Mayol atribuye el aumento de abandonos al ‘efecto llamada’ producido por la prohibición municipal de sacrificar animales.
El Ayuntamiento ampliará el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia (CAAC) de la Arrabassada con la construcción de una o dos nuevas perreras que, muy probablemente, se ubicarán en algún municipio del entorno de Barcelona. La presidenta de la Agència de Salut Pública (ASP), Imma Mayol, anunció ayer esta intención en una rueda de prensa en la que garantizó que el Ayuntamiento, que a partir del día 25 volverá a hacerse cargo de la perrera de Collserola, “en ningún caso aplicará la eutanasia a los animales abandonados”.
La tercera teniente de alcalde no precisó dónde se construirán las nuevas instalaciones del CAAC, pero desde hace tiempo la ASP está buscando emplazamientos que, casi con toda seguridad, quedarán fuera del término municipal de Barcelona, en el que resulta prácticamente imposible encontrar un espacio adecuado para albergar un refugio de animales abandonados.
Mayol no quiso dar ningún detalle para no obstaculizar las negociaciones con otras instituciones del ámbito metropolitano, entre ellas un ayuntamiento y un consejo comarcal. No obstante, diversas fuentes ajenas al equipo de gobierno apuntaron que, al margen de que puedan remodelarse las actuales instalaciones del CAAC y encontrarse una o más localizaciones para futuros refugios, la mayor parte de los animales que hoy viven en condiciones de saturación en el kilómetro 3,8 de la carretera de la Arrabassada podrían ser trasladados, con toda seguridad no antes de año y medio, a un amplio espacio situado también en Collserola, cerca de la actual perrera.
La zona de Can Puig, que acoge una residencia de recuperación de toxicómanos –atención a la tendencia cada vez más extendida de combinar el trato con animales con fines terapéuticos–, es una de las posibilidades que se barajan, pero que, en cualquier caso, sólo se concretará si las partes afectadas, en especial el Ayuntamiento de Sant Cugat, están de acuerdo. Otro problema añadido es la inversión necesaria para dignificar los refugios, máxime cuando algunos responsables municipales siguen viendo los derechos de los animales como una cuestión de segundo o tercer orden.
Mayol reconoció que el centro de acogida es hoy insuficiente. Con capacidad para apenas un centenar de animales, en el CAAC hay más de 200 perros y otros tantos gatos. Mayol atribuyó esa saturación al incremento de abandonos –un 38% más en el 2003– causado por el efecto llamada que siguió a la decisión municipal de no matar a los animales recogidos. Luis Luque, presidente de la Fundación Altarriba, coincide en que el espacio es insuficiente y obsoleto. “Ni siquiera hay patios para que los perros paseen ni un sitio adecuado para las cuarentenas”, dice el responsable de la entidad que este mes dejará de gestionar la perrera.
Luque firmó la pasada semana un comunicado con Guix dando cuenta de la decisión del Ayuntamiento de no renovar el contrato con Altarriba. Ayer, sorprendido ante la iniciativa de Mayol de convocar una rueda de prensa, confirmó la información dada por la tercera teniente de alcalde en el sentido de que el día 1 envió una carta al alcalde Joan Clos comunicándole que la fundación no podía seguir haciéndose cargo del CAAC. Alegaba tres razones: instalaciones precarias, recursos limitados y enfrentamiento con Pauvic, empresa encargada del servicio veterinario.
Imma Mayol explicó que Pauvic criticaba a Altarriba por “no aislar suficientemente a los animales con infecciones contagiosas, con el riesgo de extender epidemias”. Luis Luque dio una explicación bien distinta: “Hemos gastado mucho dinero derivando animales a otros veterinarios porque no confiábamos en los del CAAC”. En su opinión, el reciente sacrificio de varios perros –según Pauvic estaban aquejados de moquillo y según Luque no padecían esta enfermedad– fue el detonante de la ruptura.
Mayol elogió a Altarriba (el número de adopciones se ha doblado) y criticó a la oposición por “apuntarse a un bombardeo” para sacar rendimiento mediático al asunto. No obstante, Alberto Fernández volvió a la carga advirtiendo al gobierno local que “es muy fácil declararse antitaurino y muy difícil tener una perrera en condiciones”.
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