Miles de gatos comunitarios que viven en las Islas Canarias han encontrado un respiro judicial inesperado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido un auto que cambia por completo el panorama legal para estos animales, confirmando que el Gobierno de Canarias no tiene competencias para imponer medidas de gestión, control o eliminación sobre las colonias felinas que habitan en espacios naturales protegidos del archipiélago.
La decisión judicial llega tras meses de incertidumbre y movilización social. En diciembre de 2024, cinco organizaciones defensoras de los derechos de los animales —FAADA, Asociación FdCATS, Fauda, AnimaNaturalis y PACMA— presentaron un recurso contencioso-administrativo contra varias resoluciones del ejecutivo autonómico que habían sembrado el pánico entre gestoras de colonias, ayuntamientos y miles de ciudadanos comprometidos con el bienestar animal.
Esas resoluciones, emitidas en octubre de 2024 por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y respaldadas posteriormente por el gobierno regional, clasificaban a los gatos comunitarios como "especie exótica invasora" y establecían criterios para su captura, reubicación, confinamiento y, en última instancia, sacrificio. Las medidas afectaban a un 43% del territorio insular, incluyendo zonas de alto valor ecológico como la Red Natura 2000, y ponían en peligro la vida de decenas de miles de felinos que llevan generaciones conviviendo con el entorno natural canario.
"Estas decisiones representaban un retroceso inadmisible en materia de protección animal. La solución nunca puede ser capturar y sacrificar, sino gestionar las colonias con responsabilidad y humanidad", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales es absolutamente clara, y el Gobierno de Canarias no puede situarse por encima de ella", añade Gascón.
El caso más desgarrador que puso en evidencia la gravedad de la situación fue el de Chinijo, un gato comunitario capturado en agosto de 2024 en La Graciosa. El animal fue trasladado a un albergue con una orden de sacrificio firmada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. A pesar de los esfuerzos desesperados de activistas y protectoras para evitarlo, Chinijo fue sacrificado, convirtiéndose en el símbolo de una política que las organizaciones defensoras consideraban no solo ilegal, sino profundamente cruel.
Un auto que marca jurisprudencia
El pronunciamiento del TSJC es contundente y despeja cualquier duda sobre la jerarquía de competencias en esta materia. El tribunal establece con claridad meridiana que las resoluciones del Gobierno de Canarias no tienen carácter de normas obligatorias y que el ejecutivo autonómico carece completamente de competencia para imponer medidas de gestión sobre los gatos comunitarios en espacios naturales protegidos.
Según el auto judicial, cualquier directriz emitida por el gobierno regional solo puede entenderse como una recomendación sin carácter vinculante. La responsabilidad íntegra y exclusiva en esta materia recae en los cabildos insulares, las instituciones que realmente ostentan las competencias para decidir sobre la gestión de la fauna en sus respectivos territorios.
Este pronunciamiento implica que las medidas que habían generado tanta alarma entre entidades protectoras, gestoras de colonias felinas y administraciones locales no pueden aplicarse de forma automática, ni pueden utilizarse para justificar actuaciones perjudiciales contra los gatos comunitarios. En otras palabras, cada cabildo insular deberá valorar de manera independiente y fundamentada cualquier intervención sobre las colonias felinas, sin poder ampararse en unas directrices autonómicas que el tribunal ha considerado sin valor normativo.
"Este auto representa una victoria fundamental para la defensa de los gatos comunitarios en Canarias", señala Gascón. "Hemos demostrado que cuando las administraciones actúan al margen de la ley, los tribunales están para restablecer el orden jurídico y proteger a quienes no tienen voz", declara.
La manipulación de la normativa ambiental
Las resoluciones del Gobierno de Canarias que ahora han sido cuestionadas judicialmente presentaban múltiples irregularidades. En primer lugar, nunca fueron publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de Canarias, lo que generaba una situación de opacidad inadmisible para unos documentos que afectaban directamente a los derechos de miles de animales y a las competencias de otras administraciones.
