Nadal impondrá la máxima sanción a la plaza de toros

Joan Miquel Nadal sigue con su partida simultánea de ping-pong a varias bandas: el caso Terres Cavades, el conflicto abierto con la Guàrdia Urbana y la polémica sobre quién tiene las competencias para sancionar a la plaza de toros de Tarragona. Este mes de agosto está siendo todo menos tranquilo para el alcalde.

Nadal aseguró ayer que está dispuesto a imponer «la sanción máxima» a la empresa que explota la plaza de toros de Tarragona, si se demuestra que permite el acceso al recinto de los menores de 14 años. La ley catalana impide que los niños más pequeños de esa edad asistan a espectáculos taurinos: «Si existe esta prohibición para los menores de 14 años, no entran», enfatizó el alcalde: «La ley es igual para todos, y eso que a mí me gustan los toros».

Joan Miquel Nadal recurrió a la lectura pública de titulares de prensa para tratar de demostrar que el delegado de la Generalitat, Xavier Sabaté, al principio de la polémica, se había irrogado indebidamente competencias municipales al amenazar con cerrar la plaza, para luego terminar por reconocer que sólo el consistorio puede tomar esta medida. «O no sabe qué competencias tiene o se ríe de los antitaurinos», criticó Nadal, quien emplazó al delegado a «enviar al ayuntamiento la tramitación del expediente que debe haber abierto».

Xavier Sabaté contraatacó diciendo que «primero Nadal se burlaba y decía que la plaza de toros no es una competencia municipal, y desde que recordé que tiene las competencias desde 1991 dice que es un tema muy importante». El delegado de la Generalitat aseguró que «enviaremos el expediente al ayuntamiento cuando los funcionarios lo estimen conveniente, y si creen que hay objeto y pruebas suficientes para sancionar a la plaza». Sabaté emplazó a Nadal a que «actúe de oficio. Ya que ahora cree que es tan importante, que envíe a la Guàrdia Urbana a la plaza, levante acta y abra expediente».

Fuego cruzado con Governació

Nadal volvió a defender la independencia del informe municipal sobre Terres Cavades, y recordó que fue la oposición quien lo pidió: «Para invalidar la tramitación de este proceso, lo primero que hace falta es un informe jurídico», afirmó el alcalde, «y ellos ya sabían quién iba a hacerlo cuando lo pidieron». Joan Miquel Nadal sostuvo la libertad de criterio del vicesecretario municipal, y pidió a PSC y ERC que acaten sus conclusiones «aunque no sean las que ellos querían». El portavoz del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, que había cuestionado el informe porque sus autores «son unos mandados del ayuntamiento» aseguró ayer a través de una nota que «nunca he desconfiado de la profesionalidad de los trabajadores, como sí hace Nadal con la Guàrdia Urbana». Ballesteros insistió en que «la hipótesis de presión ejercida sobre los técnicos es demostrable por el hecho de que Nadal ejerce de bocazas, y desvela el dictamen antes de que se haga público oficialmente».

Nadal reiteró que Governació «sólo pidió el expediente de Terres Cavades», que la Generalitat ya tiene a su disposición en la delegación de Urbanisme. Según el alcalde «ahora se dan cuenta de que se han equivocado y piden otros documentos, como un informe que en el momento de su solicitud Governació ni siquiera sabía que se estaba haciendo».

Nadal advirtió al portavoz de los sindicalistas de la Guàrdia Urbana, Félix Soto, «que no me repita tres veces que soy yo quien debe sancionarles», y le acusó de «prepotencia». El alcalde aseguró que la presidenta de la Junta de Personal del ayuntamiento, Arantxa Ros, apoya a los agentes porque debe su cargo al sindicato policial.