El pasado martes, la Comisión de Cultura del Congreso rechazó la proposición no de ley del PP que pretendía impulsar la candidatura de la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. La iniciativa fue derrotada con 18 votos en contra frente a 17 a favor, en una votación que vuelve a poner de manifiesto las profundas contradicciones del PSOE en materia de derechos de los animales y la inconsistencia de su posicionamiento respecto a una práctica que tortura y mata a miles de toros cada año en España.
El voto en contra de socialistas, Sumar, ERC y Bildu impidió que prosperara una iniciativa que, de haberse aprobado, habría supuesto un espaldarazo internacional a una actividad cuestionada por más del 70% de la población española, según datos recientes. Sin embargo, esta decisión contrasta dramáticamente con la postura que el PSOE adoptó apenas un mes antes, cuando su abstención resultó determinante para tumbar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antitaurina que buscaba derogar la ley de 2013 que blindó la tauromaquia como patrimonio cultural.
"El PSOE juega a dos bandas y eso es profundamente decepcionante para quienes llevamos años luchando por los derechos de los animales", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Por un lado, rechazan que la tauromaquia sea reconocida internacionalmente, pero por otro se niegan a eliminar el blindaje legal que la protege en nuestro país. Esta incoherencia no es casualidad: es estrategia electoral pura y dura, y los animales siguen pagando el precio de esa cobardía política", añade Gascón.
La doble cara del PSOE
La argumentación que la diputada socialista Isabel María Pérez utilizó para justificar el rechazo a la candidatura de la Unesco resulta tan técnica como conveniente. Según Pérez, "este procedimiento no depende de una decisión política discrecional del Gobierno, sino de un proceso técnico", y añadió que las iniciativas que van a la Unesco deben tener un "consenso social amplio" que, en su opinión, la tauromaquia no posee "ni en España ni en el conjunto de la comunidad internacional".
Sin embargo, esta súbita preocupación por el consenso social contrasta brutalmente con la decisión que el mismo partido tomó el 7 de octubre, cuando se abstuvo en la votación sobre la ILP antitaurina que contaba con más de 180.000 firmas ciudadanas y el respaldo de decenas de organizaciones de protección animal. Aquella abstención, calculada al milímetro ante la proximidad de las elecciones andaluzas y castellano-leonesas, permitió que PP y Vox tumbaran una iniciativa que habría devuelto a comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad de regular los festejos taurinos.
La portavoz del PP en Cultura, Sol Cruz-Guzmán, no perdió la oportunidad de señalar esta contradicción durante el debate, pidiendo al PSOE que "sean coherentes". Recordó que fue el exministro socialista quien formalizó la inscripción de la tauromaquia en el inventario general de patrimonio cultural, y defendió que esta actividad "está íntimamente ligada a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestra moda y al resto de las artes".
Desde Vox, José Ramírez del Río acusó a los partidos de izquierda de actuar como una "inquisición woke" y aseguró que la tauromaquia nunca estuvo ligada a ninguna ideología. Una afirmación que ignora deliberadamente que la tortura de animales por entretenimiento es, precisamente, una cuestión ética que trasciende cualquier consideración cultural o artística.
El movimiento animalista no perdona la traición
La respuesta de Sumar y del movimiento animalista fue contundente. El diputado de Sumar Nahuel González arremetió contra el PSOE durante el debate: "Nosotros vamos a seguir del lado del movimiento animalista, del sentido común de los derechos animales. Que reflexione el Partido Socialista, porque lo que han hecho es muy grave, y no lo vamos a perdonar. La vergüenza es enorme. Hasta el último día de la campaña electoral del último pueblo vamos a recordar la traición del Partido Socialista a los derechos de los animales".
