En un giro polémico que ha encendido las alarmas de defensores de los derechos animales, el Congreso de Aguascalientes declaró este jueves las corridas de toros, charreadas y las peleas de gallos como patrimomio cultural inmaterial y también elevó a esa categoría a la Feria Nacional de San Marcos. La decisión, aprobada por unanimidad, no solo contradice fallos judiciales federales, sino que profundiza el debate entre tradición y crueldad en México.
Esta decisión se tomó con el respaldo de los legisladores del PAN, PRI, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, sumando un total de 26 votos a favor.
Sin embargo, esta reforma ha generado una fuerte polémica, especialmente por su contradicción con las recientes modificaciones al artículo 4º Constitucional a nivel federal, las cuales prohíben el maltrato animal en el país. El movimiento México Sin Toreo calificó la medida como “anticonstitucional” y expresó su incredulidad ante la casi unánime aprobación de un dictamen considerado ilegal.
Mientras estados como Sinaloa, Michoacán y la Ciudad de México avanzan hacia la prohibición o regulación estricta de espectáculos con animales, Aguascalientes insiste en blindar prácticas que, según organizaciones animalistas, normalizan la violencia. Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México y portavoz de México Sin Toreo, no duda en calificar la medida como “un retroceso ético y legal”:
“Declarar la tortura como patrimonio es un acto de cinismo. No hay tradición que justifique clavar espadas, banderillas y puñales a un ser vivo hasta matarlo. Aguascalientes está protegiendo un negocio sangriento, no una cultura”, denuncia Berlanga.
La reforma, que modifica la Constitución local para elevar la tauromaquia a rango constitucional, choca frontalmente con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2022, que establece que solo la Federación —no los estados— puede emitir declaratorias de patrimonio cultural. Además, la Corte ha subrayado que actividades basadas en el maltrato animal “no pueden ampararse bajo el manto de la cultura”.
Doble Moral Legislativa
Resulta paradójico que, en la misma sesión, los diputados prohibieran los narcocorridos en nombre de la “paz social”, mientras ignoraban la violencia sistemática contra los toros y gallos. “Es surrealista: con una mano condenan la glorificación del crimen y con la otra premian la tortura de animales. ¿Dónde queda la coherencia?”, expresa Berlanga.
La gobernadora Teresa Jiménez celebró la censura musical como un triunfo, pero guardó silencio ante las denuncias de amenazas contra activistas y la diputada ausente, Genny López, quien se opuso a la medida. “Recibimos intimidaciones de grupos taurinos que quieren silenciar la defensa de los animales”, revela Berlanga.
Los defensores de la tauromaquia alegan su impacto económico (casi el 3% del PIB estatal) y su arraigo histórico. Sin embargo, Berlanga cuestiona estos argumentos: “Hablan de empleos, pero ¿a qué costo? La industria taurina sobrevive gracias a subsidios públicos y a la explotación de seres sintientes. No podemos seguir monetizando el sufrimiento”.
Mientras Aguascalientes invierte en “mejorar la experiencia del aficionado”, la Ciudad de México avanza hacia una tauromaquia “libre de violencia” —prohibiendo la muerte y lesiones de toros—, una medida respaldada por el 72% de los mexicanos, según encuestas.
La tensión entre ambos modelos refleja una lucha ideológica. Para AnimaNaturalis, la salida es clara: “El futuro está en abolir estas prácticas, no en maquillarlas. Las nuevas generaciones rechazan la crueldad, y los gobiernos deben escucharlas”, insiste Berlanga.
Mientras el olé resuene en Aguascalientes, la pregunta persiste: ¿cuánta sangre debe manchar un traje de luces para que dejemos de llamarlo “cultura”?
