La comparecencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No Es Mi Cultura” ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha marcado un punto de inflexión en el largo debate sobre el futuro de la tauromaquia en España. Este no es un simple intento de prohibición, sino un movimiento estratégico que desafía la centralización cultural y plantea preguntas fundamentales sobre la democracia, la identidad y el papel del maltrato animal en la sociedad moderna. La ILP, respaldada por un número histórico de firmas, pretende revocar el estatus de la tauromaquia como Patrimonio Cultural, un estatus que, irónicamente, también nació de una ILP una década atrás.
El objetivo principal de la ILP, defendida por la abogada de AnimaNaturalis y miembro de la Comisión Promotora de la ILP Cristina Ibáñez García, es quitar el blindaje legal que tiene la tauromaquia y que deje de ser considerada Patrimonio Cultural, derogando la Ley 18/2013. Esta acción tiene una consecuencia directa y cuidadosamente calculada: al retirar la protección estatal, las competencias sobre esta materia volverían a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, permitiéndoles prohibir o regular los espectáculos taurinos según los valores y preferencias de sus ciudadanos.
Este movimiento legal se enmarca como una respuesta directa a la historia reciente del debate. La Ley 18/2013, que blindó la tauromaquia como bien cultural, fue la misma norma que sirvió de base para que el Tribunal Constitucional anulara en 2016 la ley catalana que prohibía las corridas de toros. El fallo argumentó que, si bien Cataluña tenía competencias para regular espectáculos públicos y proteger a los animales, la legislación estatal había prevalecido al declarar la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP “No Es Mi Cultura” busca, por lo tanto, crear un nuevo marco competencial que evite futuros conflictos legales, permitiendo a los territorios decidir libremente sin la interferencia de una ley centralizadora. Tal como lo expresó Ibáñez , la iniciativa busca "devolver las competencias a esos territorios que no pueden decidir".
"Las autonomías y los ayuntamientos ya son mayores de edad para decidir si quieren corridas de toros o no en sus territorios. Queremos desblindar la tauromaquia, devolver las competencias a esos territorios que no pueden decidir", agregó Ibáñez. "Frente a la imposición, exigimos libertad".
El respaldo popular a esta iniciativa es uno de sus pilares más sólidos. Los promotores entregaron 715.606 firmas en febrero de 2024, de las cuales 664.777 fueron certificadas como válidas por la Junta Electoral Central. Esta cifra no solo supera con creces el umbral legal para que la propuesta sea considerada por el Congreso, sino que también establece un claro precedente al superar el número de firmas (500.165) obtenidas por la ILP protaurina de 2012 que llevó a la creación de la Ley 18/2013.
Para Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, "este es un momento histórico para el movimiento animalista en España. La ILP no es solo una propuesta legislativa; es el reflejo de una sociedad que ha evolucionado y que rechaza la violencia como forma de ocio". Y añadió: "La pelota está ahora en el tejado de los partidos políticos. Las más de 660.000 firmas son un mandato ciudadano claro: es hora de que la política esté a la altura de la ética social y la voluntad popular".
Esta diferencia de más de 164.000 firmas es un indicador poderoso de un cambio en la conciencia social. La estrategia de los promotores, que han recogido firmas en todos los territorios de España y entre personas de "toda sensibilidad política," demuestra que el rechazo al maltrato animal no es un fenómeno partidista, sino una posición que trasciende las divisiones ideológicas tradicionales. La brecha entre el apoyo a la desprotección actual y el que defendió su blindaje hace una década refleja una clara tendencia social: la base ciudadana que pide el fin de la tauromaquia es más amplia y robusta que la que defendió su continuidad.
Posiciones y argumentos en el debate parlamentario
El debate en la Comisión de Cultura del Congreso expuso las posturas profundamente divididas de los diferentes partidos políticos, cristalizando un conflicto que va más allá de la protección animal para adentrarse en cuestiones de identidad y visión de país.