González también desmontó el argumento cultural de la tauromaquia al señalar que "se sustenta en base a subvenciones" y recordó que "más del 70% de la población de nuestro país está en contra de que se torture hasta la muerte a un animal". Esta cifra, que contrasta con el tímido 8% de españoles que asistieron a festejos taurinos durante el último año según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura, revela una realidad incuestionable: la tauromaquia es una actividad minoritaria, en declive y rechazada por la inmensa mayoría social.
La decisión del PSOE de abstenerse en la ILP provocó consecuencias inmediatas dentro del propio partido. David Calvo, exdiputado en Les Corts Valencianes y alto cargo durante la pasada legislatura, solicitó su baja como militante socialista el 13 de octubre en protesta por aquella abstención, evidenciando la fractura interna que esta cuestión genera en las filas socialistas.
"Lo que hemos visto estas semanas es la confirmación de que para el PSOE los votos pesan más que los valores", afirma Aïda Gascón. "Reconocen que la tauromaquia no tiene consenso social suficiente para ser patrimonio de la humanidad, pero mantienen intacta una ley que la blinda como patrimonio cultural español. Es una postura completamente oportunista que antepone el cálculo electoral a la coherencia ética y al sufrimiento de miles de animales", sentencia la directora de AnimaNaturalis.
Una victoria agridulce
El rechazo a la candidatura de la Unesco representa, sin duda, una victoria simbólica importante para el movimiento animalista. Impedir que la tauromaquia obtuviera un reconocimiento internacional que habría legitimado aún más la tortura sistemática de animales es un logro que debe celebrarse. La propuesta del PP, además de buscar ese espaldarazo internacional, pretendía servir de escudo ante futuras iniciativas que buscaran eliminar la protección legal de la tauromaquia, alegando que su rechazo se utilizaba como "moneda de cambio" para "construir identidades nacionalistas".
Sin embargo, esta victoria se ve empañada por la realidad legislativa: la ley de 2013 sigue vigente, la tauromaquia continúa protegida como patrimonio cultural, y las corridas de toros siguen recibiendo subvenciones públicas mientras miles de animales mueren cada año en plazas de toda España. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado algunos pasos en la dirección correcta al suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia y apartar al sector de las Medallas de Oro de las Bellas Artes, pero ha dejado claro que, tras el fracaso de la ILP, buscará "otras fórmulas" para obstaculizar la Fiesta.
La paradoja es evidente: mientras los defensores de la tauromaquia insisten en que tiene un "consenso social amplio" y representa valores como "la inteligencia, el valor o la estética", los datos demuestran exactamente lo contrario. La asistencia a corridas de toros es marginal, el rechazo social es mayoritario, y la actividad solo se sostiene gracias a las subvenciones públicas y al blindaje legal que el PSOE se niega a eliminar por puro cálculo electoral.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, y el propio presidente Pedro Sánchez han calificado la tauromaquia como un debate "no resuelto" dentro del partido. Una descripción que, en realidad, es un eufemismo para justificar la parálisis y la ambigüedad. Mientras tanto, las organizaciones que apoyamos la ILP No Es Mi Cultura y miles de ciudadanos comprometidos con los derechos de los animales siguen exigiendo coherencia política y valentía para acabar con una práctica que no tiene cabida en una sociedad que se pretende moderna, ética y respetuosa con los seres sintientes.
El camino continúa
A pesar de la decepción que supone la inacción del PSOE, el movimiento animalista mantiene su compromiso inquebrantable. La batalla por los derechos de los animales no se libra únicamente en el Congreso, sino también en las calles, en la educación, en la sensibilización social y en cada pequeña victoria que acerca a España a una legislación más justa y compasiva.
El rechazo a la candidatura de la Unesco es un paso, pero el objetivo final sigue siendo la derogación de la ley de 2013 y el fin de las subvenciones públicas a la tauromaquia. Porque, como recuerda el diputado González, ninguna tradición, por antigua que sea, justifica la tortura y muerte de seres sintientes. Y porque el 70% de la ciudadanía española ya lo tiene claro: los toros no son cultura, son víctimas.
