que ningún protocolo de bienestar animal contempla. La activista conocida como Carlota Saorsa, infiltrada en Vivotecnia para la organización Cruelty Free International (CFI), había grabado durante 18 meses lo que ocurría de puertas para adentro en uno de los centros de experimentación con animales más activos del país.
Cinco años más tarde, dos trabajadores del laboratorio se sientan ante un tribunal. El juicio se celebra los días 7 y 8 de mayo de 2026 en Madrid. En la sala no habrá sentencia todavía: el juez escuchará los interrogatorios a los acusados, los testimonios de testigos y peritos, y visionar el propio vídeo de la investigación encubierta que dio inicio a la causa. La acusación será liderada por la abogada Ana Cal Estrela, con el apoyo jurídico y la coordinación de las áreas legales de AnimaNaturalis y FAADA, con nuestras abogadas Ana Estarán y Cristina Ibáñez.
"Para nosotras, la celebración de este juicio supone un momento clave para determinar responsabilidades por lo ocurrido y para enviar un mensaje claro: el maltrato animal no puede quedar impune, tampoco cuando se produce dentro de instalaciones dedicadas a la experimentación científica", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
El camino hasta aquí ha sido, en palabras de las propias organizaciones impulsoras de la denuncia, largo y complejo. Cinco años de actuaciones judiciales, investigaciones y trámites procesales separan aquel abril de 2021 de esta sala de vistas madrileña.
Lo que ocurrió dentro de la sala
El juicio arrancó este jueves 7 de mayo bajo la dirección del magistrado Jacobo Vigil, quien desde el inicio dejó clara la acotación del proceso. "Aquí nos vamos a circunscribir a lo que tenemos que enjuiciar, no es lugar de reclamaciones que pueden ser justísimas o no", advirtió a las cinco acusaciones populares presentes en sala, cerrando la puerta a cualquier intento de ampliar la causa más allá de los dos episodios que han llegado finalmente a juicio.
Esos dos episodios son los que protagonizan los acusados. Al técnico Rubén C. se le atribuye haber administrado un agente eutanásico a un conejo sin que el animal estuviera sedado: el individuo se escapó del cepo, cayó al suelo y sufrió espasmos. Al técnico Carlos M. se le imputa haber realizado punciones en el globo ocular de varios roedores igualmente sin anestesia previa, provocando que los animales se movieran sin cesar e intentaran morder. Ambas grabaciones fueron proyectadas en sala.
La testigo principal, conocida hasta este juicio por el pseudónimo Carlota Saorsa, declaró por videoconferencia para evitar coincidir con los acusados, después de que el juez desestimara mantener su estatus de testigo protegido por considerar que no estaba expuesta a represalias. Su testimonio fue contundente: explicó que la decisión de no aplicar anestesia —o de no esperar a que hiciera efecto— respondía a presiones de la propia empresa para acelerar los procesos. "Lo importante era cumplir tiempos e ir muy rápido", declaró. Añadió que las instrucciones eran realizar todos los procedimientos a la vez y modificar los registros a posteriori si fuera necesario.
La defensa intentó cuestionar las intenciones con las que Carlota Saorsa entró a trabajar en Vivotecnia, insinuando que actuó como infiltrada desde el primer día. Ella lo negó: "No quería grabar cuando entré, quería ver qué pasaba allí dentro, tenía la curiosidad de saber cómo era la situación y después comencé a documentarlo". El magistrado trasladó la pregunta sin rodeos: "La letrada quiere saber si era usted un caballo de Troya". La testigo se mantuvo en su versión.
Una de las polémicas del día fue la solicitud de la defensa de uno de los acusados de incorporar como prueba la transcripción mediante inteligencia artificial del documental Infiltrada en el búnker, emitido en Amazon Prime Video, que recoge parte de las imágenes grabadas por Carlota. El magistrado lo rechazó sin ambages: "Me da igual el documental, con todo el respeto a quien lo haya hecho". El juicio continúa este viernes 8 de mayo.
Qué es Vivotecnia y qué ocurrió en su interior
Vivotecnia es un centro de experimentación con animales ubicado en Tres Cantos (Madrid) que realiza ensayos de toxicidad en fármacos con perros, roedores, conejos y otras especies para la industria química, cosmética, biotecnológica, agroquímica y farmacéutica. Se trata de una empresa privada de las llamadas de contract research, es decir, que ofrece sus servicios a terceros.
Las imágenes grabadas por Carlota Saorsa mostraban manipulaciones bruscas, golpes, burlas hacia los animales y conductas descritas por las organizaciones denunciantes como completamente incompatibles con los estándares legales de bienestar animal vigentes. La difusión de esos vídeos generó protestas en toda España y abrió un debate público sobre el control y la supervisión de los laboratorios que utilizan animales en investigación.
La reacción institucional fue, según las activistas que siguieron el caso de cerca, decepcionante. La Comunidad de Madrid suspendió temporalmente la actividad del centro, pero levantó esa suspensión el 1 de junio de 2021, apenas semanas después. Según explicaron integrantes de la Asamblea Antiespecista consultadas por medios de comunicación, aquella suspensión de tres meses no impidió que Vivotecnia continuara con los encargos ya contratados ni que facturara durante ese período. Las organizaciones animalistas denunciaron al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por ocultar información sobre la situación en el laboratorio.
Fue la vía judicial, impulsada por AnimaNaturalis, FAADA, Cruelty Free International y PACMA, la que mantuvo vivo el caso hasta hoy.
