La reciente propuesta de Izquierda Unida y Podemos en el Parlamento de La Rioja para prohibir la asistencia de menores a espectáculos taurinos ha vuelto a poner el foco en un debate crucial y persistente en España: la exposición de la infancia a la violencia de la tauromaquia. Más allá de la dicotomía entre tradición y maltrato animal, este debate se adentra en el terreno de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, un ámbito donde las recomendaciones de organismos internacionales chocan frontalmente con las políticas de fomento impulsadas por partidos como el Partido Popular (PP) y VOX, mientras que las formaciones de izquierda claman por la protección de los más vulnerables.
"Cada vez que un gobierno local o autonómico invierte en la tauromaquia, no solo está financiando la crueldad, sino que está invirtiendo en la normalización de la violencia ante los ojos de la infancia", declara Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "La propuesta de La Rioja no es un capricho ideológico, sino un imperativo ético y una respuesta a la clara recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Proteger a la infancia de la violencia taurina es proteger su desarrollo empático y moral, es construir una sociedad más justa y compasiva. ¿Qué clase de futuro queremos para ellos si les enseñamos que el sufrimiento puede ser un espectáculo?".
Batalla por una infancia taurina
El jueves 22 de mayo de 2025, el Grupo Parlamentario Podemos-IU presentó en el Pleno del Parlamento de La Rioja una proposición no de Ley (PNL) que busca prohibir la asistencia de menores a cualquier tipo de espectáculo taurino en la comunidad. La diputada Henar Moreno (IU), en defensa de esta propuesta, se apoyó en un informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y en la coincidencia de "numerosos estudios y declaraciones de organismos internacionales" que señalan el impacto negativo de la exposición a escenas de violencia, incluso con animales, en el desarrollo empático y moral del menor. Moreno criticó específicamente las actividades de fomento de la tauromaquia dirigidas a menores en ayuntamientos como Logroño o Arnedo, a pesar de los informes técnicos que advierten sobre las posibles consecuencias. Su propuesta no solo insta a la prohibición de la asistencia, sino también a evitar que fondos públicos se destinen al fomento de la tauromaquia entre menores y a realizar campañas de sensibilización sobre los efectos nocivos de dicha exposición.
La reacción de los partidos de derecha y del PSOE no se hizo esperar. La portavoz socialista Ana Belén Martínez criticó la propuesta, argumentando que estaban "para crear soluciones óptimas y no imponer", y que no se debería decir a los padres qué programas o series pueden ver sus hijos, sino solo informar de los riesgos. Acusó a Moreno de "suscitar un debate ideológico" y defendió que las vaquillas "forman parte del acervo cultural de nuestra comunidad y nuestros pueblos", atacando la propuesta como un atentado contra la decisión y elección de los padres y madres.
Por su parte, Ángel Alda (VOX) desestimó la fuente de Henar Moreno, calificándola de "recomendación de un organismo consultivo de la ONU sin base científica alguna hecha por una serie de personas expertas en infancia pertenecientes a países sin tradición taurina". Para VOX, "la tauromaquia es un espectáculo cultural, forma parte de nuestra cultura y nuestras señas de identidad. Forma parte del patrimonio cultural digno de protección y desde los poderes públicos debe promoverse su conservación". El Partido Popular, a través de Antonio Eguizábal, secundó esta postura, indicando que "se empieza prohibiendo el acceso a manifestaciones culturales y se termina imponiendo el pensamiento único una minoría minoritaria", y que se debe "establecer el derecho de los padres a guiar al niño en el ejercicio de sus derechos de modo conforme a la educación en sus facultades".
Una advertencia ignorada
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se ha pronunciado de forma explícita y reiterada sobre este asunto. En su informe del 5 de marzo de 2018, en el punto 25 de las "Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España", el Comité recomendó a España "prohibir la participación de niños y adolescentes en las corridas de toros, como espectadores y participantes, debido a los efectos nocivos que la exposición a la violencia podría tener en su desarrollo". Esta recomendación no es una sugerencia menor, sino una parte de las observaciones finales de un organismo de la ONU encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España.
El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de proteger a los menores de cualquier forma de violencia. La exposición a la brutalidad animal, el sufrimiento y la muerte explícita, que son inherentes a los espectáculos taurinos, contraviene directamente el espíritu de la Convención. Expertos en psicología infantil han advertido consistentemente sobre la desensibilización a la violencia, la reducción de la empatía y la normalización de la crueldad que puede derivarse de la exposición temprana y repetida a estos eventos. "La idea de que un niño pueda presenciar la tortura y muerte de un animal como forma de entretenimiento es aberrante. Es un mensaje perverso que normaliza la crueldad y mina los valores de respeto y compasión que deberíamos inculcar desde la infancia. Los derechos del niño deben prevalecer sobre cualquier supuesta tradición", expresa Gascón.
