El 23 de febrero de 2023, la Comunidad de Madrid firmó un convenio con la Fundación Toro de Lidia que, sobre el papel, pretendía "establecer la colaboración" entre ambas instituciones para financiar la denominada Fiesta del Toro durante 2023 y 2024. El presupuesto total del acuerdo ascendía a 1,61 millones de euros, de los que 1,4 millones procedían directamente del erario público. No hubo convocatoria abierta. No hubo concurrencia competitiva. No hubo transparencia.
Esa opacidad acaba de costarle un varapalo judicial al Ejecutivo de Ayuso. El TSJM ha determinado que el convenio "instrumenta una auténtica subvención" y que, al formalizarlo sin respetar los principios recogidos en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones, el Gobierno regional vulneró los principios de "publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación". El tribunal, en pocas palabras, certifica lo que muchos ya intuían: que el convenio era una subvención a dedo.
"Lo que está haciendo el Gobierno de Ayuso es utilizar dinero público para sostener artificialmente un espectáculo basado en el sufrimiento y la matanza de animales, eludiendo además los mecanismos de control democrático que exige la ley", afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "La justicia no ha entrado en el debate ético, pero sí ha confirmado que se actuó fuera de la ley."
No es la primera vez que la Fundación Toro de Lidia se ve salpicada por este tipo de resoluciones. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó a la misma entidad devolver 326.000 euros recibidos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, también concedidos sin convocatoria pública ni justificación de excepcionalidad. El patrón se repite: administraciones del Partido Popular (PP) entregan fondos directamente a esta fundación, y los tribunales los anulan.
Millones para el sufrimiento, recortes para la cultura
La sentencia llega en un momento especialmente revelador. Mientras los jueces anulan la subvención de 1,4 millones de 2023, los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 elevan hasta 7,2 millones de euros los fondos destinados a asuntos taurinos, un incremento del 59% respecto al año anterior. La Fundación Toro de Lidia recibirá, de forma nominativa, 1,7 millones de euros tanto en 2025 como en 2026. Además, la televisión pública Telemadrid más que dobló en 2025 el dinero destinado a retransmitir festejos taurinos, pasando de 1,4 a 3,1 millones de euros.
El contraste con otras partidas culturales resulta difícil de ignorar. En los presupuestos de 2025, la Consejería de Cultura del Ejecutivo regional redujo su presupuesto un 5,9% respecto al año anterior. Como consecuencia, desaparecieron las subvenciones directas de 150.000 euros que la Comunidad aportaba a cada uno de los tres grandes museos nacionales con sede en la capital: el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. También perdió su subvención nominativa el histórico Ateneo de Madrid.
La paradoja administrativa alcanza su máxima expresión cuando se observa que la tauromaquia no depende en Madrid de la Consejería de Cultura, sino de la Consejería de Medio Ambiente. Es desde ese departamento desde donde fluyen los millones hacia los cosos, mientras desde Cultura se argumenta que se transita hacia "un modelo de subvención que prima la colaboración a través de proyectos concretos". Un criterio que, al parecer, no aplica cuando se trata de financiar corridas de toros.
"Recortar en museos que albergan patrimonio universal para aumentar las transferencias a un espectáculo que implica el confinamiento y la matanza de individuos sintientes revela con claridad cuáles son las prioridades reales de este Gobierno", señala Gascón. "No es una cuestión de cultura: es una cuestión de poder y de a quién se protege con el dinero de todos."
Un espectáculo que vive solo por subvenciones
El argumento oficial que justifica este gasto público es que la tauromaquia es cultura popular y que el Gobierno tiene el deber de preservarla. Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente. En diez años, los espectáculos taurinos han perdido el 22% de sus espectadores en España: de 3,2 millones de personas en 2014 a apenas 2,5 millones en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España. El número de corridas se ha desplomado un 60% desde 2007, año en que se celebraron 953 en todo el país; en 2024 fueron 376. En ese mismo período, los festejos populares —encierros, bous al carrer y otras modalidades donde los animales también sufren y mueren— han crecido de 13.800 en 2011 a más de 19.000 en 2024, lo que sugiere que el interés social no está en las corridas de toros al uso, sino en otro tipo de celebraciones.
La Comunidad de Madrid, lejos de leer estos datos como una señal de cambio social, ha interpretado el declive como una razón para inyectar más fondos públicos. En 2024, Madrid superó a Andalucía en número de corridas: 85 frente a 76. La primera comunidad creció un 11,8%; la segunda cayó un 3,7%. El subsidio artificial está distorsionando la geografía taurina del país.
Detrás de cada corrida que se financia con dinero público, hay individuos —toros, caballos— que son sometidos a confinamiento, privación de libertad y, finalmente, a la matanza. No son recursos, no son unidades productivas: son seres con capacidad de sentir dolor y miedo. Que millones de euros en fondos comunes se destinen a garantizar ese sufrimiento, eludiendo además los controles legales, hace de esta sentencia judicial algo que va mucho más allá de una disputa administrativa.
"Cada euro público que se destina a financiar este tipo de espectáculos es un euro que se decide gastar en perpetuar el sufrimiento sistemático de animales que no pueden expresar su rechazo", afirma Gascón. "Y hacerlo de manera opaca y al margen de la ley añade una capa de escándalo democrático a lo que ya es, de por sí, un escándalo ético."
No al dinero público financiando el sufrimiento animal
La sentencia del TSJM es una grieta. Pero las grietas, solas, no derrumban estructuras. Para el año 2026, los presupuestos de la Comunidad de Madrid contemplan 7,2 millones de euros para la tauromaquia. La Fundación Toro de Lidia ya tiene consignados 1,7 millones. Y el Ejecutivo de Ayuso puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. El sistema seguirá funcionando tal y como lo ha hecho hasta ahora si no existe una presión social organizada y sostenida que lo haga inviable.
Puedes empezar hoy. Firma las peticiones en curso para exigir transparencia en las subvenciones a la tauromaquia y la eliminación de cualquier financiación pública a espectáculos que impliquen el sufrimiento y la matanza de animales. Comparte esta información en tus redes y entre tus contactos: la mayoría social que ya no consume estos espectáculos tiene que hacerse visible también en el debate político.
Y si crees, como nosotras y nosotros, que la defensa de los animales es una causa que merece recursos y dedicación, considera hacerte socia o socio de AnimaNaturalis. Cada aportación —grande o pequeña— nos permite mantener campañas activas, documentar abusos y presionar a las instituciones para que dejen de utilizar el dinero de todas las personas para financiar el sufrimiento de los que no tienen voz. Únete en AnimaNaturalis. Porque mientras los toros sigan muriendo en los cosos con dinero público, esta lucha es también la tuya.
