En un momento de creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal y de debate sobre la optimización de los recursos públicos, la tauromaquia en España sigue recibiendo una inyección significativa de dinero de los contribuyentes. Lejos de ser una actividad autofinanciada o sostenida únicamente por la iniciativa privada, las televisiones públicas autonómicas, especialmente en regiones bajo gobiernos del Partido Popular (PP) y VOX, se han convertido en un pilar fundamental para la supervivencia y difusión de las corridas de toros, a menudo con un coste desproporcionado y una audiencia menguante.
La tauromaquia se beneficia de subvenciones públicas que provienen de diversas fuentes, incluyendo fondos europeos (a pesar de la voluntad contraria del Parlamento Europeo de prohibir los fondos para actividades taurinas que impliquen la muerte del toro), el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Se estima que las subvenciones públicas a la tauromaquia en España ascienden a alrededor de 500 millones de euros al año si se suman las ayudas europeas y nacionales. Sin embargo, la dificultad para obtener datos precisos es una constante. Como denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, "hay mucho oscurantismo y un entramado de cifras casi imposible de desglosar".
La retransmisión televisiva de corridas de toros genera significativos ingresos por derechos de imagen, una cuestión que el sector taurino maneja con gran opacidad. Estos derechos se regulan bajo la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, que protege el derecho a la propia imagen, permitiendo la negociación del valor de la cesión sin establecer tarifas fijas. El valor de los derechos depende de la importancia de la plaza, el cartel, la feria y la audiencia esperada. Las retransmisiones suelen elevar notablemente la cuota de pantalla de las cadenas (ej. Canal Sur pasó de 9% a 18,6%; Telemadrid de 5% a 12%).
Desde 2024, el Partido Popular y VOX han redoblado sus esfuerzos para reactivar las emisiones taurinas en varias televisiones autonómicas, lo que claramente es una estrategia política para avivar una tradición moribunda. Comunidades como Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Baleares, donde el PP gobierna en coalición o con el apoyo parlamentario de VOX, han aprobado presupuestos para 2024 que aumentan las ayudas a la tauromaquia.
La apuesta millonaria de Telemadrid
La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso (PP), se posiciona como una de las regiones que más dinero público destina a la tauromaquia. Telemadrid, la televisión pública regional, es un claro ejemplo de esta inversión. Para 2025, Telemadrid ha presupuestado 3.102.500 euros para retransmisiones taurinas, lo que representa un incremento del 113% respecto a 2024 (1.452.830 euros). Esta cifra se suma a los 2.063.807 euros gastados en 2023.
La inversión de Telemadrid en la Feria de San Isidro es especialmente notable. En 2025, la cadena ha invertido 2.900.000 euros en la retransmisión de 28 festejos (23 corridas, tres novilladas y dos espectáculos de rejoneo), además de la corrida goyesca del 2 de mayo. Es decir, la televisión pública abona cerca de 100.000 euros por festejo a la empresa Plaza 1 (gestora de Las Ventas). Aunque la cadena ha celebrado que las corridas del ciclo han logrado cuotas de pantalla de hasta el 12% y más de 300.000 espectadores únicos, superando su media diaria, el coste por festejo sigue siendo elevado. A pesar de las cifras, los empresarios taurinos, como Rafael García Garrido y Víctor Zabala de Plaza 1, consideran que 100.000 euros por festejo es un precio "baratísimo" y "el más bajo de la historia", sugiriendo que operadores anteriores como Movistar Toros y Onetoro TV pagaban más.
Más allá de las retransmisiones, la Comunidad de Madrid destinó en sus presupuestos de 2023 una partida de 6,3 millones de euros a Asuntos Taurinos, duplicando los tres millones del año anterior. Además, se han presupuestado 4.163.826 euros para tauromaquia, incluyendo el salario de 75.084 euros anuales para un torero como director general de asuntos taurinos. En septiembre de 2024, el gobierno de Ayuso confirmó ayudas directas de 1.500 euros por vaca madre (hasta 100.000 euros por ganadería) y aportaciones vinculadas al Programa de Desarrollo Rural de hasta 7.000 euros por explotación, además de créditos bonificados. Es muy importante que la población conozca cuánto paga toda la población por estas fiestas basadas en el maltrato animal.
El regreso de la controversia en Aragón TV
Tras una década de ausencia, Aragón TV ha vuelto a retransmitir corridas de toros, una decisión que ha generado una fuerte protesta por parte de entidades sociales y partidos políticos en Zaragoza. La concentración frente a la sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en julio de 2024 denunció que esta práctica constituye un evidente maltrato animal y va en contra de los valores de una sociedad moderna y empática. La decisión del gobierno de Jorge Azcón (PP), con el apoyo de VOX, ha sido criticada por destinar dinero público a promocionar los toros en la cadena pública, considerándola un "retroceso" que ampara la violencia y el maltrato animal, especialmente en horario protegido para la infancia.
