España enfrenta la Peste Porcina Africana financiando balas con dinero público

El 28 de noviembre de 2025, España confirmó algo que no ocurría desde 1994: la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en su territorio. Dos jabalíes muertos en Bellaterra, provincia de Barcelona, dieron positivo al virus, desencadenando una respuesta gubernamental sin precedentes que incluye la matanza programada de decenas de miles de animales silvestres y la movilización de más de 70 millones de euros en fondos públicos.

Pero mientras las administraciones autonómicas compiten por ofrecer las cifras más altas por cada jabalí abatido —40 euros en Valencia, 30 euros en Aragón, entre 18 y 30 euros en Catalunya— voces críticas del ámbito científico, ecologista y de defensa animal cuestionan tanto la eficacia de estas medidas como el destino real del dinero público y, sobre todo, quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta crisis sanitaria.

"Estamos asistiendo a una respuesta desproporcionada que convierte a los jabalíes en chivos expiatorios de un problema creado por la propia industria ganadera intensiva", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Se están invirtiendo decenas de millones de euros en matar animales silvestres para proteger un modelo de macrogranjas que es precisamente el que genera estas crisis sanitarias recurrentes".

El brote: una enfermedad letal para cerdos, inocua para humanos

Es fundamental aclarar que la Peste Porcina Africana no es la "gripe porcina". Se trata de una fiebre hemorrágica viral altamente contagiosa y letal para cerdos domésticos y jabalíes, con tasas de mortalidad cercanas al 100%, pero que no representa ningún riesgo sanitario para los seres humanos, ni por contacto directo ni por consumo de productos derivados.

El virus, causado por un miembro de la familia Asfarviridae, tiene una resistencia excepcional: puede sobrevivir en cadáveres durante meses, especialmente en climas frescos. Desde la confirmación del primer caso en Bellaterra, el brote se ha expandido rápidamente. A mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura había verificado al menos 26 jabalíes infectados en la zona de Collserola y áreas metropolitanas de Barcelona.

El origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes silvestres en Catalunya se encuentra bajo investigación judicial y técnica, centrándose en determinar si pudo producirse por una fuga accidental desde un laboratorio especializado. El principal centro sospechoso es el IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) de Bellaterra, un referente en el estudio de esta enfermedad, debido a su proximidad geográfica con los primeros cadáveres de animales infectados. Un juzgado de Cerdanyola del Vallès ha ordenado un registro policial conjunto de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil en sus instalaciones para recoger muestras del virus, requisar documentación y equipos electrónicos, e inspeccionar los protocolos de seguridad y gestión de residuos. El objetivo es comparar la cepa del brote con las utilizadas en el centro y esclarecer si existió una negligencia, un fallo en la contención biológica o un acto intencionado.

La respuesta ha sido contundente: acordonamiento de 6 kilómetros a la redonda del primer foco, cierre de parques naturales, despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales para búsqueda activa de cadáveres, y la activación de planes de emergencia cinegética en prácticamente toda España.

Matar a decenas de miles de jabalíes

Catalunya, epicentro del brote, ha anunciado su intención de reducir a la mitad su población de jabalíes: de 125.000 ejemplares a aproximadamente 60.000. Para ello, la Generalitat ofrece ayudas económicas a cazadores de entre 18 y 30 euros por cada animal abatido, ha eliminado cupos de caza y ha autorizado métodos especiales como visores térmicos nocturnos.

Pero la estrategia no se limita a Catalunya. Aragón, principal región productora de porcino en España y fronteriza con la zona afectada, declaró emergencia cinegética preventiva y aprobó pagar 30 euros por cada jabalí cazado, además de autorizar caza sin límites durante los 365 días del año. La Comunidad Valenciana lanzó un plan de 6 millones de euros que incluye 40 euros por ejemplar abatido. Extremadura y Castilla y León han implementado medidas similares.

La justificación oficial es clara: los jabalíes son reservorio silvestre de la PPA y su alta movilidad puede propagar el virus a las granjas de cerdos domésticos. Si esto ocurre, las explotaciones afectadas deben ser sacrificadas en su totalidad. Además, la presencia del virus en territorio español ha provocado restricciones comerciales inmediatas, especialmente con China, principal mercado extracomunitario del porcino español.

