Imagina no poder darte la vuelta. Imagina pasar la mayor parte de tu vida en un espacio tan estrecho que ni tus instintos más básicos encuentran lugar. Eso es lo que experimentan, cada año, alrededor de 300 millones de animales en granjas de toda la Unión Europea: cerdas, gallinas ponedoras, conejos, codornices, patos y ocas criados en sistemas de confinamiento que la propia ciencia califica de incompatibles con su bienestar. El 5 de marzo de 2026, por primera vez en la historia de la Unión, un tribunal europeo examinó si alguien debe responder por perpetuar esa realidad.
La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo, celebró la audiencia oral del recurso contra la Comisión Europea por su falta de acción legislativa para prohibir las jaulas en la ganadería industrial. El caso emana de la Iniciativa Ciudadana Europea End the Cage Age (EtCA), que en 2021 logró más de 1,4 millones de firmas validadas en toda la UE —85.756 solo en España— y el compromiso formal del ejecutivo europeo de presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2023. Ese compromiso nunca se cumplió.
"La sentencia sobre este recurso no solo es fundamental para la protección de los animales de granja y, en particular, para los 300 millones de animales que siguen sufriendo en jaulas en Europa cada año, sino también para la democracia. Es la primera vez que se pide a la Comisión que responda por no haber cumplido un compromiso adquirido en respuesta a una iniciativa ciudadana europea", declaró Annamaria Pisapia, portavoz del Comité Ciudadano de la EtCA, tras concluir la vista.
Cuando el silencio de Bruselas tiene nombre y apellidos
La relevancia jurídica y política de lo ocurrido en Luxemburgo es difícil de exagerar. La Comisión Europea se había comprometido, en su respuesta oficial a la Iniciativa Ciudadana en junio de 2021, a presentar antes de finales de 2023 una propuesta legislativa para eliminar progresivamente el uso de jaulas en todas las especies contempladas en la iniciativa. La propuesta nunca llegó. Y con ella tampoco llegó el alivio para esos 300 millones de individuos que, año tras año, continúan encerrados en entornos desprovistos de enriquecimiento ambiental, incapaces de expresar sus comportamientos naturales más básicos.
El recurso, presentado en marzo de 2024 por el Comité Ciudadano de la EtCA, es el primero en la historia de la UE en el que se exige al ejecutivo europeo que rinda cuentas por su inacción ante una iniciativa ciudadana que se había comprometido a atender. En la audiencia, los abogados del Comité Ciudadano, junto con los representantes de las organizaciones intervinientes presentaron pruebas ante el tribunal en nombre de esos millones de animales. Su argumentación fue clara: la Comisión tiene una obligación jurídicamente vinculante de definir y publicar un calendario concreto para la prohibición de las jaulas en todas las especies de granja.
La sala de cinco jueces —una composición extendida, señal inequívoca de la importancia constitucional que el propio tribunal atribuye al caso— no se limitó a escuchar. "Puso en aprietos" a los representantes de la Comisión, preguntándoles directamente qué había impedido al ejecutivo presentar siquiera un calendario. La pregunta quedó flotando en la sala como una acusación sin respuesta satisfactoria.
"La relevancia del proceso ha quedado patente en el formato de la vista: el caso ha sido remitido a una Sala Extendida de cinco jueces, en lugar de los tres habituales. Una señal clara de que el Tribunal considera que el asunto tiene una importancia constitucional para el funcionamiento de la UE", subrayó Blanca Ponce, mánager de Incidencia Institucional del Observatorio de Bienestar Animal (OBA), organización miembro de la coalición End the Cage Age en España.
"Esta audiencia histórica marca un momento importante para la democracia europea. Si los ciudadanos depositan su confianza en moldear políticas de la UE que afectan directamente a sus vidas, la Comisión Europea debe rendir cuentas de cumplir sus compromisos", añadió Reineke Hameleers, directora ejecutiva de Eurogroup for Animals.
La ciencia, los ciudadanos y la trampa de la indiferencia
Lo que está en juego en este proceso no se limita al destino de millones de animales, aunque eso, por sí solo, debería bastar. Se trata también de saber si la democracia participativa en Europa tiene consecuencias reales o es, en palabras del profesor Alberto Alemanno de HEC Paris y fundador de The Good Lobby, «meramente decorativa».
Los datos son contundentes. Según el Eurobarómetro de la propia Comisión Europea de 2023, un 89% de la ciudadanía de la UE —cerca de 400 millones de personas— considera que los animales no deberían criarse en jaulas individuales. En España, el 85% de la población opina que es importante garantizar que los animales no sean mantenidos en jaulas, el 80% declara que la protección del bienestar de los animales en las granjas es importante para ellos, y el 48% estaría dispuesto a pagar más por productos procedentes de sistemas de cría respetuosos. Son cifras que los poderes públicos europeos llevan años ignorando.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en sus últimos dictámenes científicos, recomendó dejar de utilizar jaulas para gallinas ponedoras, cerdas reproductoras, codornices y patos con el fin de proteger el bienestar de estas especies. La crueldad de las jaulas, insisten las organizaciones activistas, no es una opinión: es un hecho reconocido por la investigación científica y por las propias instituciones europeas.
Mientras tanto, en España, más de 65 millones de animales pasan gran parte de su vida cada año en sistemas de confinamiento que les impiden realizar sus comportamientos naturales. En toda Europa, esa cifra asciende a 300 millones de individuos anuales: cerdas inmovilizadas en jaulas de gestación, gallinas hacinadas en baterías, conejos privados de todo movimiento, animales a los que se niega incluso la posibilidad de expresar quien son.
"La crueldad de las jaulas es un hecho reconocido científicamente. Por eso, deben ser relegadas al único lugar que les corresponde: los libros de historia", afirma Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Nuestra campaña no se detendrá hasta que todas las jaulas estén vacías".
Un fallo judicial no alcanza a quien permanece en silencio
La buena noticia es que la solución existe. Numerosos países europeos han demostrado que es posible transitar hacia sistemas sin jaulas con plazos y apoyos adecuados. La propia Comisión Europea reconoció en 2021 que la prohibición era viable, que el impacto económico podía gestionarse con fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y que la nueva legislación podría entrar en vigor a partir de 2027. No faltaba voluntad ciudadana ni base científica ni viabilidad económica. Faltó, simplemente, la voluntad política de cumplir lo prometido.
Las organizaciones que integran la Coalición Española End the Cage Age —AnimaNaturalis, ANDA, CIWF España, Igualdad Animal, INTERcids y el Observatorio de Bienestar Animal— estuvimos presentes en Luxemburgo junto a activistas de toda Europa. Fuera del Tribunal, convirtieron el exterior del edificio en un espacio de denuncia y esperanza: proyecciones de vídeo, testimonios ciudadanos, discursos que reclamaban acción ambiciosa e inmediata del ejecutivo europeo.
Si el TJUE falla a favor del Comité Ciudadano, la Comisión Europea quedaría obligada a publicar un calendario claro y vinculante para presentar las propuestas legislativas de prohibición de jaulas en todas las especies de granja, y a dar acceso al expediente de la iniciativa. Sería una victoria para los animales. Sería, también, una victoria para todos los ciudadanos y ciudadanas que creyeron que firmar una iniciativa europea podía cambiar algo.
"Esperamos que el Tribunal reconozca que la Comisión tiene la obligación de publicar un nuevo calendario claro y transparente para la presentación de propuestas", señala Gascón. "Por el bien de los animales, que llevan demasiado tiempo esperando respuestas, pero también por la confianza de los ciudadanos en la democracia participativa".
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