El bloque del no: PP y Vox
El Partido Popular (PP) y Vox se mostraron como los únicos partidos que se opusieron tajantemente a la tramitación de la ILP. La diputada del PP, Soledad Cruz-Guzmán, manifestó su "molestia" y "enfado" ante la propuesta, calificándola de una "ley de censura" que busca "patear nuestra Constitución" e "imponer un tipo de cultura". Cruz-Guzmán defendió el "valor cultural incontestable de la tauromaquia" y cuestionó si los defensores de los toros son "bárbaros" o "personas cultas".
Por su parte, el portavoz de Vox, José Ramírez del Río, alegó que la tauromaquia es un "pilar fundamental e irrenunciable de la identidad española" y advirtió que suprimirla sería "inconstitucional". Los defensores de esta postura también recurrieron al habitual argumento de autoridad cultural, citando a figuras históricas como Goya, Lorca o Camarón, y a artistas contemporáneos como Joaquín Sabina para subrayar la impregnación de los toros en la cultura española. Ramírez del Río mencionó además un supuesto "efecto rebote" que estaría atrayendo a jóvenes a los festejos taurinos.
La narrativa de un "efecto rebote" entre los jóvenes se contradice directamente con el dato de la Fundación BBVA de que más del 70% de los españoles repudia las corridas. De hecho, el portavoz de Sumar, Nahuel González, relacionó la presencia juvenil en las plazas de toros con el "auge de la extrema derecha" entre jóvenes varones, sugiriendo que el supuesto "resurgimiento" de la tauromaquia es un fenómeno ideológico y no cultural. En este contexto, la "cultura" se convierte en un campo de batalla para reafirmar una identidad política conservadora.
El bloque del sí: Sumar, ERC y aliados
En la otra cara de la moneda, formaciones como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos respaldaron la iniciativa. Su posición se fundamentó en la convicción de que "la cultura no puede asociarse al maltrato animal". El diputado de Sumar, Jorge Pueyo, señaló que "el maltrato no puede ser cultura" y lo calificó de "una aberración". El portavoz Nahuel González denunció las subvenciones públicas al sector y afirmó que defendían "una cultura que no huela a sangre, a tortura". La diputada de ERC, Etna Estrems, subrayó su total apoyo al "fondo de la cuestión," que es devolver a las autonomías la capacidad de decisión.
El papel determinante del PSOE
La posición del PSOE, cuyo voto fue determinante para que la iniciativa fuera admitida a trámite, fue crucial. El portavoz socialista Marc Lamuá adoptó una postura que calificó como "equidistante". En su intervención, criticó el tono de "batalla cultural" del debate, defendiendo que la cultura debe ser un "ágora de encuentro". Si bien mostró su respeto por los promotores y firmantes de la ILP, reconoció el valor histórico de la tauromaquia en la cultura española. Sin embargo, su argumento clave fue que "la cultura no se conserva en formol" y que "la democracia no está para conservar como inmutable lo que fuimos, sino para decidir lo que queremos ser".
El voto del PSOE a favor de la tramitación de la ILP no es un apoyo incondicional a su contenido, sino una jugada política. Al permitir que el debate avance, los socialistas honran el mandato de más de 660.000 firmas, evitando la acusación de "hacer oídos sordos". Al mismo tiempo, su retórica de mediación racional en una "batalla cultural" les permite navegar la controversia sin alienar a un sector de sus votantes, aplazando la toma de una decisión definitiva para fases posteriores del proceso legislativo.