PP y VOX adoctrinan a las nuevas generaciones
En los últimos cuatro o cinco años, la postura de los gobiernos autonómicos y locales en manos del Partido Popular y VOX ha sido mayoritariamente la de un apoyo inquebrantable a la tauromaquia, no solo como "bien cultural" sino como una actividad a ser fomentada activamente entre las nuevas generaciones. Esta política no se limita a la mera tolerancia o conservación, sino que se traduce en un impulso proactivo para "rejuvenecer" la afición y asegurar la supervivencia de la tauromaquia a largo plazo. A menudo, se utiliza el argumento de la "libertad de elección" de los padres, o la supuesta "tradición" y "cultura", para justificar la inacción o el fomento activo de la presencia de menores en estos eventos.
- Comunidad de Madrid: Bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha erigido como un baluarte de la tauromaquia. Las políticas de fomento incluyen subvenciones directas a escuelas taurinas, la organización de festejos con participación de jóvenes novilleros y el apoyo a eventos que buscan atraer a la población infantil y juvenil. Por ejemplo, se han visto campañas que promueven la asistencia familiar a las plazas, a menudo con precios reducidos o actividades paralelas. La creación de circuitos de novilladas, la promoción de la Fiesta Nacional en el ámbito educativo (a través de visitas o charlas, aunque no directamente en el currículo oficial) y la celebración de concursos de jóvenes talentos taurinos son ejemplos claros de esta estrategia. La presidenta Ayuso ha manifestado en múltiples ocasiones su respaldo a la tauromaquia como parte intrínseca de la identidad cultural madrileña y española, defendiendo su enseñanza y fomento desde edades tempranas.
- Comunidad Valenciana: Con el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana a una coalición PP-VOX en 2023, la situación para los derechos de los animales y la infancia taurina ha experimentado un retroceso. El gobierno anterior, de izquierdas, había implementado ciertas restricciones o, al menos, no había incentivado activamente la tauromaquia con la misma intensidad. Sin embargo, la nueva administración ha manifestado su intención de "desregularizar" la tauromaquia y darle un nuevo impulso. Se prevé un aumento de las subvenciones, la eliminación de trabas burocráticas y, muy probablemente, un mayor fomento de la asistencia de menores, en línea con la postura general de ambos partidos. Las "vaquillas" y "bous al carrer" son espectáculos arraigados en la Comunidad Valenciana, y la promoción de su "valor cultural" entre los jóvenes es una prioridad para el actual gobierno.
- Andalucía: La Junta de Andalucía, bajo el gobierno del Partido Popular, ha mantenido una política de apoyo firme a la tauromaquia, considerándola un motor económico y cultural de la región. En esta comunidad, la tradición taurina está profundamente arraigada, y el gobierno ha promovido activamente su continuidad a través de diversas iniciativas. Esto incluye el apoyo a las escuelas taurinas andaluzas, que forman a futuros toreros desde edades muy tempranas, y la organización de ciclos de festejos para novilleros. Se ha visto cómo se destinan fondos públicos a la promoción de la tauromaquia, y aunque no siempre de forma explícita para la captación de menores, el ambiente general de apoyo y la normalización de la presencia de niños en las plazas contribuyen a ello. La Junta ha defendido la tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural Andaluz, lo que implica su fomento y protección, incluyendo la transmisión a las nuevas generaciones.
- Castilla y León: Esta comunidad autónoma es otro de los bastiones de la tauromaquia en España. Con un gobierno de coalición PP-VOX, el apoyo a la fiesta ha sido férreo. Se han incrementado las ayudas a las explotaciones ganaderas de toros de lidia y se ha promocionado activamente la asistencia a las corridas, a menudo con ofertas para familias. La presencia de escuelas taurinas es notable, y el gobierno regional ha defendido la formación de jóvenes toreros como parte de la "identidad" de la región. La postura de la Junta de Castilla y León es clara: la tauromaquia es un pilar cultural y económico que debe ser protegido y promovido, incluyendo su transmisión generacional, lo que implica la normalización y el fomento de la presencia de menores.
- Aragón: En Aragón, la situación ha fluctuado dependiendo de las mayorías. Sin embargo, con gobiernos que han incluido o sido liderados por el PP, la tendencia ha sido a la protección y fomento de la tauromaquia. Al igual que en otras comunidades, se han visto iniciativas de apoyo a las escuelas taurinas y a los festejos populares, que a menudo incluyen la participación o presencia de menores. El argumento de la "cultura" y la "tradición" se utiliza para justificar la inyección de fondos públicos y la promoción de estos espectáculos entre la población más joven, a pesar de las críticas de las organizaciones de protección animal y de los informes internacionales.
