UE veta desde mañana el comercio de productos derivados de la foca

La UE prohibirá desde mañana el comercio de los productos derivados de las focas, salvo los que provengan de la caza tradicional de supervivencia que practica la comunidad esquimal o de las capturas previstas para mantener el equilibrio de los recursos marinos, informó hoy la Comisión Europea.

UE veta desde mañana el comercio de productos derivados de la foca

El Ejecutivo comunitario recordó que el reglamento fue aprobado hace nueve meses, pero que la prohibición sólo tiene efecto a partir de mañana, según una de sus portavoces, Maria Kokkonen.

La medida impedirá la comercialización de productos como carne, aceite, grasa, órganos y pieles, por lo que la venta de bolsos, gorros, botas o guantes, así como de compuestos farmacéuticos sin receta como los ácidos grasos Omega 3, entre otros, se verá afectada.

La prohibición cubre también las importaciones, salvo cuando éstas tengan una naturaleza ocasional y se refieran a bienes personales de viajeros o sus familias.

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) se mostró hoy satisfecho con la nueva legislación y la consideró "una victoria significativa en la campaña para terminar con la caza de focas con fines comerciales".

"Estamos absolutamente encantados con esta legislación", dijo el director de IFAW, Lesley O'Donnell. "Es la culminación de años de duro trabajo y vamos a continuar esforzándonos hasta que la cruel caza comercial de focas termine de una vez por todas."

La normativa impedirá la comercialización y la importación, el tránsito y la exportación de productos derivados de la foca en el conjunto de los Veintisiete.

Actualmente, la mayor parte de los productos derivados de la foca que se encuentran en Europa proceden de terceros países como Canadá, Groenlandia, Rusia, Namibia o Noruega, pero dentro de la UE Finlandia, Suecia y el Reino Unido también matan a estos animales y utilizan su piel.

La iniciativa para prohibir el comercio parte de una reclamación ciudadana transmitida al Parlamento Europeo, que aprobó en 2006 una declaración en este sentido que respaldaron 425 de sus 736 diputados.

La CE presentó a continuación una propuesta con el mismo objetivo que fue aceptada por la mayoría de los Estados miembros, entre ellos, España.

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