El argumento económico

Las cifras son mareantes. España exportó 8.783 millones de euros en carne de cerdo en 2024, de los cuales aproximadamente 1.100 millones correspondieron a China. Con los vetos internacionales activados, el sector calcula que hasta 2.600 millones de euros de negocio mundial están en riesgo. "Lo que estamos viendo es cómo se utiliza el dinero de todos los contribuyentes para salvaguardar los beneficios de una industria que mantiene 38 millones de cerdos en condiciones de hacinamiento", denuncia Gascón. "Se presenta como una crisis sanitaria, pero en realidad es una crisis del modelo agroindustrial intensivo que prioriza el beneficio económico por encima del bienestar animal y la salud ecosistémica".

Gracias a las gestiones diplomáticas y a la rapidez de las medidas de control —incluyendo las matanzas masivas como demostración de acción—, China aceptó el principio de "regionalización", permitiendo que el resto de España continúe exportando mientras el virus se mantenga confinado en Barcelona. Sin embargo, este acuerdo es extremadamente frágil: un solo jabalí infectado detectado en zonas de alta densidad de granjas como Lleida o Aragón podría extender el veto a todo el país.

Subvenciones y recompensas por captura

La estrategia de contención de la Peste Porcina Africana ha transformado la actividad cinegética de un pasatiempo recreativo en un servicio de gestión ambiental subvencionado por el Estado. Para incentivar la reducción drástica de las poblaciones de jabalí, diversas comunidades autónomas han habilitado partidas presupuestarias del tesoro público destinadas a pagar directamente por cada ejemplar abatido.

Las administraciones han fijado diferentes "precios" por cada jabalí retirado del medio natural, dependiendo de la urgencia sanitaria de la zona:

• Aragón: El Gobierno autonómico ha aprobado un decreto ley que establece el pago de 30 euros por jabalí cazado. Esta medida se enmarca en un presupuesto extraordinario para proteger su potente industria porcina frente al avance del virus desde Catalunya.
• Comunidad Valenciana: A través de la Orden 4/2025, se ha destinado un presupuesto de 900.000 euros para el control de la especie. En esta región, los titulares de los cotos de caza reciben 40 euros por cada jabalí abatido y retirado.
• Catalunya: La Generalitat ha movilizado aproximadamente 1,45 millones de euros en 2025 para fomentar las capturas. El sistema de pagos es variable, oscilando entre los 5 y los 25 euros por ejemplar según la zona y el método de captura empleado.

¿Quiénes son los beneficiarios finales de estos fondos? El rastro del dinero público se diversifica en varios actores clave del mundo rural y la gestión sanitaria:

• Sociedades de cazadores y clubes locales: Son los receptores directos de la mayoría de las ayudas por pieza cobrada. En Catalunya, las sociedades de cazadores reciben directamente más de 600.000 euros para cubrir gastos de batidas (perros, munición, seguros, transporte). Según las federaciones de caza, estos fondos se distribuyen entre los clubes para cubrir los "gastos logísticos" de las batidas, costes que anteriormente asumían los cazadores de su propio bolsillo. Las federaciones de caza, que tradicionalmente eran entidades recreativas, se han convertido en socios logísticos de la administración.
• Empresas de la industria cárnica: En regiones como Catalunya, se ha establecido una línea de subvención específica de 12,5 euros por canal destinada a las empresas que comercializan carne de caza. El objetivo es incentivar que estas empresas acepten y procesen los ejemplares abatidos, integrándolos en la cadena de valor alimentaria siempre que den negativo en las pruebas de PPA.
• Administraciones locales (ayuntamientos): Parte del presupuesto, especialmente en la Comunidad Valenciana, se transfiere a los ayuntamientos de municipios con sobreabundancia de jabalíes para sufragar la instalación de contenedores estancos y la adecuación de recintos para la eliminación de cadáveres.
• Empresas públicas de gestión: En casos donde la caza recreativa es insuficiente o está prohibida, como en parques nacionales, el dinero público fluye hacia entidades como TRAGSA (a nivel nacional) y SARGA en Aragón. En Extremadura, se ha autorizado un gasto de 347.305 euros para que TRAGSA realice el sacrificio y control de poblaciones en el Parque Nacional de Monfragüe.
• Gestores de residuos SANDACH: Empresas privadas especializadas en subproductos animales no destinados al consumo humano, como GIRE S.A. en Catalunya o la pública VAERSA en Valencia, gestionan contratos de emergencia que pueden superar los 786.000 euros para la retirada, transporte e incineración de cadáveres.
• Sector porcino: La Generalitat de Catalunya aprobó un paquete de ayudas directas de 10 millones de euros (ampliables a 20 millones) para compensar al sector porcino, además de subvenciones para reforzar la bioseguridad de las granjas. En Valencia, las ayudas para bioseguridad en granjas se incrementaron de 4,2 a 9 millones de euros.