En segundo lugar, la clasificación de los gatos comunitarios como "especie exótica invasora" representaba una tergiversación legal sin precedentes. La Ley 7/2023 reconoce expresamente a todos los Felis catus como animales de compañía protegidos, independientemente de si viven en hogares o forman parte de colonias gestionadas. Ninguna resolución autonómica puede contradecir una normativa estatal de rango superior.
Anna Estarán, abogada de FAADA, explicó en su momento que la orden de sacrificio dictada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad se basaba en una interpretación sesgada de las leyes de protección de la fauna autóctona, manipulando la normativa para justificar una erradicación que atentaba contra los derechos de los animales y el bienestar de las colonias felinas.
Además, el gobierno autonómico actuó sin los estudios científicos detallados y específicos que exige la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales. Cualquier actuación sobre poblaciones felinas en espacios protegidos debe fundamentarse en análisis locales rigurosos, no en datos generalizados que ignoran la realidad particular de cada entorno. Sin estas evaluaciones objetivas, cualquier decisión de captura, reubicación o eliminación resulta prematura, arbitraria e irresponsable.
Los programas CER como alternativa ética y eficaz
La comunidad científica ha demostrado de forma reiterada que las colonias felinas gestionadas mediante programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER) constituyen la solución más ética y efectiva para controlar la población de gatos comunitarios sin perjudicar la biodiversidad ni vulnerar los derechos de los animales.
El método CER ha sido implementado con éxito en numerosas regiones de España y otros países, logrando estabilizar e incluso reducir el número de gatos en las colonias sin recurrir al sacrificio. Los felinos son capturados temporalmente, esterilizados por veterinarios, identificados mediante microchip y devueltos a su ubicación original, donde continúan siendo alimentados y supervisados por gestoras responsables.
Esta estrategia evita el denominado "efecto vacío", un fenómeno documentado científicamente por el cual otros animales no gestionados ocupan rápidamente el espacio dejado por los felinos removidos, perpetuando el problema poblacional. Además, el desplazamiento forzado de gatos comunitarios genera estrés severo, aumenta la propagación de enfermedades y puede provocar la muerte prematura de los animales.
"El bienestar animal y la protección de la biodiversidad no son objetivos incompatibles", subraya Gascón. "Los gobiernos locales deben cumplir con la normativa y garantizar la convivencia ética entre humanos y animales, en lugar de promover su desplazamiento o eliminación", añade.
La batalla legal continúa
Aunque el auto del TSJC representa un avance significativo, las organizaciones querellantes mantienen abierto el procedimiento contencioso-administrativo para garantizar que las actuaciones de todas las administraciones canarias sobre colonias felinas y gatos comunitarios respeten íntegramente la normativa vigente y el bienestar de los animales.
Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis, confirmó que la entidad seguirá tomando todas las acciones legales necesarias en colaboración con otras organizaciones. El objetivo es asegurar que las autoridades respeten los derechos de los gatos comunitarios y se busquen soluciones éticas que garanticen su bienestar en las zonas naturales protegidas, en lugar de recurrir a medidas extremas e ilegales.
El caso de Canarias sienta un precedente peligroso que podría extenderse a otras comunidades autónomas si no se actúa con contundencia. Por ello, las organizaciones han solicitado el apoyo económico de la sociedad civil para cubrir los costes legales, que ascienden a varios miles de euros, y han lanzado campañas de sensibilización para informar a la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de esta controversia.
"Desde AnimaNaturalis no descansaremos hasta detener estas medidas injustas y asegurar la protección de todos los gatos comunitarios, no solo en Canarias sino en toda España", concluye Gascón. "Cada contribución, cada voz que se suma a nuestra causa, puede marcar la diferencia en la vida de miles de animales que merecen vivir con dignidad", declara la directora de la organización.
Las desapariciones repentinas de gatos en varias islas y las denuncias de cuidadoras de colonias son señales inequívocas de que la vigilancia ciudadana y la presión legal resultan imprescindibles. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demuestra que cuando la sociedad civil se organiza y recurre a las vías legales, es posible frenar los abusos institucionales y defender los derechos de quienes no tienen voz.
