El lunes antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco subió al escenario de un mitin en la localidad zamorana de Toro. Anunció subvenciones para mejorar plazas de toros rurales, ayudas para la celebración de festejos y un compromiso permanente para defender y promover las corridas de toros y espectáculos populares. "Nos parece muy importante el fomento de algo que forma parte de nuestra tierra", declaró el candidato del Partido Popular (PP) a la reelección en la Junta de Castilla y León.
Lo que Mañueco no mencionó es que cada novillada que esas ayudas financien terminará con la muerte pública de un ser sintiente. Que cada plaza rehabilitada con dinero público será el escenario de un sufrimiento sostenido durante decenas de minutos. Que el presupuesto que se destine a cosos rurales es dinero que no irá a servicios sanitarios, educación o protección de animales. "Llamar cultura a la tortura no cambia lo que ocurre dentro del ruedo. Lo que cambia es que ahora el Estado paga por ello con el dinero de todos los ciudadanos", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
La estrategia de Mañueco para frenar la despoblación en la España vaciada descansa, en parte, sobre un argumento tan antiguo como polémico: los toros como motor cultural y económico del mundo rural. Ha presentado las subvenciones a plazas rurales y las ayudas para novilladas como herramientas de cohesión territorial, enmarcándolas en un plan de tres ejes —servicios públicos, economía local y patrimonio— donde la tauromaquia ocupa el mismo espacio que los consultorios médicos o las farmacias rurales.
La lógica es sencilla: si los festejos taurinos generan actividad, atraen visitantes y refuerzan la identidad comarcal, financiarlos con dinero público equivale, según esta lectura, a invertir en la supervivencia de los pueblos. Lo que esa lógica omite es que el supuesto dinamismo cultural se sostiene sobre la matanza pública y reglada de seres sintientes, y que existen alternativas documentadas —turismo de naturaleza, gastronomía de proximidad, artesanía— capaces de generar el mismo impacto económico sin que ningún ser vivo pague el precio con su vida.
Construida para perpetuar el sufrimiento
Lo anunciado por Mañueco en campaña no es improvisación. Es la capa más visible de una arquitectura institucional que Castilla y León lleva años construyendo para blindar la tauromaquia con fondos y marcos legales. En abril de 2014, la Junta de Castilla y León aprobó el Acuerdo 32/2014, por el que declaró la tauromaquia Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, equiparándola a expresiones del patrimonio histórico regional.
Sobre esa base jurídica, en enero de 2015 se creó el Premio Tauromaquia de Castilla y León para distinguir a personas, entidades o instituciones que hubieran contribuido a la promoción de la tauromaquia. Años después, el Consejo de Gobierno modificó el decreto de Premios Castilla y León para elevar ese galardón al mismo rango que los premios de Investigación Científica, Artes o Letras. En 2025, el Premio Castilla y León de Tauromaquia fue concedido, por unanimidad del jurado, al Ayuntamiento de Benavente por organizar el Toro Enmaromado, festejo documentado desde el siglo XVI en el que un individuo es conducido por la fuerza a través de las calles atado con una soga.
Cada eslabón de esa cadena ha sido construido por gobiernos del PP con el apoyo explícito de Vox, su socio de coalición en Castilla y León desde 2022, partido que ha convertido la defensa de la tauromaquia en uno de sus estandartes identitarios. El PSOE, por su parte, ha mantenido una posición ambigua: aunque a nivel nacional ha impulsado algunas medidas para limitar las subvenciones al sector, en Castilla y León ha carecido de fuerza suficiente para desmantelar el andamiaje institucional construido por la derecha. "Cuando una institución pública declara Bien de Interés Cultural una práctica que inflige dolor deliberado, no está protegiendo una tradición: está normalizando la crueldad y haciéndola financieramente sostenible con dinero público", añade Gascón.
Lo que el dinero público financia
Detrás del lenguaje patrimonial se esconde una realidad concreta y documentada. Una corrida de toros estándar implica que un individuo recibe puyazos, banderillas y, finalmente, la muerte por espada durante un proceso que puede prolongarse entre quince y veinte minutos. Las novilladas, para las que Mañueco prometió ayudas específicas, replican ese esquema con individuos más jóvenes y toreros en formación.
El decreto de 2014 de la Junta de Castilla y León describe la tauromaquia como un espectáculo en el que "uno o más matadores lidian y matan reses bravas siguiendo una serie de normas y ritos". La frase, enterrada en el lenguaje administrativo, describe con precisión involuntaria lo que las subvenciones electorales del PP van a financiar: la matanza reglada de individuos en espacios públicos rehabilitados con fondos de todos los contribuyentes.
Según datos aportados por la organización, en España se matan cada año decenas de miles de toros y otros animales en festejos taurinos, una cifra que incluye corridas, novilladas y festejos populares como el que en Benavente mereció el galardón institucional más importante de Castilla y León en 2025.
Por un futuro sin crueldad
Frente a la apuesta del PP y Vox por financiar el sufrimiento, existe un modelo alternativo documentado y viable. Varias comunidades autónomas y más de un centenar de municipios españoles han suprimido o restringido la tauromaquia sin que ello haya supuesto el colapso del tejido cultural local. Cataluña prohibió las corridas de toros en 2010. Las Islas Canarias lleva décadas sin celebrarlas. En ningún caso se ha producido el apocalipsis cultural que los defensores del sector vaticinan.
El argumento de la despoblación rural, que Mañueco utilizó para encuadrar sus promesas taurinas, podría aplicarse con mayor eficacia a políticas de apoyo a la gastronomía de proximidad, el turismo de naturaleza, las artesanías o la cultura popular no violenta, sectores que generan actividad económica sin infligir sufrimiento a ningún individuo. La dehesa, el paisaje que el decreto de 2014 asocia a la cría del toro de lidia, alberga una biodiversidad extraordinaria que podría sostenerse con usos alternativos igualmente rentables.
Organizaciones como AnimaNaturalis trabajan precisamente para demostrar que proteger a los animales no humanos y desarrollar comunidades rurales prósperas no son objetivos contradictorios, sino complementarios.
El ruedo está en las urnas
Las elecciones autonómicas de Castilla y León no son solo una cita electoral: son una oportunidad para decidir si el dinero público de una comunidad debe financiar el sufrimiento de seres sintientes o invertirse en un futuro diferente. Tú puedes marcar esa diferencia.
Infórmate sobre las posiciones de cada partido respecto a la tauromaquia y las subvenciones públicas al sector antes de emitir tu voto. Exige a los representantes políticos que renuncien a usar el dinero común para sostener prácticas que infligen dolor deliberado. Comparte este artículo para que más personas conozcan qué se financia con sus impuestos.
Y si quieres ir más lejos, hazte socia o socio de AnimaNaturalis. Cada aportación permite sostener campañas de presión institucional, educación y movilización ciudadana en Castilla y León y en toda España. En un escenario donde el PP y Vox construyen decretos, premios y subvenciones para blindar la tauromaquia, la única respuesta eficaz es una organización fuerte, sostenida y presente. "La historia no juzgará con amabilidad a quienes tuvieron la oportunidad de poner fin al sufrimiento institucionalizado y eligieron mirarse en el espejo del pasado en lugar de construir el futuro", señala Gascón.
Aquel lunes en Toro, Mañueco prometió plazas rehabilitadas y novilladas subvencionadas. Lo que no prometió fue que ningún individuo morirá en esas plazas. Porque eso, precisamente, es lo que el dinero público va a pagar.