"Estamos viendo cómo se convierte la matanza de animales silvestres en un negocio subvencionado con dinero de todos los contribuyentes", denuncia Gascón. "Las federaciones de caza reciben fondos públicos para realizar lo que presentan como un 'servicio a la comunidad', cuando en realidad están siendo pagados por hacer aquello que tradicionalmente hacían por afición. Mientras tanto, las macrogranjas —que son el verdadero foco de riesgo sanitario— también reciben millones en ayudas para reforzar una bioseguridad que debería ser obligatoria desde el principio".

La caza puede empeorar el problema

Uno de los aspectos más controvertidos de la respuesta gubernamental es que la propia comunidad científica cuestiona la eficacia de las matanzas masivas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha advertido que la caza intensiva y desorganizada puede ser contraproducente durante un brote activo.

El fenómeno se conoce como "efecto dispersión": el ruido de las detonaciones y la presencia de perros en el monte desestructuran los grupos sociales de jabalíes, provocando que los individuos supervivientes —potencialmente infectados— huyan a zonas no contaminadas, transportando el virus consigo. Estudios realizados en Italia durante brotes anteriores confirmaron esta dinámica.

Ecologistas en Acción y otras organizaciones ambientalistas han rechazado lo que califican como "criminalización" de los jabalíes, señalando que estos animales son víctimas de un modelo de gestión territorial inadecuado que incluye el abandono de tierras agrícolas, la proliferación de cultivos industriales que les sirven de alimento y, crucialmente, la ausencia de depredadores naturales como el lobo.

"Los jabalíes no se han multiplicado por generación espontánea", subraya Gascón. "Su sobrepoblación es consecuencia directa de décadas de mala gestión ambiental, destrucción de ecosistemas y eliminación de depredadores. Ahora se pretende solucionar con una masacre lo que es un problema sistémico que requiere soluciones integrales".

Alternativas no letales

Lo más frustrante para las organizaciones de defensa animal es que existen alternativas científicas validadas que están siendo ignoradas o infrafinanciadas en favor de las matanzas.

• Vacunas orales: En 2019, un estudio realizado en España demostró la eficacia de una vacuna oral experimental contra la PPA. Administrada a jabalíes, la vacuna protegió al 92% de los animales contra el virus. Esta vacuna atenuada oral, que sería la primera contra el genotipo II de PPA probada en jabalíes, podría inmunizar parte de la fauna silvestre, reduciendo el número de animales susceptibles y disminuyendo la incidencia de la enfermedad.
• Control de fertilidad: La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) está desarrollando un proyecto piloto con vacunas anticonceptivas para jabalíes basadas en la hormona GnRH. Los estudios muestran que una sola inyección puede inhibir la reproducción durante 2 a 6 años. Con un coste actual de 35 euros por vacuna, este método podría estabilizar poblaciones sin matar animales y con costes a largo plazo inferiores a las batidas continuas.
• Gestión de residuos y bioseguridad: Dado que el virus se transmite principalmente por objetos alimenticios contaminados, mejorar la gestión de residuos orgánicos y reforzar la bioseguridad en granjas mediante vallados seguros, pediluvios y controles de acceso son medidas fundamentales que deberían priorizarse sobre la caza.
• Cercados eléctricos y trampeo selectivo: Métodos que no dispersan a la población y permiten una extracción controlada sin provocar el pánico que desencadena las migraciones descontroladas.