Aunque el coste de los derechos de retransmisión no se ha hecho público, Aragón TV comparte gastos de producción con otras televisiones autonómicas como Telemadrid, Castilla La Mancha y Murcia, que ascienden a 8.000 euros por festejo y cadena. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) admitió que "ha sido imposible, por falta de acuerdo económico, emitir ninguno de los festejos de la Feria del Ángel de Teruel de este año". A nivel municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza, también gobernado por el PP, ha firmado un convenio con la escuela taurina "Mar de Nubes" para la "promoción de la tauromaquia", aportando 20.000 euros y 5.000 euros adicionales para actividades taurinas, sumando un total de 25.000 euros de dinero público.
El impulso de VOX en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, la situación es igualmente preocupante para los defensores de los derechos animales. Históricamente, la región ha concentrado el mayor número de festejos de tauromaquia menor (bous al carrer, bous embolats, etc.) en España, con 8.623 eventos en 2019 y un gasto de al menos 16 millones de euros. Uno de cada tres valencianos se encuentra en riesgo de pobreza, y aun así, la diputación de Valencia destinó 1.000.000 euros a la promoción de la tauromaquia y 170.000 euros en ayudas por COVID a ganaderías de lidia. La escuela taurina de Castellón también cuenta con una partida de 241.000 euros.
El gobierno valenciano de PP y VOX, presidido por Carlos Mazón, ha incrementado la financiación de la tauromaquia en los presupuestos de 2024. El vicepresidente y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (VOX), extorero, ha destinado 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia para la organización de novilladas en Alicante, Castellón y Valencia, lo que ha generado críticas por ser un organismo con sede en Madrid. Barrera ha defendido que el dinero se destinará a "actividades culturales".
En el ámbito de la televisión pública, À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, cuyo consejo está dirigido por PP y VOX, ha abierto la puerta a la emisión de corridas de toros, después de que en 2021 su libro de estilo las describiera como "exhibiciones del maltrato animal". El presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, ha declarado que "no estamos cerrados" a estudiar la emisión de novilladas si se ajustan al presupuesto y a los criterios de audiencia, buscando la "rentabilidad". Este giro se produce mientras la cadena busca aumentar su audiencia y cuenta con un presupuesto significativamente menor que otras autonómicas.
Otras Comunidades Autónomas y el panorama general
La tendencia de inyectar dinero público en la tauromaquia se extiende a otras comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, a pesar de tener una alta población en riesgo de pobreza, destina 1.300.000 euros a la difusión de corridas de toros a través de su televisión autonómica, CMM. La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, ha declarado su respaldo y compromiso con la tauromaquia, aumentando las subvenciones a las escuelas taurinas, las ayudas al sector ganadero del toro bravo y las retransmisiones de festejos en la televisión autonómica andaluza. Incluso se ha señalado que la Junta de Andalucía podría haber entregado 2,5 millones de euros de Fondos Europeos a la plataforma de streaming taurino OneToro, a pesar de sus pérdidas millonarias y su propiedad por un fondo buitre con sede en Madrid.
"La insistencia del PP y la falta de oposición por parte del PSOE está logrando un avance silencioso del apoyo de dinero público a la tauromaquia", denuncia Gascón. AnimaNaturalis y CAS Internacional han investigado el gasto público en festejos populares con toros, estimando que asciende al menos a 42 millones de euros en 2019, aunque la falta de transparencia municipal dificulta obtener la cifra real, que podría elevarse a más del doble (86 millones de euros).
El debate sobre la financiación pública de la tauromaquia no solo se centra en los aspectos económicos, sino también en los éticos y sociales. La popularidad de la tauromaquia ha disminuido notablemente en la última década, con una caída del 26,5% en las corridas de toros celebradas entre 2011 y 2022. A pesar de que solo el 1,9% de los españoles asistió a un espectáculo taurino en 2022, y de que la mayoría de los ayuntamientos no cumplen con la Ley de Transparencia al ocultar sus datos de gasto, los gobiernos del PP y VOX persisten en su apuesta por revitalizar esta actividad con fondos públicos. "El dinero de todos los ciudadanos europeos estaba siendo destinado a esta tradición de sangre, tortura y muerte, y eso no sólo es un problema ético, sino debiera ser considerado una especie de fraude", expresa Gascón en relación a los subsidios europeos. Esta afirmación sigue siendo relevante hoy en día, cuando millones de euros de los impuestos de los ciudadanos españoles se destinan a una práctica que, para una parte significativa de la sociedad, representa maltrato animal y un anacronismo.