A continuación, se presenta una tabla que resume las posturas de los principales partidos políticos:
| Partido Político | Voto en Comisión | Postura y Argumento Principal | Citas Destacadas |
| PP | En contra | La ILP es una "ley de censura" y un ataque a la Constitución y la cultura. La tauromaquia tiene un "valor cultural incontestable" y es parte de la historia de España. | “Puede que parezca molesta o incluso enfadada, porque lo estoy: esto viene a patear nuestra Constitución.” “El valor cultural de la tauromaquia es incontestable.” |
| Vox | En contra | La tauromaquia es un pilar fundamental de la identidad española y su prohibición sería "inconstitucional." Defienden el "efecto rebote" que atrae a los jóvenes al sector. | “No tratan de quitarle dinero a los festejos taurinos, sino de prohibirlos.” “La tauromaquia es un pilar fundamental e irrenunciable de la identidad española.” |
| PSOE | A favor | Posición "equidistante." Defiende el debate democrático y la evolución cultural. La democracia debe decidir "lo que queremos ser", no conservar lo que fuimos. | “La cultura no es un campo de batalla, sino un ágora de encuentro.” “La cultura no se conserva en formol.” |
| Sumar | A favor | El maltrato animal no puede ser cultura. La tauromaquia es una "aberración" y debe ser desprotegida para permitir a los territorios decidir. | “Defendemos una cultura que no huela a sangre, a tortura.” “El maltrato no puede ser cultura.” |
| ERC | A favor | Apoyo total al fondo de la iniciativa. Defienden que las autonomías deben tener la potestad de decidir sobre los espectáculos taurinos en sus territorios. | “Compartimos al cien por cien el fondo de la cuestión, pero nos tenemos que limitar a lo que pide la ILP y es que las autonomías pueden decidir.” |
Un conflicto de principios
La reacción de la Fundación del Toro de Lidia (FTL) a la ILP fue inmediata y vehemente, calificándola de "un ataque totalitario a la libertad cultural". El presidente de la Fundación, Victorino Martín, argumentó que la Ley de 2013 no inventó la cultura taurina, sino que simplemente la reconoció, y que el carácter cultural de la tauromaquia es anterior a cualquier ley. Su tesis central es que la cultura la decide el pueblo, no los gobiernos, y que el debate sobre la abolición de una expresión cultural sienta un precedente peligroso. “La cultura no se censura", sentenció el documento difundido por la FTL
Esta posición retórica busca deslegitimar el proceso democrático. Al equiparar la tauromaquia con cualquier otra manifestación cultural, la FTL intenta establecer una barrera moral que impida cualquier debate. Sin embargo, este argumento ignora una dimensión fundamental: la tauromaquia es una de las pocas expresiones culturales que se basa explícitamente en el sufrimiento y la muerte de un animal. La iniciativa, por lo tanto, no es un ataque a la cultura en general, sino una petición para redefinir los límites éticos de lo que una sociedad democrática considera una tradición aceptable.
El debate también tocó aspectos económicos. Los promotores de la ILP señalaron la disminución del número de festejos taurinos y la caída de la asistencia, a pesar de las subvenciones públicas dedicadas a fomentarlos. Esta dependencia del apoyo estatal refuerza el argumento de que la tauromaquia ya no es una tradición sostenible por sí misma. Además, la decisión del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de excluir los espectáculos taurinos del Bono Joven Cultural, supone un golpe simbólico y económico que aleja al sector de las nuevas generaciones.
El paso de la ILP “No Es Mi Cultura” por la Comisión de Cultura es un evento legislativo que encapsula una profunda "batalla cultural" en España. La iniciativa, respaldada por un número de firmas históricamente alto, no busca una prohibición directa, sino una estrategia de descentralización de competencias que respeta la heterogeneidad cultural de España y permite a los territorios decidir su propio camino. El debate parlamentario expuso posturas irreconciliables: de un lado, la defensa de una tradición como pilar innegociable de la identidad; del otro, la visión de una cultura que debe evolucionar y no justificar el maltrato animal.
El papel del PSOE ha sido crucial, ya que al permitir que la propuesta continúe su trámite, ha asegurado que el debate democrático se celebre. Los próximos pasos de la ILP incluyen la fijación de una fecha para el debate en el Pleno del Congreso y, si la propuesta es admitida, un periodo de enmiendas y su tramitación en comisión. El destino final de la ILP dependerá de las complejas negociaciones políticas que se sucederán. La lucha por desproteger la tauromaquia es, en esencia, una lucha por decidir no solo "lo que queremos ser" como sociedad, sino también qué tipo de cultura queremos legar a las futuras generaciones en un país que se debate entre la tradición y la evolución ética.
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