El martes por la mañana, el Boletín Oficial del Estado publicó un convenio de cuatro páginas firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y diez comunidades autónomas. Tasas, plazos, plataformas digitales. En ninguna de esas páginas aparece la palabra sufrimiento. Tampoco aparece la palabra muerte. Y sin embargo, de eso trata el documento: de construir una arquitectura institucional más eficiente para matar animales en casi toda la España peninsular.
Lo que el convenio hace y lo que no dice
La nueva licencia interautonómica de caza permite practicar la actividad en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia mediante un único trámite y un pago fijo de 70 euros. La de pesca en aguas continentales, 25 euros. Ambas con validez de un año. El sistema sustituye al marco de 2017 e incorpora dos grandes novedades: Andalucía y Castilla-La Mancha, dos regiones con enorme actividad cinegética que hasta ahora quedaban fuera del acuerdo.
La plataforma digital Licicaz-web, gestionada por el Ministerio, centraliza la información: expide licencias, comprueba requisitos y —este es el detalle más revelador del diseño— transmite de forma automática las inhabilitaciones entre comunidades. Si un individuo comete una infracción en Murcia, queda vetado también en Galicia. El sistema no solo facilita la movilidad de quienes cazan: garantiza que la impunidad no viaje entre fronteras autonómicas.
El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó esa misma semana un decreto-ley de urgencia para adaptar su legislación al convenio. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, celebró la medida en un foro cinegético celebrado en Barbate como "una oportunidad" para fortalecer el papel económico del sector en las zonas rurales. El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, habló de "dar pasos firmes" en un compromiso adquirido por el presidente García-Page a través del denominado Pacto por la Caza.
"Que diez gobiernos autonómicos coordinen sus recursos tecnológicos y jurídicos para facilitar la muerte de animales, y lo llamen eficiencia administrativa, dice mucho sobre en qué punto estamos como sociedad en materia de reconocimiento de los derechos de los seres no humanos", expresa Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.
La escala del problema
Detrás del lenguaje administrativo hay una magnitud que conviene nombrar con precisión. En Andalucía hay más de 162.000 personas con licencia de caza en vigor, según datos de la propia Junta. Solo durante la temporada 2024-2025, y solo en esa comunidad, fueron matados más de 76.000 jabalíes —de los cuales más de 7.300 en la provincia de Cádiz— mediante lo que las autoridades denominan "medidas de emergencia cinegética". No son cifras de un sector marginal: el decreto-ley andaluz estima que la actividad cinegética genera alrededor de 45.000 empleos y un movimiento económico directo de unos 71 millones de euros en la región.
En Castilla y León, entre 2015 y 2025 se expidieron 119.744 licencias interautonómicas de caza y 138.561 de pesca, con un máximo anual de más de 15.000 licencias cinegéticas. La Comunidad de Madrid concedió en la última temporada más de 1.400 autorizaciones excepcionales para el control de animales —conejos, jabalíes, palomas, corzos, ciervos, urracas— que resultaron en, según el consejero Carlos Novillo, más de medio millón de conejos y 250.000 palomas matados solo en 2025. El sector cinegético abarca el 72% de la superficie madrileña disponible para caza.
El caso de Extremadura ilustra con especial nitidez hacia dónde apunta la nueva licencia interautonómica. Según datos aportados por la Junta de Extremadura, el sector cinegético mueve en torno a 400 millones de euros en una región donde la caza está permitida en el 82% del territorio —unas 3,5 millones de hectáreas— y donde hay casi 50.000 licencias en vigor y más de 3.200 cotos. En la última convocatoria de oferta pública de caza, el 42% de las 8.000 solicitudes recibidas procedían de residentes de otras regiones, según declaraciones del consejero Francisco Ramírez. Un estudio de la Fundación Artemisan y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sitúa a Extremadura entre los tres destinos cinegéticos habituales de cazadores procedentes de Asturias, País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La nueva licencia está diseñada, precisamente, para que ese flujo sea más fácil, más rápido y más barato.
Según datos aportados por fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, la actividad cinegética generaría más de 21.000 empleos directos e indirectos y representaría el 2,1% del PIB regional. La licencia de caza es además gratuita para los residentes que cazan dentro de esa comunidad.
