El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para cerrar definitivamente cualquier resquicio legal que permitiera la autorización de shows cómico-taurinos que degraden a personas con discapacidad. El nuevo apartado 4 del artículo 90 del Reglamento es taxativo: "Los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad". La autoridad gubernativa competente queda expresamente impedida de autorizar cualquier evento que infrinja este mandato.
Para quienes llevaban años exigiendo esta medida, la noticia tiene el sabor agridulce de la justicia tardía. "Hemos documentado estos espectáculos durante años precisamente para que nadie pudiera mirar hacia otro lado. Lo que ocurría en esas plazas no era cultura ni entretenimiento: era la institucionalización de la burla hacia personas con discapacidad, enmarcada además en un contexto de crueldad hacia los animales", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
Años de denuncia sin respuesta
Era martes, 4 de julio de 2023. En Teruel, bajo el sol de verano y el ruido de las Fiestas del Ángel, se alzaba el telón de un espectáculo que llevaba años repitiéndose con impunidad: el llamado "Popeye torero y los enanitos marineros". En el interior de la plaza, personas con acondroplasia —una condición que provoca enanismo— actuaban ante un público que reía. Fuera, con cámaras y cuadernos de notas, estaban los equipos de AnimaNaturalis y CAS International, documentando en detalle lo que ocurría. No era la primera vez. No sería la última.
Venimos denunciando desde años antes la celebración sistemática de este tipo de espectáculos taurinos bufos en distintas plazas de España, pese a que la Ley General de la Discapacidad —el Real Decreto Legislativo 1/2013— ya los prohibía de forma implícita. La norma proscribía las actividades que promovieran la burla o la humillación hacia personas con discapacidad. Sin embargo, los promotores encontraban el amparo en interpretaciones laxas y en la ausencia de una prohibición explícita en el Reglamento de Espectáculos Taurinos.
Esa ambigüedad tuvo consecuencias reales. En 2023, la Junta de Andalucía denegó la autorización de uno de estos espectáculos en Cortes de la Frontera —en un hecho histórico, el primero de este tipo en la comunidad— citando expresamente la ley de discapacidad. La promotora recurrió. Y la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga falló a favor del espectáculo, argumentando que no existía "ningún dato objetivo" que permitiera concluir que la finalidad fuera "la mofa de estas personas o de su discapacidad". Un golpe judicial que frustró la prohibición, pero no la lucha.
En julio de 2024, ambas organizaciones registraron de nuevo el mismo espectáculo, esta vez con un agravante: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ya había instado a la Consejería de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón a suspender el evento, argumentando que contravenía la normativa de derechos de las personas con discapacidad. La consejería ignoró la recomendación. El espectáculo se celebró.
"La impotencia de ver cómo se vulnera la ley ante tus ojos, con el aval implícito de las instituciones, es una de las experiencias más duras del activismo. Por eso documentamos: para que la realidad hable más alto que los argumentos de quienes se benefician de estas prácticas", señala Gascón.
Cuando la tradición ampara la crueldad
Los espectáculos cómico-taurinos con personas con discapacidad no existen en el vacío. Son una pieza más de un engranaje de subvenciones públicas que AnimaNaturalis lleva décadas analizando. Según datos del Ministerio de Cultura, solo el 8% de la población española asistió a algún espectáculo taurino en el período 2018-2019, y el 92% del país no acudió a ningún festejo taurino ese año. Pese a ello, la industria sigue recibiendo dinero pública y cobertura legal.
En este contexto, los shows con personas con enanismo representaban una de las formas más visibles de la doble vulneración que caracteriza a ciertos espectáculos taurinos: la de los animales utilizados en ellos y la de los seres humanos instrumentalizados para el entretenimiento ajeno. AnimaNaturalis documentó en 2023 cómo, al finalizar uno de estos shows en Teruel, se liberaba a becerras de menos de dieciocho meses para que menores de dieciséis años pudieran participar activamente en el espectáculo. Crueldad hacia los animales y normalización de la violencia, todo en una misma plaza.
