La Comisión de Cultura del Congreso debatirá este martes 23 de septiembre la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, un momento histórico para el movimiento animalista español. La plataforma, impulsada por AnimaNaturalis y más de 200 organizaciones, propone derogar la Ley 18/2013 que declara a la tauromaquia como “patrimonio cultural”.
Tras años de activismo y marchas multitudinarias, esta iniciativa ha logrado un respaldo social sin precedentes: 715.606 firmas entregadas en febrero de 2025, un 42% por encima del mínimo legal. De ellas, la Junta Electoral Central validó 664.777 rúbricas (32,91% más que las firmas conseguidas por la ILP taurina de 2012 que declaró la tauromaquia como Patrimonio Cultural, que sólo entregó 500.165 firmas validadas), cifra que se convierte, en palabras de Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis, en “664.777 razones éticas para dejar atrás una tradición que sangra nuestra dignidad”. Esta marea ciudadana obliga ahora al Parlamento a poner en el orden del día la reforma solicitada.
“Este es un paso histórico que refleja lo que la mayoría de la ciudadanía lleva años reclamando: poner fin al blindaje legal de un espectáculo cruel. La cultura de un país no puede sostenerse sobre la violencia hacia los animales”, expresa Gascón.
Firme aval ciudadano
El proceso legislativo de esta ILP arrancó el 4 de enero de 2024, cuando los promotores la registraron en el Congreso. Apenas un mes después, el 7 de febrero de 2024, la Mesa del Congreso la admitió a trámite. Desde entonces, la campaña se volcó en la recogida de avales. El 17 de febrero de 2025 una montaña de pliegos llegó a la Oficina del Censo Electoral con 715.606 firmas – 709.292 en papel y 6.314 digitales – recolectadas por voluntarios anónimos por toda España. Tras la verificación estadística de rigor (margen de error <1%), quedaban 664.777 apoyos válidos, muy por encima de las 500.000 exigidas.
Estas firmas son la voz de una sociedad que exige coherencia democrática. La última encuesta de la Fundación BBVA (2025) ya reflejaba que el 70% de los españoles rechaza las corridas de toros, y un sondeo de IPSOS en 2023 señala que un 77% apoyaría su prohibición. Incluso el Ministerio de Cultura señalaba que en 2018 solo el 8% de la población asistió a algún festejo taurino, datos que confirman el creciente desinterés popular. Con este respaldo masivo, los impulsores han exigido una respuesta urgente de los partidos. Cristina Ibáñez García, abogada de la Comisión Promotora, insiste en que “hemos logrado llevar al Parlamento la voz de cientos de miles de personas que no quieren que la tauromaquia siga protegida en nuestro país”, y reclama a los diputados que “respondan a esa demanda ciudadana y abran el camino hacia un cambio legislativo”.
El camino parlamentario de la ILP
La tramitación de una ILP sigue un calendario claro. Con las firmas validadas, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición en el Boletín Oficial. A partir de ahí, los impulsores tendrán oportunidad de defenderla ante el Pleno del Congreso, que deberá decidir si admite o rechaza la iniciativa a trámite. Si supera esa fase inicial, la reforma seguiría el procedimiento legislativo ordinario: debate de enmiendas, votación en comisión, debate y votación en el Pleno.
En la práctica, después qe el texto se presente en la Comisión de Cultura, la ILP pasará al Pleno. Los grupos parlamentarios votarán entonces si toman en consideración la propuesta. De salir adelante, cambiaría la Ley Orgánica 3/1984 para devolver a comunidades y ayuntamientos la libertad de legislar sobre las corridas de toros, pues hoy dicha ley impide que las administraciones autonómicas o locales prohíban las sueltas o lidias en sus territorios. Como recuerda la Comisión Promotora: la norma vigente “restringe la competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos para prohibir” estas prácticas. Abolirla significaría acabar con ese blindaje legal y “devolver a cada región la potestad de decidir sobre la tauromaquia”.
Más allá del procedimiento parlamentario, la ILP simboliza el clamor social. El mensaje es claro: la mayoría social pide que la tradición taurina deje de ser inmune a la crítica y se convierta en un simple espectáculo público sujeto a la decisión de cada comunidad. Como concluye la promotora: “No sólo hablamos de toros; hablamos de coherencia democrática”.
Tras el debate en comisión, todos los ojos estarán puestos en los grupos parlamentarios. Aunque fuerzas como Sumar, ERC o Podemos apoyan la abolición de facto de la tauromaquia, la decisión final –su pase a trámite legislativo– puede depender del posicionamiento del PSOE. En cualquier caso, la ILP representa una victoria ciudadana en sí misma y un paso firme hacia una cultura más respetuosa con los animales.
Tras la aprobación en el Congreso, el texto continuaría su recorrido en el Senado, último paso antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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