A esta escala económica se suma un problema que las instituciones no incluyen en sus balances: el daño sobre los animales utilizados como instrumentos en la caza. Los perros empleados en monterías y batidas trabajan en condiciones de alta exigencia física, son expuestos a lesiones graves y, cuando dejan de rendir, muchos son abandonados o eliminados. Organizaciones especializadas en bienestar infantil, como la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPa) y el Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), advierten además de que la exposición temprana de menores a la violencia contra animales provoca daños psicológicos y conductuales documentados. Estas organizaciones han alertado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de que la normativa española es "muy tolerante" en este ámbito. El marco legal permite que adolescentes desde los 14 años obtengan autorización para usar armas de fuego en actividades cinegéticas acompañados por un adulto.
"El problema no es solo cuántos animales mueren: es que el sistema está construido para que esa muerte sea invisible, eficiente y culturalmente transmitida de generación en generación. Eso es lo que hace especialmente difícil revertirlo", añade Gascón.
Greenwashing que ampara la expansión del sistema
El convenio del BOE se presenta bajo los principios de "eficacia, racionalización de procedimientos y eficiencia en el uso de los recursos públicos". El decreto-ley andaluz añade que la caza permite "compatibilizar el aprovechamiento de los recursos con la conservación de la fauna silvestre". La Real Federación Española de Caza (RFEC) sostiene que la actividad controla la sobrepoblación, frena enfermedades y reduce accidentes de tráfico.
La contradicción es estructural. Los mismos gobiernos que declaran "emergencias cinegéticas" para matar más jabalíes en menos tiempo son quienes financian el relevo generacional en la caza —Andalucía mantiene el programa Caza Joven, con permisos gratuitos para jóvenes de entre 18 y 25 años— y quienes acaban de ampliar de 3 a 6 el número máximo de perros por cazador en determinadas modalidades. La Junta de Extremadura lidera además, según fuentes de la propia institución, un frente de nueve comunidades autónomas que rechazan cualquier restricción a la caza de la codorniz, presionando directamente al Ministerio.
Existen alternativas documentadas a este modelo. Países del entorno europeo gestionan los desequilibrios en poblaciones de fauna silvestre mediante métodos no letales —control de reproducción, modificación de hábitats, corredores ecológicos— con resultados comparables en términos de protección de cultivos y reducción de accidentes. En España, el Ministerio de Juventud e Infancia contempla vetar la participación de menores en actividades donde se ejerza violencia contra animales, una reforma que reconoce implícitamente que la caza no es una actividad neutral. Que esa reforma lleve meses bloqueada en fase de negociación es, en sí mismo, un dato sobre la correlación de fuerzas.
Lo que tú puedes hacer
La expansión de esta licencia no es un hecho natural ni irreversible. Es una decisión política adoptada por gobiernos autonómicos y un Ministerio, y puede limitarse si la presión ciudadana y el debate público ganan terreno. Hay pasos concretos.
El primero es cuestionar el lenguaje. No se trata de "gestión cinegética" ni de "aprovechamiento de recursos": se trata de animales con capacidad de sufrir —jabalíes, conejos, corzos, palomas, perros de caza— a quienes se mata o instrumentaliza de forma organizada, financiada con dinero público y ahora dotada de mayor cobertura territorial. Nombrar eso con precisión es ya un acto político.
El segundo es informarse sobre lo que ocurre realmente. AnimaNaturalis ha documentado las condiciones en las que se desarrollan las monterías en España: lo que les sucede a los animales utilizados, lo que las cámaras registran y lo que el relato institucional omite. Accede a nuestra investigación en animanaturalis.org y comprueba con los datos lo que el BOE no describe.
El tercero es sumar tu voz a quienes ya exigen un cambio. La campaña PerrosDeCaza.org exige protección real para los animales utilizados en la caza: que dejen de ser tratados como aperos y sean reconocidos como los seres sintientes que son. Fírmala y compártela. "Cada persona que decide informarse, que exige coherencia a sus representantes y que apoya el trabajo de defensa animal está contribuyendo a cambiar las condiciones en las que estos animales viven y mueren. No es poco: es exactamente lo que necesitamos", concluye Gascón.
El martes, el Boletín Oficial del Estado publicó cuatro páginas. Ese mismo día, en diez comunidades autónomas, la maquinaria que convierte animales en piezas operó con exactamente la misma eficiencia de siempre. La diferencia es que ahora tiene más territorio.