Un millón de animales al año
El caso Vivotecnia no es una excepción aislada: es una ventana abierta hacia una práctica masiva y en gran medida invisible. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante 2024 se reportaron 887.241 usos de animales en investigación y docencia en España, lo que representa una reducción del 22,5% respecto a 2023. Sin embargo, los datos europeos del año anterior sitúan a España entre los países con mayor volumen de experimentación del continente.
En 2023, España realizó cerca de 1,1 millones de ensayos con animales, según estadísticas de la Comisión Europea, figurando junto con Francia, Alemania y Noruega entre los territorios donde más se experimenta. Solo Francia, con dos millones de experimentos ese año, superó esa cifra en la Unión Europea. En el conjunto de la UE y Noruega se realizaron 9,1 millones de experimentos con animales en 2023, con un descenso global del apenas 3%.
En España, el ratón encabeza la lista de especies utilizadas, representando en torno al 37-47% de los usos según el año consultado. Le siguen los peces y las aves domésticas. Los mamíferos, en conjunto, continúan siendo el grupo más empleado. El número de procedimientos que causaron sufrimiento moderado o grave a los animales en Europa fue de 3,7 millones solo en 2023, según la misma fuente.
"Lo que vimos en Vivotecnia no fue un accidente ni un caso aislado: fue el resultado de años de opacidad en un sector que ha funcionado sin el escrutinio público que merece cualquier actividad que cause sufrimiento a seres sintientes", dice Gascón.
La organización Cruelty Free Europe ha criticado que el descenso en las cifras europeas es insuficiente, y ha reclamado mayor ambición en la implementación de la hoja de ruta de la Comisión Europea para la eliminación progresiva de la experimentación con animales en las evaluaciones de seguridad química. En ese contexto, los casos como el de Vivotecnia adquieren una dimensión que va más allá de la responsabilidad penal de sus directivos: señalan la necesidad urgente de reforzar los sistemas de inspección y control de estos centros.
El problema de las inspecciones
El debate sobre el control de los laboratorios en España no es nuevo, pero el caso Vivotecnia lo volvió ineludible. Si las imágenes de Carlota Saorsa pudieron grabarse durante 18 meses, la pregunta que flota en el aire es sencilla: ¿dónde estaban los inspectores?
La normativa europea y española exige que los centros de experimentación con animales cuenten con comités de ética, veterinarios responsables y supervisión administrativa. Sin embargo, activistas y organizaciones de protección animal han señalado sistemáticamente las deficiencias en la frecuencia y profundidad de las inspecciones. El propio investigador Lluís Montoliu, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), admitió públicamente en declaraciones recientes que el sector científico había hecho durante años «dejación de funciones» en cuanto a transparencia y comunicación con la sociedad.
El acuerdo de transparencia de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), creado en 2016, ha mejorado la divulgación de información: según su último informe, el 80% de las instituciones adheridas publica información sobre el uso de animales en sus páginas web. Sin embargo, este avance en transparencia comunicativa no implica una mayor supervisión efectiva de las condiciones reales en que viven y son tratados los animales dentro de esos centros.
Lo que demostró Vivotecnia es que la transparencia declarada y la realidad cotidiana pueden divergir radicalmente. Y que esa divergencia, sin inspecciones robustas e independientes, puede prolongarse durante años sin consecuencias.
Más allá del juicio
La condena o absolución de los dos trabajadores de Vivotecnia tendrá consecuencias legales para sus responsables, pero el impacto del juicio puede ir mucho más lejos. En el activismo por los derechos de los animales, este proceso es visto como una oportunidad para reactivar el debate público sobre la experimentación animal en laboratorios, un debate que, según voces del propio movimiento, se había apagado con los años.
Casos similares en otros países han generado cambios legislativos y mayor presión sobre la industria. En 2019, la infiltración de un activista alemán en el laboratorio LPT y el caso de Huntingdon Life Sciences en Reino Unido pusieron en evidencia que las irregularidades documentadas en Vivotecnia no son una anomalía española, sino parte de un patrón más amplio. Cada investigación encubierta que ha salido a la luz ha generado la misma reacción: indignación pública, presión política y un debate renovado sobre si los marcos legales actuales son suficientes.
En mayo de 2026, coincidiendo con el juicio, están previstas nuevas movilizaciones y marchas de protesta convocadas por el movimiento de derechos animales para mantener la atención social sobre el caso.
Este juicio también es tuyo
En aquella primavera de 2021, miles de personas salieron a la calle en Tres Cantos, en la Puerta del Sol, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante los juzgados de Colmenar Viejo. Lo hicieron porque unas imágenes grabadas en secreto les mostraron lo que ocurría detrás de las puertas de un laboratorio que nunca debería haber visto la luz pública de esa manera. Cinco años después, esas mismas personas, y muchas más, esperan que la justicia complete lo que ellas empezaron.
Tú puedes ser parte de ese mensaje. Comparte este artículo, habla de este juicio, exige que los medios lo cubran. Cada vez que el maltrato animal en un laboratorio deja de ser invisible, la presión para cambiar las cosas crece. Vivotecnia llegó a los tribunales porque no hubo silencio. Que tampoco lo haya ahora.
"Este juicio es el resultado de años de trabajo colectivo, judicial y ciudadano. Pero también es el inicio de algo más grande: la exigencia de que ningún laboratorio pueda volver a actuar con esta impunidad", añade Gascón.
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