La reforma del reglamento aprobada este martes también coincide con un momento de presión internacional creciente. En enero de 2026, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió explicaciones a España por permitir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos. Y en octubre de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó, con la abstención decisiva del PSOE, una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas que pedía retirarle la protección cultural nacional a las corridas de toros.
"La tauromaquia en su conjunto sigue siendo un modelo de explotación animal amparado por el Estado. Celebramos que se cierren estas brechas concretas, pero no podemos perder de vista el cuadro completo: cada año, miles de individuos son matados en las plazas. La reforma de hoy es un paso, no el destino", afirma Gascón.
El real decreto aprobado este martes introduce mecanismos concretos para que la prohibición deje de ser papel mojado. La reforma de la Ley General de la Discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria, prevé tipificar los espectáculos que denigren a personas con discapacidad como infracciones muy graves, con multas de entre 600.000 euros y un millón de euros. Se trata de sanciones lo suficientemente elevadas como para disuadir a las promotoras que hasta ahora encontraban en la rentabilidad económica del espectáculo un incentivo mayor que el riesgo legal.
Paralelamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsado por Pablo Bustinduy, recuerda que desde 2022 el programa Pisadas con dignidad, desarrollado junto a la Fundación ONCE, ofrece apoyo social y formación laboral a personas con discapacidad que habían trabajado en estos espectáculos. El objetivo es facilitar su transición hacia empleos que no requieran exponer su cuerpo a la burla pública. Hasta la fecha, el programa ha atendido a quienes, según el propio Ministerio, "se han visto obligados a trabajar en estos espectáculos taurinos y en otro tipo de shows denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos".
El real decreto incluye también la creación de la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), un órgano especializado en supervisar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad (UE 2019/882), que posiciona a España entre los países con mayor rango normativo en materia de accesibilidad e inclusión.
Para AnimaNaturalis, estas medidas son bienvenidas pero insuficientes si no van acompañadas de una revisión más profunda del modelo taurino en su conjunto. La organización lleva años documentando que los espectáculos taurinos, en todas sus variantes, implican el confinamiento, la instrumentalización y la matanza de animales que son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo y sufrimiento. La prohibición de los shows cómico-taurinos es coherente con una ética de los derechos, pero esa misma ética, aplicada de forma consistente, debería alcanzar también a los individuos animales que mueren cada año en las plazas españolas.
La presión ciudadana que hizo posible este cambio
El real decreto aprobado este martes no habría sido posible sin años de trabajo de campo, denuncia pública y movilización ciudadana. AnimaNaturalis y CAS International acudieron a las plazas, grabaron lo que ocurría, enviaron las imágenes a los medios, movilizaron a miles de personas a escribir cartas a las instituciones y mantuvieron viva la presión cuando los tribunales fallaban en contra. Más de 1.000 correos de protesta enviados a la Consejería del Gobierno de Aragón en 2024 son un ejemplo de cómo la acción colectiva sostenida consigue torcer el rumbo de las instituciones.
Ahora, el trabajo continúa. Porque mientras se prohíben los shows más visiblemente degradantes para los seres humanos, la matanza de miles de animales en las plazas sigue siendo legal, subvencionada y protegida culturalmente. Porque el Comité de los Derechos del Niño de la ONU lleva años pidiendo a España que proteja a los menores de la exposición a la violencia taurina, y España no ha actuado. Porque el 92% de la ciudadanía española no asiste a festejos taurinos, y sin embargo su dinero sigue financiándolos.
"Cada victoria parcial nos recuerda que el cambio es posible cuando la ciudadanía se implica. Pero también nos recuerda la distancia que queda por recorrer. Necesitamos que más personas se sumen a esta causa, no solo para celebrar lo que se logra, sino para exigir lo que falta", concluye Gascón.
Si crees que ningún ser, humano o no humano, debería ser instrumentalizado para el entretenimiento ajeno, este es tu momento de actuar. Hazte socia o socio de AnimaNaturalis, apoya su trabajo de investigación y denuncia sobre el terreno, y comparte este artículo para que la realidad de los espectáculos taurinos llegue a quienes aún no la conocen. La próxima plaza que se vacíe, la próxima ley que se apruebe, puede tener tu nombre detrás.