- Islas Baleares: En Baleares, la situación ha sido más compleja. Aunque ha habido intentos de prohibición de la tauromaquia o de restricciones por parte de gobiernos progresistas, estas han sido a menudo revertidas o limitadas por sentencias judiciales o por cambios políticos. Con la llegada de gobiernos de derecha, se ha buscado reimpulsar la actividad taurina, aunque la oposición social y política es significativa. El debate sobre la presencia de menores también ha sido intenso aquí, con intentos por parte de partidos de izquierda de limitar su acceso, chocando con la defensa de la "libertad" y la "tradición" por parte de PP y VOX.
"La estrategia del PP y VOX es clara: crear una 'cantera' de aficionados. Utilizan fondos públicos, instituciones y el argumento de la 'cultura' para sembrar la semilla de la tauromaquia en las mentes más jóvenes. Es una forma de adoctrinamiento disfrazado de tradición. Mientras la ONU y expertos en infancia claman por proteger a los niños, estos partidos los exponen deliberadamente a la violencia, comprometiendo su desarrollo emocional y moral para asegurar el futuro de una industria anacrónica y cruel", advierte Gascón.
Proteger a la infancia de la violencia
Frente a esta estrategia de fomento, los partidos de izquierda en España han mantenido una postura consistente en la defensa de los derechos de la infancia y la protección animal, buscando limitar o prohibir la exposición de menores a espectáculos taurinos. Sus argumentos se basan en la evidencia científica sobre el impacto de la violencia en el desarrollo infantil y en las recomendaciones de organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
- La Rioja: La propuesta de Podemos-IU en el Parlamento de La Rioja es el ejemplo más reciente y relevante de esta lucha. La diputada Henar Moreno articuló su defensa basándose en la protección del desarrollo empático y moral de los menores, señalando los efectos negativos de la exposición a la violencia. La propuesta no solo busca la prohibición de la asistencia, sino también que se deje de destinar dinero público al fomento de la tauromaquia entre menores y la realización de campañas de sensibilización. Esta iniciativa refleja la línea de acción que los partidos de izquierda han intentado impulsar en otras comunidades.
- Comunidad de Madrid: En Madrid, partidos como Más Madrid y PSOE han criticado duramente el fomento de la tauromaquia por parte del gobierno regional. Han presentado en la Asamblea de Madrid diversas iniciativas para reducir las subvenciones a las escuelas taurinas o para restringir la presencia de menores en las corridas. Sus argumentos se centran en la incompatibilidad de estos espectáculos con los valores educativos de respeto a la vida y la empatía, y en la necesidad de cumplir con las recomendaciones internacionales sobre los derechos del niño. Sin embargo, la mayoría parlamentaria del PP ha impedido que estas propuestas prosperen.
- Comunidad Valenciana: Antes del cambio de gobierno, partidos como Compromís y Podem, junto con el PSOE, habían avanzado en una línea de mayor protección animal y menor fomento de la tauromaquia. Aunque no lograron una prohibición total de la asistencia de menores, sí se redujo significativamente el apoyo institucional y se visibilizó el debate sobre el impacto de estos eventos en la infancia. Con el actual gobierno PP-VOX, la lucha se centra en resistir los retrocesos y seguir visibilizando la problemática.
- Andalucía: A pesar de la fuerte tradición taurina y la mayoría conservadora, partidos como Por Andalucía (coalición de izquierdas) y el PSOE (con una postura más ambigua debido a la división interna sobre la tauromaquia) han planteado la necesidad de proteger a los menores. Se han presentado iniciativas en el Parlamento Andaluz para limitar la asistencia de niños a espectáculos taurinos y para revisar las subvenciones públicas. La dificultad radica en el arraigo cultural y el potente lobby taurino en la región, que obstaculiza cualquier avance significativo.
- Castilla y León: Aquí, la oposición a la tauromaquia y la defensa de la infancia ha recaído principalmente en partidos de izquierda como Podemos y el PSOE. Han presentado propuestas para prohibir la entrada de menores en las plazas de toros, argumentando que se trata de espectáculos violentos que no son adecuados para el desarrollo de la infancia. Sin embargo, la coalición PP-VOX en el gobierno regional ha rechazado sistemáticamente estas propuestas, reafirmando su apoyo incondicional a la tauromaquia.
- Aragón: En esta comunidad, partidos como Podemos e Izquierda Unida, así como sectores del PSOE, han abogado por la protección de los menores frente a la tauromaquia. Han intentado que el debate se centre en la protección de la infancia y no solo en la libertad cultural. Sus propuestas han incluido la prohibición de la asistencia de menores y la reorientación de los fondos públicos.