"Tenemos soluciones científicas, éticas y eficaces, pero se opta por la más rápida políticamente: matar animales y repartir dinero público", critica Gascón. "La vacuna oral demostró un 92% de eficacia en 2019. ¿Por qué no se ha invertido en desarrollarla comercialmente? ¿Por qué no se financia adecuadamente la anticoncepción de fauna silvestre? La respuesta es clara: porque no beneficia a los mismos sectores que ahora reciben millones en subvenciones".

El debate ético: ¿víctimas o culpables?

El Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF-CAE) ha emitido un informe donde señala que los jabalíes son "víctimas y no culpables" de una enfermedad extendida por el modelo alimentario globalizado. Según este centro de investigación, la matanza de jabalíes se utiliza como mecanismo de protección para una industria cárnica que mantiene a 38 millones de cerdos en condiciones de hacinamiento.

La población de jabalíes en España ha crecido un 550% en los últimos treinta años, alcanzando aproximadamente 1,3 millones de ejemplares. Este crecimiento exponencial responde a factores como el cambio de usos del suelo, la disponibilidad de alimento en zonas periurbanas, la hibridación con cerdos domésticos y, crucialmente, la ausencia de depredadores naturales.

"Cuando eliminamos al lobo y alteramos los ecosistemas, cuando llenamos el territorio de macrogranjas que contaminan y generan desequilibrios, cuando abandonamos el medio rural tradicional... luego no podemos sorprendernos de que aparezcan problemas", reflexiona Gascón. "Pero en lugar de corregir esas causas profundas, se opta por la vía más corta: culpar a los animales silvestres y eliminarlos".

El modelo de ganadería intensiva española mantiene actualmente unos 38 millones de cerdos en explotaciones, muchas de ellas en condiciones de alta densidad que las convierten en potenciales focos de enfermedades. Los críticos señalan que existe un exceso de cerdos en macrogranjas —mucho más contagiosos entre sí que los jabalíes dispersos— y una falta de regulación del modelo agroindustrial.

Una crisis que revela contradicciones profundas

La crisis de la Peste Porcina Africana en España en 2025 está poniendo de manifiesto contradicciones profundas del modelo de gestión ambiental y agroindustrial. Por un lado, se movilizan recursos públicos extraordinarios para proteger los intereses de una industria que genera importantes beneficios privados. Por otro, se ignoran soluciones científicas validadas en favor de medidas que pueden resultar contraproducentes.

La regionalización comercial conseguida con China es, en el mejor de los casos, un parche temporal. Si el virus se expande —y la caza descontrolada puede facilitar esa expansión—, las consecuencias económicas serán devastadoras. Pero más allá de las cifras comerciales, esta crisis plantea preguntas éticas fundamentales sobre nuestra relación con los animales, tanto domésticos como silvestres, y sobre la sostenibilidad de un modelo productivo basado en la intensificación y el hacinamiento.

"Esta crisis no se resolverá solo cazando jabalíes", concluye Gascón. "Necesitamos una transformación profunda del modelo ganadero, reduciendo la concentración de animales, mejorando la bioseguridad real, restaurando ecosistemas funcionales con sus depredadores naturales e invirtiendo en soluciones científicas como las vacunas y el control de fertilidad. Lo que no podemos seguir haciendo es utilizar el dinero de todos para perpetuar un sistema insostenible a costa de masacrar fauna autóctona".

La industria ganadera intensiva y las administraciones están construyendo una narrativa que culpabiliza a los jabalíes de una crisis que tiene causas mucho más profundas. Es fundamental que la ciudadanía conozca toda la información: quién recibe el dinero público, qué alternativas existen y por qué no se están implementando, y cuál es el verdadero coste ambiental y ético de las decisiones que se están tomando.

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