Veneno en el campo

Cazadores y ganaderos siguen utilizando de manera ilegal cebos envenenados para combatir a los depredadores.

07 enero 2005
España.

SON mortales, indiscriminados e ilegales. La utilización de cebos envenenados, sigue siendo, según las organizaciones ecologistas, una práctica habitual asociada, sobre todo, a una gestión fraudulenta de los cotos de caza para controlar a los depredadores naturales de especies cinegéticas como la perdiz roja o el conejo. También los ganaderos siguen utilizando carroña envenenada para acabar con lobos o perros asilvestrados.

Pero las víctimas indeseadas son algunas de las especies de la península ibérica más amenazadas, especialmente aves rapaces como el águila imperial ibérica, y rapaces carroñeras como el quebrantahuesos, el milano real o el alimoche.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, entre 1996 y 2001 se localizaron en España 6.482 cadáveres de animales envenenados (muchos de ellos ejemplares de especies amenazadas o en peligro de extinción) y si esta tendencia continúa, las especies protegidas en las que las administraciones públicas invierten muchos recursos para su recuperación, podrían desaparecer en amplias zonas de sus ya de por sí reducidas áreas de dispersión.

Los datos que se conocen son fragmentarios, pero preocupantes. Según la organización ecologista asturiana Fondo Para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), en los últimos diez años han muerto envenenados en toda España cuatro osos, ochenta águilas imperiales, veinte quebrantahuesos, dieciséis cigüeñas negras, 495 buitres negros, 842 buitres leonados, 216 alimoches, 656 milanos reales, 381 milanos negros, 105 águilas reales, 25 águilas perdiceras, 81 águilas ratoneras y 29 búhos reales. Y creen que esto es sólo la punta del iceberg, porque muchos casos no llegan a ser conocidos.

Adena/WWW señala que entre 1995 y el 200, el 48% de las águilas imperiales encontradas muertas habían sido envenenadas.

Según SEO/BirdLife, «es indiscutible la asociación existente entre los casos comprobados de envenenamiento de rapaces y los cotos de caza menor, particularmente los de aprovechamiento intensivo de perdiz roja. Un 72% de los casos de envenenamiento han tenido lugar en cotos de caza menor».

El veneno fue utilizado legalmente hasta los años 80 por cotos de caza y ganaderos, lo que llevó al borde de la extinción a especies carroñeras como el quebrantahuesos, y mermó considerablemente las poblaciones de buitres y milanos. En 1983 se prohibió el uso de venenos en los cotos de caza, y en 1989 esa prohibición se amplió y consagró en la Ley de Conservación de Espacios Naturales y Fauna y Flora Silvestre. En 1995 esa práctica fue tipificada como delito en el artículo 336 del Código Penal.

Y ocho organizaciones ecologistas pusieron en marcha en 1998 el Programa Antídoto para hacer frente a este problema. Todas estas medidas dieron buenos resultados, pero hora han vuelto a saltar las alarmas.

Presión cinegética

Carlos Cano, portavoz de Adena/WWF, señala que el incremento del uso del veneno que se viene detectando durante los últimos años está provocado, básicamente, por dos factores: «Por un lado, la caza se ha convertido en un negocio muy bollante y que mueve mucho dinero. El fuerte incremento de la demanda cinegética hace que algunos cotos quieran maximizar su aprovechamiento y recurran al veneno para combatir a los depredadores. Y por otro lado, ahora es muy fácil adquirir insecticidas agrícolas muy tóxicos y que se venden con muy poco control».

En el caso del lobo, explica, «en las explotaciones ganaderas que están acostumbradas a su presencia hay menos conflictos, porque ya están preparadas, con perros mastines y cercados. Sin embargo, en aquellas zonas donde había desaparecido y se tiene el ganado suelto y sin protección, cuando el lobo ha vuelto se recurre al veneno para cuidar el ganado».

«Se ha frenado un poquito esa sensación de impunidad que había con relación al veneno», añade, y ya empiezan a producirse algunas sentencias penales condenatorias, pero es muy difícil imputar un delito cuando no se ha podido sorprender a nadie poniendo el veneno en el campo.

«Hay que mejorar la normativa sancionadora, sobre todo por vía administrativa. En determinadas circunstancias, se debe hacer recaer la responsabilidad en los titulares de los cotos cuando se produzca una presencia masiva de cebos envenenados, o por dejación de sus funciones de vigilancia», algo en lo que Castilla y León, añade, ha dado pasos en la dirección correcta.

Otras medidas

«Quien cometa una infracción grave de este tipo debe saber que se le puede sancionar de forma contundente, pero sólo con sanciones no se va a conseguir frenar el problema». «Es necesaria una mayor vigilancia y mayor presencia de la autoridad ambiental, sobre todo en las zonas más importantes para las especies amenazadas. Y es fundamental -añade- llegar a un acuerdo con el mundo de la caza para implantar un modelo de gestión cinegética donde estas prácticas estén erradicadas. Por ejemplo, con profesionales dedicados al control de depredadores mediante métodos selectivos y autorizados por la administración, una figura que todavía no se ha puesto en marcha porque tendrían que pagarla los dueños de los cotos. Y también hay que habilitar ayudas para mejorar los hábitats y los ecosistemas agrícolas para recuperar las especies cinegéticas».


Más información

SEO/BirdLife: www.seo.org 

WWF/Adena:www.wwf.es  

Teléfono gratuito 'Programa Antídoto': 900 71 31 82

Necesitamos tu apoyo

AnimaNaturalis existe porque miles de millones de animales sufren en manos humanas. Porque esos animales necesitan soluciones. Porque merecen que alguien alce la voz por ellos. Porque los animales necesitan cambios. Porque en AnimaNaturalis queremos construir un mundo más justo para todos.

Las donaciones puntuales y periódicas de nuestros socios y socias son la principal fuente de nuestros fondos.

" data-media="https://www.animanaturalis.org/img/posts/med/" style="display: none;">