- Islas Baleares: En Baleares, la batalla legal y política ha sido particularmente intensa. Partidos como MÉS per Mallorca y Podem, junto con el apoyo de parte del PSOE, han trabajado para establecer límites a la tauromaquia, incluyendo la prohibición de la entrada de menores. Aunque algunas iniciativas han sido judicialmente anuladas, la presión política y social ha mantenido el debate vivo y ha logrado concienciar sobre la necesidad de proteger a los niños de estos espectáculos.
"Los partidos de izquierda están cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Su insistencia en llevar el debate a las instituciones, apoyándose en la ciencia y en los derechos humanos, es fundamental. Es una batalla por la empatía, por la no violencia y por un futuro donde el sufrimiento animal no sea una forma de ocio", enfatiza Gascón.
El debate sobre los menores en los espectáculos taurinos en España es un reflejo de una sociedad dividida. Por un lado, una parte de la población, arraigada en la tradición y en una visión cultural de la tauromaquia, defiende su continuidad y la libertad de los padres para inculcarla a sus hijos. Argumentan que es parte del patrimonio cultural y que su prohibición sería un atentado contra las libertades individuales y la identidad. Para ellos, la tauromaquia no es violencia, sino arte y cultura.
Por otro lado, una creciente porción de la sociedad, impulsada por el movimiento de protección animal y por una mayor conciencia sobre los derechos de la infancia, considera la tauromaquia como un espectáculo cruel e incompatible con los valores de una sociedad moderna. Para ellos, la exposición de menores a la violencia es inaceptable, independientemente de que se la califique de "cultural". La empatía hacia los animales y la protección del desarrollo moral de los niños son argumentos centrales.
La coyuntura de la propuesta en La Rioja evidencia esta polarización. Los argumentos del PP y VOX se alinean con la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural y la libertad de los padres, desestimando las recomendaciones de la ONU como ideológicas o carentes de base científica. En contraste, Izquierda Unida y Podemos basan su propuesta en el principio de la protección de la infancia ante la violencia, respaldada por informes y estudios internacionales. El PSOE, en su respuesta en La Rioja, muestra una postura intermedia o ambigua, buscando un equilibrio entre la libertad de los padres y la información sobre riesgos, pero sin un compromiso firme con la prohibición.
Educación para insensibilizar ante la violencia
El fomento de la tauromaquia entre los menores no se limita únicamente a permitir su entrada en las plazas de toros. Va más allá, permeando en ciertos ámbitos educativos y sociales con el apoyo de las administraciones públicas. Se han documentado casos de visitas escolares a ganaderías de toros de lidia, charlas en colegios o institutos sobre la "cultura" taurina, y la promoción de actividades relacionadas con la tauromaquia en campamentos de verano o programas culturales infantiles, especialmente en comunidades con fuerte arraigo taurino y gobiernos conservadores.
Estos programas, a menudo financiados con fondos públicos, buscan generar una familiaridad y apego a la tauromaquia desde edades tempranas, presentando la actividad de una manera edulcorada, sin ahondar en el sufrimiento del animal ni en las implicaciones éticas. Se enfatiza el "arte", la "valentía" o la "tradición", minimizando o ignorando por completo la violencia inherente. Esta estrategia es clave para asegurar el relevo generacional en la afición, algo que preocupa profundamente a las organizaciones de protección animal.
"La lucha por alejar a los menores de la tauromaquia es una lucha por el futuro de nuestra sociedad. No podemos permitir que el entretenimiento se construya sobre la base del sufrimiento ajeno, y mucho menos que se normalice ante los ojos inocentes de nuestros hijos. Los niños son el futuro, y si queremos un futuro más compasivo, más ético, donde el respeto a la vida sea un pilar fundamental, debemos protegerlos de la violencia, venga de donde venga, y dejar de financiar con dinero público la perpetuación de un espectáculo que el mundo civilizado ya empieza a dejar atrás. La propuesta de La Rioja es un paso necesario; la sociedad española debe escuchar la voz de la razón y de la empatía", declara Gascón.
La batalla en el Parlamento de La Rioja es solo un capítulo más en una contienda de mayor envergadura que se libra en todo el Estado español. Una contienda que enfrenta la defensa de una tradición arraigada contra la necesidad urgente de proteger los derechos de la infancia y promover una cultura de no violencia y respeto hacia todos los seres vivos. El futuro de la tauromaquia, y más importante aún, el futuro de la educación en valores de las nuevas generaciones, se juega en este ruedo político y social.
